La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha explicado que la Conferencia Sectorial, tras una reunión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los responsables educativos de las comunidades autónomas, ha descartado otorgar el aprobado general al alumnado y ha decidido que, “a través de la evaluación continua, se establezcan las máximas garantías para que la repetición sea una medida extraordinaria”.
Tras la reunión, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Maria José Guerra, ha puntualizado en un comunicado que “la norma va a ser la promoción”, de tal forma que si el equipo directivo decide la repetición de algún alumno “va a tener que estar muy bien justificado para que efectivamente sea la excepción”, todo ello atendiendo a las condiciones actuales “de adversidad donde las desigualdades de todo tipo se hacen tan patente”.
Además, la Conferencia Sectorial también ha acordado que el curso no se extienda más allá del mes de junio, aunque los Ejecutivos autonómicos podrán organizar o apoyar la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival, “en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas”.
Fuentes de Educación han detallado que las actividades estivales programadas por las diferentes consejerías de Educación “pueden estar promovidas por otras administraciones u organizaciones, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes”, según informa Efe.
En cuanto a la vuelta presencial a las aulas en lo que queda de curso, Guerra ha afirmado que dependerá del Ministerio de Sanidad, atendiendo a la evolución de la pandemia de la COVID-19, si bien continuará de forma telemática su tercer trimestre, que tendrá otros modos de conexión entre el profesorado y el alumnado. Todo ello después de haber dado en este curso escolar “dos trimestres y dos evaluaciones de enseñanza presencial”.
Por ello, ha insistido en la importancia de las tutorías y de recuperar al alumnado, es decir, “de acotar el porcentaje de estudiantes que no ha estado conectado durante estas tres semanas”. En este sentido, se refirió a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo canario para luchar contra las desigualdades en materia educativa -la llamada brecha digital-, entre las que destaca la campaña de reparto de tabletas con acceso a Internet, que se seguirá ampliando en las próximas semanas.
Sobre la evaluación del tercer trimestre, Guerra expuso que tras haber dos evaluaciones de este curso escolar se ha optado por “no sumar como evaluables contenidos nuevos, sino que la evaluación del tercer trimestre va a consistir en el repaso y la profundización sobre lo ya dado”.
El objetivo se centra en “volver a dar lo dado, retomarlo, profundizarlo, ampliarlo”, mientras que para el alumnado que “no haya progresado adecuadamente” en las dos primeras evaluaciones, esta tercera evaluación “tendrá un carácter recuperador”.
“Técnicamente, la evaluación del tercer trimestre va a ser diagnóstica, formativa y va a estar destinada fundamentalmente a la recuperación. La evaluación siempre es continua y nunca podrá haber, por ejemplo, una nota en la tercera evaluación que sea menor a la que un alumno tenga en la segundo evaluación”, algo que, a su juicio, va en “favor del alumnado”.
La consejera también ha solicitado al Ministerio de Educación seguridad jurídica para flexibilizar los criterios y procedimientos de la evaluación, de la promoción y de la titulación, especialmente para cursos que terminan etapas.
En el caso del alumnado de 2º Bachillerato, que tiene que hacer la EBAU este año (los días 1, 2, 3 julio), los coordinadores junto al profesorado “va a ajustar la materia que entra en la prueba y siempre flexibilizándola”, cuestión en la que apuntó las universidades y las comisiones está trabajando.
En un comunicado, CSFI añade que “el ministerio se ha comprometido a redactar una orden ministerial para intentar unificar las medidas generales y evitar así ”disparidad“ entre las comunidades.
En su última reunión, el Consejo Escolar del Estado (CEE), el máximo órgano consultivo en materia educativa, acordó un documento en el que se pedía que se evitaran las repeticiones de curso, que se mantuviera el calendario aprobado a principio del mismo y que se evaluara lo impartido en clase y “online”, según las circunstancias de cada alumno para que ninguno se viera perjudicado por la brecha digital.
Ese documento, ratificado por el Consejo, que representa a toda la comunidad educativa, ha podido influir en las decisiones de Celaá y los consejeros, a los que varias ONG y expertos han pedido que “dejen de lado sus diferencias”, que pongan fin a la incertidumbre y que, de la misma forma que los países europeos de nuestro entorno, tomen medidas educativas “concretas y atrevidas”.
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