Zerolo, “plenamente consciente de la ilegalidad”
El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Luciano Varela considera que el actual senador por la Comunidad autónoma, Miguel Zerolo era “plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder”, en la ejecución de las obras de reforma del antiguo Instituto Hermanos García Cabrera en Ofra para albergar la oficinas municipales.
Así lo indica el magistrado en el auto de suplicatorio remitido al Sendo con el fin de que se retire el aforamiento al ex alcalde. Valera recuerda los funcionarios de Intervención advirtieron en varias ocasiones de las irregularidades en la que se estaba incurriendo. “Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación administrativa municipal en tal área. Más por quien fuera alcalde muchos años e incluso si tuviera la condición de licenciado en Derecho”, como es el caso de Zerolo.
Ahora, el Supremo ha imputado al senador la posible comisión de un delito de prevaricación y por ello considera como hechos “probablemente ocurridos”, que el ex alcalde decidiera solventar los múltiples reparos impuestos por la ejecución, adjudicación y abono de las obras a la empresa Imes. Esta compañía había desempeñado trabajos para el Ayuntamiento en virtud de un contrato que tenía por objeto obras de “mantenimiento”.
No obstante, el magistrado apunta que las actuaciones ejecutadas en el edificio donde actualmente trabajan los funcionarios municipales “sobrepasaban de manera inequívoca tal concepto”. Valera sigue relatando que a la instrucción llevada a cabo a partir del mes de junio del pasado año demuestra que cuando la empresa presentó facturas para cobro de las obras que se iban ejecutando, la Intervención de Fondos municipal formuló sendos reparos.
“Pese a la entidad y elevado coste de las obras, en ningún momento se siguió el procedimiento legalmente exigible para su aprobación, ni se convocó concurso para su adjudicación y contratación. No se elaboró un proyecto por el Servicio competente (de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras). En un momento ulterior a los primeros reparos, se injirió un expediente, respecto del cual el querellado, como alcalde en funciones de concejal de Gobierno del área de Servicios Centrales, ordenó su tramitación ante la Junta de Gobierno, formulándose también reparo por la Intervención ante la falta de requisitos esenciales.
Pese a ello el querellado tras un informe propuesta del director general de coordinación, Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados, Joaquín Castro Brunetto, contradiciendo el reparo de la Intervención, resolvió la discrepancia por Decreto y acabó suscribiendo contrato administrativo con la citada empresa“, se indica en el auto.
El magistrado apunta que en varias ocasiones, Zerolo repitió este comportamiento de acudir a un informe contradictorio del emitido por la Intervención, para alzar los reparos que aquella formulaba en cuanto a los abonos de facturas a la empresa indicada y a las pretensiones de modificación contractual.
Este precisamente, es el grueso de la defensa del ahora senador al indicar que los técnicos avalaban que no hiciera caso a las advertencias de Intervención. Sin embargo, el argumento no parece convencer al magistrado del Supremo, quien indica: “Los informes producidos para generar una artificial discrepancia se producían por quien ostentaba un cargo de confianza en cuanto director general que aceptó su confección y suscripción a pesar de la ilegalidad de la actuación que los Reparos de la Intervención debían suspender”. Por todo ello, se solicita permiso al Senado para seguir investigando a Zerolo por un presunto delito de prevaricación “por cuanto dictó diversas resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento del que era alcalde”.
