Las claves de la Ley Canaria de Autoridad del Profesorado: las familias se revuelven y los sindicatos piden mejoras

El Parlamento de Canarias tramita desde el año pasado una Ley de Autoridad del Profesorado, una norma que ya existe en otras comunidades autónomas y que, según el preámbulo del primer borrador que entró en el Parlamento, nace tras observarse en los últimos años una falta de reconocimiento social hacia la figura de los docentes, una cuestión que llevaba siendo demandada históricamente por los sindicatos. El texto incide en que es necesario “dotar al profesorado de un marco normativo que refuerce su autoridad, le proporcione seguridad jurídica y garantice el respeto que merece a su función”. No obstante, se trata de norma que no contenta a asociaciones de madres y padres y para la que los sindicatos, aunque en general la respaldan, han preparado enmiendas para mejorar el texto.

Además de conceder la figura de “autoridad” al docente, una de las medidas más llamativas del texto es la “presunción de veracidad”. “En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por docentes y miembros del equipo directivo de los centros educativos tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas”, reza el artículo siete de la proposición de ley. 

Asimismo, en el texto se recogen otras medidas, como proporcionar asistencia jurídica gratuita al profesorado, medidas para aquellas familias o alumnado que ocasionen daños en los centros, desarrollar protocolos para apoyar al profesorado o la carrera docente, entre otros. 

El Consejo Escolar ya ha elaborado un informe con conclusiones sobre este proyecto señalando que para que esta ley sea realmente efectiva “debe concretarse en un plan de acciones para que constituyan una herramienta útil y eficaz que mejore el clima de convivencia y el bienestar integral del profesorado”. Asimismo, reitera la necesidad de garantizar una adecuada financiación del sistema educativo, ya que hoy día se sigue sin llegar el 5% del PIB para esta área. 

El Consejo cree que la ley aún carece de de propuestas en materia de recursos en los centros educativos y que el prestigio del profesorado se protege “asegurando unas condiciones laborales dignas que incluyan una disminución de las ratios, infraestructuras seguras, accesibles y en buen estado, una formación de calidad y una estabilidad laboral, entre otras acciones orientadas a asegurar sus derechos como trabajadores y trabajadoras”. 

Aumentan las agresiones a docentes, según sindicatos

Los sindicatos han preparado enmiendas a esta ley que sigue tramitándose en el Parlamento de Canarias. ANPE, que ha venido alertando en diferentes encuestas de casos de conflictividad en las aulas y de ansiedad en el profesorado, sostiene que el servicio del Defensor del Profesor constata un aumento sostenido de las situaciones de conflictividad sufridas por el personal docente. En cuatro cursos, los casos atendidos han aumentado en torno a un 60%. El sindicato destaca que las agresiones físicas no son los casos más frecuentes, “pero existen y son graves”. “En el curso 2024-2025 registramos 23 agresiones, 19 protagonizadas por alumnado y 4 por familiares, según sus registros”. 

ANPE sostiene que “autoridad no es lo mismo que autoritarismo. No implica imposición arbitraria sobre el resto de miembros de la comunidad educativa ni supone limitación alguna de derechos. La autoridad pedagógica es la legitimidad profesional para dirigir la actividad en el aula”. Y es que “las familias delegan en el profesorado durante seis o siete horas diarias una responsabilidad enorme” y “educar es poner límites”. 

No obstante, sí que sugiere que se incluyan medidas como simplificar y agilizar los protocolos, evitar que un docente agredido tenga que continuar dando clase a su agresor, mejorar las condiciones laborales y retributivas de los docentes o “fomentar la cultura del esfuerzo y evitar dinámicas que puedan trasladar al profesorado presiones implícitas para mantener altos porcentajes de aprobado”, entre otras propuestas. 

El otro sindicato mayoritario en las Islas, STEC-IC, incide en que se deberá disponer de financiación suficiente para llevar a cabo esta ley, e insiste en que se destine a Educación el 5% del PIB según establece la Ley Canaria. Esa financiación es necesaria, por ejemplo, para psicólogos, asistencia jurídica, refuerzos educativos… 

STEC-IC propone que se informe a la Inspección médica de esta nueva normativa para que “actúe en consecuencia y tenga presente que las bajas médicas provocadas por ansiedad, estrés, angustias y miedos están vinculadas estrechamente a la actividad docente”.

Este sindicato también reclama a la Consejería de Educación que haga autocrítica ante el “menoscabo sufrido en el pasado”. STEC-IC agrega en sus enmiendas que “también quedan comprendidos en la presente ley todos aquellos actos contrarios a la integridad física o moral del docente que se desarrollen en la esfera digital (redes, plataformas, Whatsapps...) y que tengan por objeto dañar su imagen, actuando con mala fe, aunque no se pueda demostrar un nexo de unión con el ejercicio de su profesión, pero sí que este no resulte neutro ante tales manifestaciones”. 

Por otro lado, UGT señaló recientemente en el Parlamento de Canarias que la Ley “solo tendrá sentido” si se traduce en defensa jurídica automática, recursos económicos suficientes y respaldo institucional efectivo. “La autoridad del profesorado no puede quedarse en un titular ni en una declaración simbólica; debe convertirse en protección real en los centros educativos”, destacó la organización sindical. UGT recalcó entonces que la autoridad docente ya está reconocida en la normativa vigente, pero ha insistido en que el verdadero reto es garantizar su aplicación efectiva. 

UGT reclamó además la actualización del protocolo de 2009 para ampliar su alcance a amenazas graves y agresiones verbales o digitales, así como la creación de unidades públicas de apoyo psicológico con implantación efectiva en todas las islas. También insistió en que es necesario un mayor reconocimiento profesional y retributivo acorde a la responsabilidad que se asume, especialmente en funciones directivas, tutorías y desarrollo profesional.

El sindicato Insucan recoge en su página web que las bajas laborales por trastornos psicológicos han aumentado, por lo que es necesaria la aplicación efectiva de esta Ley y agrega también la necesidad de creación de una Unidad de Atención al Docente (UAD) con apoyo psicológico especializado y preventivo y en la línea de otros sindicatos de reconocer el estrés y la ansiedad docente como enfermedad profesional.

Y desde CSIF se ha recalcado que la autoridad del profesorado “no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo de la Administración y mecanismos efectivos de protección ante conflictos, faltas de respeto y/o agresiones en el ámbito educativo”. 

CCOO rechaza el nombre de la Ley

Por su parte, la portavoz del área de enseñanza de CCOO, Flor Acosta, señaló recientemente en el Parlamento que desde el principio el sindicato mostró reticencias respecto al propio nombre de la ley. “No nos gusta la denominación Ley de Autoridad del Profesorado, porque puede prestarse a confusión entre autoridad y autoritarismo. A nuestro sindicato le parecía más adecuado hablar de una ley de reconocimiento social de la función docente”. 

CCOO sostiene que el núcleo de la ley “no puede quedarse en una declaración de principios. Debe ir acompañado de medios, garantías y evaluación” y agrega que el profesorado de colegios concertados también debería estar protegido. “También queremos recordar que la autoridad no puede estar reñida con la democracia. En los últimos años hemos observado una tendencia a reducir el papel de los claustros en la toma de decisiones en los centros educativos, concentrando cada vez más competencias en los equipos directivos. Sin menospreciar el trabajo de los equipos directivos, creemos que los centros educativos deben seguir siendo espacios de participación democrática del profesorado”, incide. 

Las familias piden que se respete el interés superior del menor

Las Federaciones de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura (Fapa Galdós y Fimapa), y la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva pidieron a los grupos políticos del Parlamento regional a principios de marzo que inviten a comparecer en el debate sobre la futura Ley de Autoridad Docente al titular del Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Tomás Martín Rodríguez, con el objetivo de incorporar al debate la perspectiva de protección de la infancia y la adolescencia.

“Criminalizar a niños, niñas, adolescentes y a sus familias distorsiona la realidad de la convivencia escolar”, sostuvieron las Ampas tras escuchar a los representantes sindicales en el Parlamento. Las familias consideran que el concepto de autoridad docente enfocado a la gestión de la convivencia debe incluir garantías para toda la comunidad educativa y solicitan que el debate parlamentario se enriquezca incorporando también la experiencia de educadores sociales, trabajadores sociales y otros profesionales de la intervención socioeducativa, que trabajan directamente en la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de La Palma también criticó recientemente la norma. En especial, la presunción de veracidad. “Si la palabra del docente es la única que vale, ¿qué función tiene la comisión de convivencia?”, se cuestionó su presidente, Vicente Brito Rodríguez. 

“Si el que acosa es el docente, el que se va es el alumno”, alertó el representante de las familias, para quien “un alumno tiene derecho a discrepar y un profesor tiene derecho a equivocarse”. Esta asociación ha pedido además al Parlamento “empatía” y equilibrio con el resto de los actores de la comunidad educativa. 

Por su parte, las Federaciones de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura (Fapa Galdós y Fimapa) comparecerán próximamente en el Parlamento de Canarias para dar más detalles sobre su postura ante esta ley.