La universidad privada Fernando Pessoa ya no tiene que pagar al Servicio Canario de Salud (SCS) para que su alumnado de Enfermería y Medicina pueda realizar prácticas en centros de salud y hospitales públicos del Archipiélago. La Consejería de Sanidad ha aceptado eliminar esa obligación del convenio firmado hace tres años por ambas instituciones y que tenía como fin que la empresa “compensara” al organismo autónomo por el uso de recursos y servicios públicos para la docencia.
El convenio se rubricó el 27 de septiembre de 2020, siendo director del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez y con el PSOE al frente de un gobierno progresista. El acuerdo estipulaba que la universidad privada pagaría diez euros por día y alumno/a de Enfermería y quince euros por día por el estudiantado de Medicina.
Según un escrito firmado por la jefa de servicio de Tesorería y Recaudación del SCS, en los primeros veinte meses de vigencia del convenio la Fernando Pessoa pagó por este concepto 128.254,72 euros al organismo público. En junio de 2022, por ejemplo, el SCS ingresó casi 13.000 euros por las prácticas realizadas en mayo por 96 estudiantes de Enfermería de esta universidad. Por Medicina no llegó a abonar ninguna cantidad, puesto que el grado se ha implementado este curso en el centro privado con sede en el municipio de Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria.
Las reglas del convenio han cambiado con el nuevo Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). El actual director del SCS, Carlos Gustavo Díaz, firmó una resolución el pasado 15 de septiembre (publicada en el Boletín Oficial de Canarias el día 27) que incluía la adenda que libra a la universidad privada de esa obligación de pago.
La propuesta, según revela esa resolución, parte de la Fernando Pessoa y es aceptada por la Consejería de Sanidad. A cambio de quedar exenta de ese pago compensatorio, la universidad privada financia para el personal del SCS algunas plazas de entre los grados y másteres que imparte, aunque solo precisa el número para el vigente curso. Son 19. Tres de ellas para Fisioterapia, cuyo plazo de matriculación finalizó el 30 de septiembre (tres días después de que se publicara en el BOC la adenda); ocho para el grado de Terapia Ocupacional y ocho para el máster en Gestión Sanitaria. Para estos dos últimos, la universidad mantiene abierto un plazo extraordinario de matriculación, al no haber cubierto en el ordinario las plazas ofertadas (50 en cada caso).
De los 240 créditos del grado de Enfermería en la Pessoa, más de 100 son prácticos. El precio del crédito es de 134 euros y la matrícula supone 900 euros. Con la adenda aprobada, la empresa se ahorra el coste de las prácticas en centros públicos. Esta universidad inició su andadura de la mano de la principal clínica privada de la isla de Gran Canaria, San Roque. De hecho, el director del centro educativo ocupó durante tres décadas la jefatura de Recursos Humanos en esa empresa sanitaria. Además de con San Roque, y según la información publicada en su web, la Pessoa tiene convenio con más de 40 entidades.
Sentencia del Constitucional
El convenio entre el SCS y la Fernando Pessoa se firmó un año y medio después de que el Constitucional avalara que el alumnado de las universidades privadas pudiera hacer prácticas en hospitales públicos. En una sentencia fechada en febrero de 2019, el alto tribunal tumbó parte de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, la que prohibía el acceso del estudiantado de Medicina de la privada a las prácticas en la pública.
El pleno del tribunal de garantías consideró que esa norma autonómica vulneraba la estatal y el principio de cooperación que debe regir las relaciones entre los gobiernos y todas las universidades, ya sean públicas o privadas. La Comunidad Valenciana, entonces gobernada por el PSOE y Compromís, había adoptado esa decisión en respuesta a las demandas de las universidades públicas, que se quejaban de que el auge de los campus privados en la región estaba ocasionando problemas de plazas para la formación de su alumnado en el área de Ciencias de la Salud.
Tras esa resolución del Constitucional, la Generalitat Valenciana alcanzó un acuerdo con las universidades privadas para permitir las prácticas en centros de salud y hospitales dependientes de la Conselleria de Sanidad. A cambio, estos centros debían pagar una compensación económica por la utilización de recursos públicos para la docencia. Según afirmaba entonces el gobierno regional, el objetivo era que esas cantidades revirtieran de forma directa “en los departamentos y servicios que acojan al alumnado para mejorar la calidad de las prácticas, adquirir material para investigación y mejorar la formación de los profesionales colaboradores docentes”
El convenio entre el Servicio Canario de Salud y la Fernando Pessoa nació con esa misma condición. La parte privada tenía que pagar a la pública por hacer uso de sus servicios. En aquel momento, la Dirección General de Recursos Económicos del organismo autónomo ya advertía de la necesidad de imponer “un precio público” para este concepto y de que, para ello, había que obtener la conformidad de las gerencias de Atención Primaria de Gran Canaria y de los dos hospitales públicos de la isla (el Doctor Negrín y el Insular Materno Infantil) sobre las condiciones económicas. Es decir, para que se pronunciaran sobre si las cantidades pactadas (diez euros por día y alumno en Enfermería y quince en Medicina) eran “suficientes para la compensación de la utilización de esos centros para la docencia” por parte de la universidad privada.
La Consejería de Sanidad entiende que la adenda aprobada “no afecta a la capacidad docente de los centros del SCS ni a los requisitos legalmente exigibles, que ya fueron tomados en consideración para la celebración del convenio”. En su reciente resolución, destaca que con la modificación propuesta por la Fernando Pessoa se “amplía la oferta formativa a la que pueden optar los profesionales de la salud” en el Archipiélago.
Los trabajadores de la sanidad pública que se matriculen en la Fernando Pessoa en virtud de esta adenda del convenio serán becados siempre que cumplan los criterios de admisión y las normas de la universidad. Además, se les obliga a matricularse en todos los créditos y deberán aprobar el 100% de las asignaturas del último curso realizado para poder optar a la renovación de la beca. “En cualquier caso”, recoge la resolución, “el número de admitidos se determinará anualmente, en función del número de solicitudes realizadas siguiendo un orden cronológico, teniendo preferencia siempre aquellos que hayan cursado el último año académico” y durante el periodo de vigencia del convenio.
Prioridad para la universidad pública
El régimen de conciertos entre las universidades y las entidades sanitarias está regulado en el Real Decreto 1558/1986. Esta norma establece que los hospitales universitarios (como el Negrín y el Insular Materno Infantil de Gran Canaria) “no podrán estar vinculados por concierto o convenio a más de una universidad para la impartición de una misma titulación, salvo situaciones excepcionales, en los que la universidad inicialmente conveniada (la ULPGC, en este caso) deberá estar de acuerdo con la ampliación a otra o a otras universidades de la actividad de ese hospital”.
En la actualidad, se mantiene en vigor el concierto específico de colaboración firmado en abril de 2022 entre la ULPGC y el SCS. En él, según remarcan fuentes oficiales de esta universidad, se establece que es este centro quien tiene la prioridad para las plazas de prácticas docentes en los hospitales Doctor Negrín e Insular Materno Infantil y que puede haber excepciones, pero siempre con la autorización previa de la ULPGC.
Ese concierto entre dos entidades públicas también fija un régimen de compensaciones mutuas y la creación de una comisión mixta para garantizar “la utilización recíproca” de las instalaciones, tanto de la universidad como de los centros vinculados al SCS.