Canarias aprueba dos OPE de 3.496 plazas públicas para reducir la temporalidad

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este vienes dos decretos que regularán dos ofertas de empleo público extraordinarias, con 3.496 plazas en total, para la estabilización del empleo temporal en el ámbito de la administración general de la Comunidad Autónoma.

El primero de los decretos incluye la OPE extraordinaria para la estabilización del empleo temporal de las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, y que supone un total de 255 plazas, de las que 99 corresponden a cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario y 156 a grupos y categorías profesionales de personal laboral.

El segundo decreto está dirigido al empleo temporal de larga duración, es decir, a las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente antes del 1 de enero de 2016, y está integrada por un total de 3.241 plazas, de las que 93 corresponden a cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario y 3.148 a grupos y categorías profesionales de personal laboral.

El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que en conjunto la oferta de estabilización de todos los sectores de la administración afectará a 22.368 plazas, en un proceso singular, distinto y excepcional al que se pretende dotar de la máxima seguridad jurídica ante posibles conflictos por disparidad de criterios.

Julio Pérez ha señalado que la mayor parte de este procedimiento ha sido consensuada con los sindicatos y ha confiado en que a su término estas más de 22.000 personas tengan una situación “final, estable y segura”.

Entre otros motivos porque a la Administración pública “nos conviene que sigan trabajando con nosotros, pero dentro de la ley”, ha argumentado el también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Esta oferta significa “un enorme esfuerzo para regularizar, para hacer justicia y normalizar la situación de una parte de nuestro personal en un proceso complejo jurídicamente” porque habrá puntos en los que hay distintas interpretaciones posibles, ha admitido.

Se intenta obtener el mayor consenso con sindicatos y otras administraciones respecto a los criterios, ha señalado el consejero, que ha recordado que la cifra de plazas definitiva deberá cerrarse antes del 1 de junio y las bases de la oferta antes del 31 de diciembre, mientras que las pruebas tienen de plazo hasta fin de 2023.

Ha detallado que 12.146 plazas corresponden a Sanidad, 5.722 a Educación, 3.500 a la administración general, unas 500 a empresas públicas, fundaciones e institutos y unas 400 a Justicia.

Estas plazas suponen aproximadamente un tercio del personal de la Comunidad Autónoma, en la que actualmente trabajan unos 72.000 empleados.

“El Gobierno cree que hoy está dando un paso importante en la mejora de los servicios públicos canarios y en la situación de una gran parte de los empleados públicos” y si al final del proceso hay personas en situación de “anormalidad”, la ley permite establecer algún tipo de mecanismo para mantener su vinculación “porque nuestro propósito es que no haya nadie perjudicado y que vea que su situaicón empeora”, ha declarado el portavoz.

También ha indicado que lo que no es factible es que haya un concurso “restringido” o una conversión “automática” de plazas, como proponían algunos sindicatos, como tampoco se puede hacer un concurso de méritos a la medida ni impedir que haya “trasvase” de candidatos entre las distintas administraciones.

Respecto a la crítica de 24 interinos de Justicia que arguyen que han queda fuera de la oferta de empleo, Julio Pérez ha indicado que estas plazas estarán en el proceso correspondiente que convoque el Ministerio de Justicia.