El Gobierno canario solo prevé movilizar cien viviendas vacías en dos años con su plan de un millón de euros
El plan estrella del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria-Partido Popular) para movilizar vivienda vacía solo prevé recuperar cien casas en dos años con una inversión de un millón de euros, lo que significaría incorporar al mercado menos del 0,05% de casas sin habitar que estimó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Archipiélago hace cinco años, cifrado en un total de 211.000 inmuebles.
El Ejecutivo ha acordado externalizar la tarea de sacar al mercado esos pisos a través de una licitación gestionada por la empresa canaria de vivienda social, Visocan. El contrato está valorado en un millón de euros para dos años con posibilidad de prórroga para otros dos, elevando el coste a 1,86 millones.
Los pliegos del procedimiento revelan cómo es su estructura económica: el personal a contratar, con un coste de 235.000 euros; la publicidad de la campaña (30.000 euros); el arrendamiento de una oficina (17.000 euros); la elaboración de un censo real de vivienda vacía (90.000); los gastos generales (100.000 euros) y el beneficio industrial (166.000).
La parte más cuantiosa de la licitación, sin embargo, es la que reserva 238.000 euros para el seguro de garantía de cobro de la renta. Esta es la partida más relevante del contrato porque es la que ofrece a los propietarios dispuestos a poner en alquiler sus viviendas vacías un seguro contra impagos.
El mecanismo funciona de la siguiente manera: por cada vivienda vacía incorporada al mercado, la adjudicataria paga a una aseguradora el 6% de la renta anual estimada de esa casa, unos 720 euros (o sea, un alquiler de 1.000 euros al mes de media). Esa póliza se extiende durante tres años, lo que eleva el dispendio total a 2.160 euros. Y si en lugar de una fueran cien, el gasto total ascendería hasta los 216.000 euros.
El Ejecutivo regional ha elevado esa cifra final hasta los 238.000 por si hubiera rentas superiores o distintas variaciones. También prevé modificaciones contractuales si “el número de viviendas incorporadas” excede “de forma relevante las previsiones iniciales”, siempre y cuando “exista cobertura presupuestaria suficiente”, es decir, que el Gobierno apruebe más fondos.
Los documentos detallan que los inquilinos interesados en participar en el plan deberán estar “con carácter general” inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Canarias o en el instrumento que determine Visocan, así como acreditar “ingresos regulares, suficientes y verificables”. Los propietarios también deberán cumplir una serie de requisitos básicos, como que los domicilios reúnan “condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y dignidad estética suficientes”, y que las rentas estén “por debajo del precio de mercado libre”.
Este es el primer plan de vivienda vacía de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad liderada por Pablo Rodríguez (CC). El Gobierno ha tardado dos años y medios en iniciar su puesta a punto (pese a anunciarlo en repetidas ocasiones) porque “se ha estado trabajando en la fórmula” para desplegarlo y “ha llevado algo de tiempo buscar garantías”, señalan fuentes de la cartera dirigida por Rodríguez.
La oposición no ha tardado en criticar la actuación. La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha asegurado que la iniciativa llega “tarde, mal y está condenada al fracaso”. Y ha señalado que se trata de una “copia sin ambición” de un programa que presentó su formación política en junio de 2024 y que su dotación económica es “absolutamente insuficiente”.
Hernández ha alertado de la falta de un sistema para cofinanciar los alquileres y adaptarlos a la renta del inquilino, poniendo como ejemplo que, si un propietario alquila su casa por 700 euros y la familia solo puede asumir menos, la administración debería cubrir la diferencia, como hace Baleares. También ha rechazado la externalización del procedimiento y su duración. Cree que en lugar de dos años (con posibilidad de cuatro), tendría que durar entre ocho y diez.
“Lo ponen al final [de su mandato] para que no se les culpe. La legislatura finalizará sin que termine el programa y CC y PP volverán a eludir sus responsabilidades, como lo han hecho con la nefasta gestión [de los presupuestos]”, criticó la diputada canarista.
El Ejecutivo regional en la anterior legislatura, el del Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), también aprobó un programa de vivienda vacía valorado en 3,4 millones hasta 2025 que fue un fracaso. A fecha de julio de 2023, se habían ofrecido un total de 85 casas, pero solo una había sido incorporada al mercado. Seis expedientes se encontraban en trámite y los otros 77 habían sido archivados “por diversos motivos”, según un informe de la Diputación del Común.
Rodríguez mencionó en una comisión parlamentaria en octubre del año pasado que otros programas similares impulsados a principios de siglo sí funcionaron “de manera extraordinaria” y que hubo “cientos, por no decir miles” de inmuebles que se movilizaron.
El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), por su parte, ha recuperado 541 viviendas públicas desde 2015, según una resolución obtenida por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia. Pero ese caso es distinto. Esos inmuebles habían quedado vacíos como consecuencia del fallecimiento o renuncia de los adjudicatarios.
“No es una cuestión de fondos, es una cuestión de cómo generamos un mecanismo que dé garantías. Porque la imagen que tiene la ciudadanía (o parte de los propietarios) es que es inseguro poner sus viviendas en el mercado”, indicó Rodríguez.
Fuentes del Gobierno han insistido en el mantra de que la Ley de Vivienda estatal “no ha ayudado” a ello. El primer informe del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA) destacó de hecho que “la principal razón” por la que muchas casas se han quedado vacías en las Islas es la “inseguridad jurídica que sienten los propietarios” al quedar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que, a su juicio, “deja desamparados a los propietarios en casos como la ‘okupación’ o la ‘inkiocupación”.
Esa es una conclusión del OBVIA, un observatorio creado por la empresa pública de vivienda social en Canarias. No aporta datos para sustentarla. En 2024, no obstante, apenas hubo 663 denuncias por ocupación ilegal en el Archipiélago, es decir, un 0,06% del parque total de casas.
Otro encargo relevante de la Consejería es la elaboración de un estudio sobre el dato real de viviendas vacías en Canarias. El Ejecutivo considera que la estimación del INE, de 211.000 inmuebles sin habitar, sobredimensiona la realidad ya que se calculó basándose “exclusivamente en el análisis del consumo eléctrico registrado durante el año 2020”, un enfoque con “limitaciones importantes”.
El Gobierno ha pedido ahora que, en lugar de fijarse solo en la luz, la metodología de la investigación se base también en el análisis y cruce de datos de consumo de agua con el padrón de habitantes “en la medida en que esas cifras resulten disponibles, accesibles y utilizables”. El propio OBVIA ha advertido de que “muchos de los datos requeridos están protegidos por la legislación vigente”.
El Ejecutivo considera que, de la estimación del INE, solo entre el 33 y 37% de esas viviendas están realmente vacías.