El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y PP, aprobó el pasado año el registro de sanitarios objetores de conciencia al que se opone la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Váyanse a otro lado a abortar”, fueron sus palabras en la Asamblea de Madrid la pasada semana. El Gobierno estatal ha contratado este martes iniciando el trámite para blindar el aborto en la Constitución: “No vamos a tolerar el recorte de derechos”.
La Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoce expresamente “el derecho a la objeción de conciencia de las personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, entendiendo que el rechazo o la negativa a realizar dicha intervención por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, que debe manifestarse con antelación y por escrito”.
En el decreto que regula el registro de Canarias se recoge que “tienen la consideración de profesionales sanitarios directamente implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, con carácter general, las personas profesionales de medicina, enfermería y farmacia, sin perjuicio de la eventual afectación puntual de otra profesión sanitaria” y que su finalidad es recoger la inscripción de las declaraciones, modificaciones y revocaciones de la objeción de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, efectuadas por las personas profesionales sanitarias que realizan sus funciones en esta comunidad autónoma.
También se pretende con ello “facilitar la necesaria información a la Administración Sanitaria de Canarias para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de dicha prestación sanitaria, adecuando los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo”.
En el decreto se incide en que “el Registro de personas profesionales sanitarias de Canarias objetoras de conciencia a realizar la interrupción voluntaria del embarazo no tiene carácter público” y que solo accederán a él titulares de las Direcciones Gerencias y Gerencias de servicios sanitarios y de las Direcciones médicas y de enfermería de los Hospitales del Servicio Canario de la Salud, así como las personas empleadas públicas autorizadas como responsables de la gestión del Registro“.
Este periódico ha preguntado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que dirige Esther Monzón, por el número aproximado de sanitarios que se han declarado objetores de conciencia, pero no ha obtenido respuesta. El sindicato CCOO también lo solicitó pero no consiguió el dato y se les remitió al decreto en el que se incide que el decreto no tiene “caráctr público”.
CCOO sí que advirtió en una rueda de prensa el mes pasado de que médicos que se declaran objetores de conciencia en la sanidad pública, luego practican interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad privada. Lo saben porque tienen representación en esos centros de trabajo pero no pueden facilitar más datos al respecto.
“Entendemos que puede existir un derecho individual de los facultativos de declararse objetores de conciencia, pero lo que no puede ser es que sean falsos objetores morales de conciencia, que no quieran ser los aborteros en la pública, pero que luego estén realizando intervenciones voluntarias del embarazo en las clínicas privadas”, dijo entonces la secretaria de Mujer de CCOO en Canarias, Elvira Isabel Hernández.
El sindicato pide el cumplimiento efectivo de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ya que las mujeres en España siguen encontrando trabas para acceder a las medidas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y hacer efectivo su derecho al aborto en la sanidad pública.
El 71,39% de los abortos se llevan a cabo en la privada
El Ministerio de Sanidad actualizó los datos a principios de octubre y se destacó que en 2024 en Canarias aún se siguen llevando a cabo las interrupciones voluntarias del embarazo en mayor medida en centros privados (71,39%) frente a los públicos (28,61%).
Se da la paradoja de que, según el informe publicado en el Ministerio, la mayoría de estas mujeres son informadas en centros sanitarios públicos (3.947 en 2024), pero después está práctica se realiza en clínicas privadas.
En cuanto a los hospitales que aparecen que han realizado interrupciones del embarazo son: clínica Gara, clínica del Carmen, Hospital Molina Orosa, Hospital General de Fuerteventura, Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias; en el caso de la provincia de Las Palmas. Y en la de Santa Cruz de Tenerife: Clínica Tacoronte, Hospital Universitario de Canarias, Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria y la clínica Tara.
No aparecen centros en la isla de El Hierro, La Gomera y La Palma, pero esta vez sí que se incorpora en el informe el Molina Orosa, en Lanzarote.