El Gobierno valenciano desoye la súplica del TSJ de conservar a las mismas funcionarias de refuerzo para la jueza de la dana

Si las cuatro plazas de refuerzo con las que cuenta la jueza de la dana no se pudieran cubrir en una comisión de servicios, mediante la bolsa de interinos “se intentaría” que fueran las mismas personas que han trabajado en el juzgado de Catarroja. Ese fue el condicional que usó este miércoles Nuria Martínez, consellera de Justicia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su reunión con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, David Castellá. Martínez acudió al Palacio de Justicia de la localidad de l'Horta Sud tras la polémica por la decisión de estabilizar las plazas de refuerzo del juzgado que instruye la causa de la dana, un movimiento que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra lamentó en un auto dictado el pasado 10 de abril por la “gran dilación en la instrucción” que podría suponer, al desmantelar el “equipo” formado por las funcionarias de refuerzo, muy familiarizadas con un procedimiento que acumula 56 tomos de sumario, 400 piezas de perjudicados y en el marco de la cual ya se han celebrado 555 testificales (además de un centenar de testigos pendientes de declarar).

Las cuatro funcionarias recibieron este pasado martes la notificación de su cese, según ha podido saber elDiario.es. Aunque la titular de Justicia arguyó el “firme compromiso” de la Generalitat de “garantizar” que la jueza instructora “siga contando con los mismos recursos materiales y humanos” y el “mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en las condiciones y con los medios adecuados”, el hecho de que no asegure fehacientemente la continuidad de las mismas trabajadoras de refuerzo inquieta de cara a la continuación de la causa.

A pesar de que las plazas se ofertarán en comisión de servicios, “es muy probable” que no se cubran ya que, “entre otras cosas, no cobran guardias”, según indican fuentes judiciales. Por otro lado, en caso de que se recurriera a interinos, “con casi total seguridad serían otras personas, que no solo desconocerían la causa, sino que en muchas ocasiones no tienen formación”, apostillan las mismas fuentes.

La “conveniencia de mantener al mismo personal”

Y eso que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), en la comisión del pasado 15 de abril, acordó —por unanimidad— solicitar a la conselleria (que ostenta las competencias en la materia) que se mantuviera “al mismo personal” con el que ha contado la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico, remitido “a los efectos oportunos” a la directora general de Justicia, María José Adalid, rezaba: “En cuanto al mantenimiento de los refuerzos de funcionarios actualmente existentes para la atención a la plaza 3 de Catarroja, y a la vista del comunicado recientemente emitido por la Conselleria de Justicia, por el que indica que el eventual cese de dichos refuerzos responde a una fase previa al proceso de creación y consolidación de los correspondientes puestos de trabajo con carácter estructural, y asimismo, el compromiso manifestado por la Conselleria de dotar al Juzgado de Catarroja de los medios materiales y humanos necesarios, esta Sala pone de relieve la especial trascendencia que la continuidad de los refuerzos tiene para el adecuado funcionamiento del órgano, por lo que confía en que se adopten las medidas necesarias para garantizar dicha continuidad, preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”.

Por otro lado, la Sala de Gobierno del TSJ-CV también consideraba “igualmente necesario asegurar la continuidad del servicio público sin interrupciones, en aquellos supuestos de mayor criticidad, para lo que deberá valorarse especialmente la conveniencia de mantener al mismo personal, en atención a la calidad del servicio y a la estabilidad organizativa”.