El Estado achaca a la “complejidad técnica” los retrasos en la depuradora investigada por vertidos en Santa Cruz

Toni Ferrera

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) atribuye a la “elevada complejidad técnica” los retrasos en la reforma de la depuradora de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife, cuyo “mal estado” ha provocado la emisión de vertidos contaminantes al litoral. La Fiscalía de Medio Ambiente confirmó recientemente que está investigando los hechos, pero ni el MITECO, impulsor de las obras, ni el Ayuntamiento, titular de la instalación, aseguran haber recibido notificación al respecto. 

Canarias Ahora adelantó a principios de este mes la apertura de diligencias del Ministerio Fiscal a raíz de la denuncia presentada por una asociación de profesionales del medio ambiente en el Archipiélago. La investigación no solo se centra en la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Buenos Aires, la más importante de la capital tinerfeña, sino también en la EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) de Cabo Llanos, situada en la misma zona. Ambas forman parte del mismo sistema hidráulico. 

La reforma de la EDAR de Buenos Aires se adjudicó en 2018 con el objetivo de ampliar su capacidad hasta los 55.000 metros cúbicos diarios (frente a los 30.000 actuales, un volumen que, según la documentación oficial, ya está al límite). El contrato establecía que los trabajos debían concluir en 2022. Sin embargo, cuatro años después, las obras siguen sin terminar y la última previsión sitúa su finalización en 2028.

El MITECO defiende que la ejecución de las obras “presenta una elevada complejidad técnica derivada”, explica, “de la necesidad de compatibilizar los trabajos con el funcionamiento de las instalaciones”. Es decir, de mantener los equipos operativos mientras se llevan a cabo las reformas. A ello, agrega, “se han añadido diversas circunstancias técnicas sobrevenidas que han requerido adaptar determinadas soluciones del proyecto y realizar las correspondientes tramitaciones administrativas, lo que ha condicionado el desarrollo y los plazos de ejecución”. 

Ante la pregunta de si el Ministerio es consciente de que los vertidos continuarán hasta que concluya la ampliación de la depuradora, el departamento reconoce “la necesidad de mejorar las instalaciones de depuración y, precisamente por ello”, dice, “está impulsando la ejecución de esta actuación de interés general, cuyo objetivo es adecuar y mejorar el tratamiento de las aguas residuales”. 

“Se continúa trabajando para superar las dificultades técnicas y administrativas surgidas y avanzar en la finalización de las obras a la mauyor brevedad posible”, remachan desde el MITECO. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, trata de desvincularse de la gestión de la depuradora. Este año anunció que interpondría un recurso para que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), dependiente del Cabildo, asumiera la dirección del complejo, ya que este recibe aguas residuales de tres municipios distintos: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y El Rosario. El Consistorio considera que se trata de una instalación “supramunicipal” y que “no es justo que tenga que asumir en solitario la responsabilidad de su funcionamiento y mantenimiento”.

No obstante, también ha cargado contra el MITECO por los retrasos en la reforma. Su concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, adelantó que el Consistorio llevará a los tribunales al Gobierno de España por la tardanza de las obras, según publicó el periódico ‘El Día’, y asegura que reclamará asumirlas para poder terminarlas. Por un lado, no quiere hacerse cargo. Pero, por otro, exige su control. 

Fuentes del Ministerio se han limitado a responder que mantienen su “voluntad de colaboración y coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo común de avanzar en la ejecución de las actuaciones pendientes y conseguir la finalización de las obras a la mayor brevedad posible”.