El Servicio Canario de la Salud ha establecido un protocolo en las consultas pediátricas por el que pone en conocimiento a los responsables de menores migrantes llegados a las islas que en España la mutilación genital femenina es un delito y, si viajan a países donde es común esta práctica, serán sometidas a una exploración “a fondo” a su regreso.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha indicado este martes en el Parlamento regional que en las consultas pediátricas se incluye en el historial de pacientes menores de 15 años en riesgo de sufrir esta práctica el correspondiente documento preventivo para advertir a los responsables de la menor en caso de que se cometa “esta felonía” cuando viajan fuera de España.
En este protocolo están involucrados profesionales de pediatría, medicina de familia, ginecología, enfermería y matronas con el compromiso de incorporar a los responsables de la menor, sean sus progenitores o no, de que no se puede llevar a cabo dicha práctica.
También existe otro protocolo para mujeres gestantes en el que los profesionales sanitarios vigilan claramente si existe una mutilación genital, pues tiene afección en el proceso del parto, y en el caso de migrantes no embarazadas se tiene en cuenta si se ha efectuado “esta vil práctica” por sus consecuencias patológicas, ha continuado el consejero de Sanidad.
Trujillo se ha explicado sobre este asunto a raíz de una pregunta de la diputada socialista María del Pino González, quien ha dicho que en Canarias unas 4.500 mujeres podrían haber sufrido o estar en riesgo de sufrir esta práctica y de ellas hay 761 menores de 14 años que proceden de países donde se realiza la mutilación genital, por lo que ha pedido actuar con urgencia para proteger a estas menores.