España confirma que vetará dos años la entrada de rumanos y búlgaros
Tras reunirse con las autoridades de Rumanía, Caldera aclaró que esta moratoria se podría levantar el próximo año si no se producen “alteraciones” en el mercado de trabajo y si los flujos migratorios siguen como hasta ahora.
Depués de insistir en la posibilidad de levantar la moratoria, que se realizará el próximo año tras consultarlo con los agentes sociales y con las autoridades de estos países, el ministro subrayó que los trabajadores rumanos que están actualmente ilegales en España serán legalizados si tienen contrato de trabajo. El titular de Trabajo y Asuntos Sociales, que calificó de “excelentes” las relaciones entre ambos países, hizo hincapié en que la moratoria impuesta por el Gobierno español “no discrimina” a los rumanos y búlgaros que, a partir del 1 de enero, serán ciudadanos comunitarios de “pleno derecho”.
En este sentido recordó que cuando España entró en la Unión Europea se le impusieron siete años de moratoria y que este país impuso dos a los 10 países que se incorporaron a la UE en 2004, por lo que esta decisión, que se ratificará el próximo viernes en el Consejo de Ministros, “es más flexible y no discrimina a Rumanía”, añadió. “Los ciudadanos rumanos y búlgaros serán legales en España desde el 1 enero, se les aplicará el régimen comunitario y, por tanto, la única condición que existirá durante un año será la libre circulación de trabajo”, añadió.
Por su parte, el ministro rumano de Trabajo y Solidaridad Social y Familia, Gheorghe Barbu, agradeció el apoyo del Gobierno español por entender que “no discrimina” a Rumanía, al tiempo que resaltó la “buena colaboración” que existe entre ambos ministerios. Preguntado por si el Gobierno prevé que se produzca una llegada importante de ciudadanos de estos países tras su ingreso en la UE, dijo que las “experiencias anteriores ponen de manifiesto que la regulación de flujos es la correcta y que, en otras ocasiones similares, no se produjeron avalanchas”.
“Lo que sí habrá será legalidad para todos y reconocimientos de plenos derechos”, sentenció Caldera. Asimismo, el ministro anunció que ambos gobiernos se han comprometido a intensificar la inspección de trabajo, la igualdad de oportunidades y la colaboración para aprovechar las ventajas del Fondo Social Europeo.
Los ministros de Asuntos Sociales y los titulares de Interior de España y Rumanía brindaron antes de iniciar la rueda de prensa por los acuerdos adoptados, así como por la inminente entrada de este país en la UE, que será efectiva el próximo 1 de enero.
“Se está creando la Unión Europea de las multinacionales y no de la solidaridad”
Por su parte, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes rechazó este sábado la moratoria a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España, y dijo que la decisión prolongará la situación de irregularidad de muchas personas que ya trabajan en el país.
Un portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE) defendió que su acceso a la UE debe ir acompañada del disfrute de “derechos plenos y un reconocimiento completo”. Con la moratoria, agregó, los inmigrantes rumanos y búlgaros “no se van marchar” del país y, por tanto, muchos de ellos seguirán trabajando “en la economía sumergida, sin poder regularizar su situación” aún siendo sus países miembros de la Unión.
La presidenta de la Asociación Búlgara Tangra, Deana Ivanova, explicó que tanto rumanos como búlgaros sólo pretenden trabajar y mejorar sus condiciones de vida, y en muchas ocasiones se ven obligados a hacerlo en la economía sumergida. Tras estimar que en España pueden residir unos 100.000 búlgaros, Deana Ivanova explicó que hoy mismo su asociación tiene previsto organizar un festival navideño en el que van a celebrar la entrada de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea.
Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España, Miguel Fonda Stefanescu, opinó que los países de la Unión son “poco solidarios” y, salvo España e Italia, “todos vuelven la espalda y solo quieren ingenieros o directivos de grandes empresas”. A su juicio, “se está creando la UE de las multinacionales y no de la solidaridad”, aunque la decisión española tiene “cierta lógica”, todo lo contrario a Irlanda “que ha impuesto una moratoria de seis años”, habiendo sido un país de emigrantes y vivido durante mucho tiempo de fondos europeos.
En España están empadronados entre 700.000 y 800.000 rumanos, de los cuales más de 230.000 poseen permiso de residencia y trabajo, informó Fonda. Los búlgaros y rumanos residentes en España que ya cuenten con un contrato de trabajo podrán mantener su situación, mientras que los que carezcan del mismo deberán solicitar un permiso durante el primer año de la moratoria.