“Lo tengo que dejar, no puedo seguir así”. Astrid ha renunciado a su trabajo en tres mercadillos ubicados en enclaves turísticos del sur de Tenerife. El domingo 30 de noviembre fue su último día. Siente que ya ha pedido demasiados favores, que no puede seguir “molestando” a sus allegados para intentar conciliar ese empleo con el cuidado de sus dos hijos, ambos con autismo, con un grado de discapacidad reconocido. Los menores, de siete y nueve años, están escolarizados en un aula enclave (para alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo -NEAE-) de un colegio público de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, también en el sur.
Un correo del que tuvo conocimiento hace dos semanas fue el desencadenante de su decisión. Se trata de un escrito dirigido al centro escolar por Aeromédica, la empresa que pone a disposición de la Consejería de Educación el personal auxiliar encargado de la atención del alumnado NEAE. “A partir del lunes, el horario de las trabajadoras será el que tiene el centro. Es decir, de 8.30 a 13.30, ya que el servicio es durante el horario lectivo, no pudiendo atender en el comedor”. Hasta ese momento, los hijos de Astrid podían quedarse media hora más con una auxiliar, hasta las dos de la tarde, cuando comienza el servicio de permanencia (de dos horas) que tenía contratado y del que se hace cargo el Ayuntamiento.
Para los niños y niñas de aulas enclave, el comedor se incluye dentro del horario lectivo (hasta las 13.30 horas) para fomentar su autonomía personal. “Por eso se ha concedido su gratuidad”, explican desde el gabinete del consejero Poli Suárez (PP). Según el correo de Aeromédica, la Consejería de Educación no permite a la empresa Aeromédica rodar el horario de las trabajadoras para atender al alumnado NEAE del centro, como venía haciendo hasta la fecha, porque se trata de “un servicio complementario”. Hay un vacío de media hora en que nadie se hace cargo de los hijos de Astrid, por lo que tiene que ir a por ellos a las 13.30. Le han retirado la auxiliar que el curso pasado se quedaba con los menores desde que acababan de comer hasta las 14.00, que comienza la permanencia.
En los mercadillos, según cuenta, Astrid comenzaba a recoger “a la una o una y cuarto”. “Si trabajo en Adeje, no puedo llegar a San Isidro (a unos 15 kilómetros) a esa hora. ¿Cómo lo hago?”, se pregunta. Su marido es militar, trabaja en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, y sus horarios tampoco le permiten llegar a tiempo al centro escolar. “No puedo seguir fastidiando a la gente. Molesté a mi hermano durante todo septiembre, cuando salían a las 12.30 (horario reducido, en la primera semana) y después, cuando salían a las 13.30. No puede depender de estar todos los días buscando a alguien para que me recoja a los niños. No hay nadie que se pueda responsabilizar de ellos en esa media hora y no me sirve de nada tener contratada la permanencia”, añade.
Hasta este curso, el hijo de Rode Areli y Roberto, que tiene nueve años, estaba escolarizado en un aula ordinaria de un colegio público de Granadilla, con apoyo educativo, acogida temprana y permanencia. Este año le han dado plaza en un aula enclave, “como estaba planificado para él desde un principio”, y por medio de la escuela la familia solicitó a la Consejería de Educación en dos ocasiones la ampliación del horario desde que finaliza el comedor (a las 13.30, al estar incluido dentro del horario lectivo) hasta que comienza la permanencia (las 15.30 horas en su caso). “No procede”, le respondieron. Nadie cubre esas dos horas. “Hemos tenido que cancelar la plaza que tenía concedida en permanencia y buscar apoyo en familiares y amigos para que lo recojan en el comedor y estén con él hasta que nosotros podamos llegar de vuelta del trabajo”. Ambos son enfermeros.
Los tres cursos anteriores, el menor salía a las 14.30 del comedor y desde esa hora y hasta el inicio de la permanencia estaba atendido por una auxiliar educativa. Ahora no. Al cambiar a aula enclave, no dispone de esos recursos.
A principios de octubre, ambas familias presentaron una queja a la Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife, al entender que había una “evidente y marcada discriminación hacia el alumnado del aula enclave que necesita el uso de los servicios complementarios para la conciliación familiar-laboral de sus padres”. La administración instó a cada una de ellas a presentar sus reclamaciones por separado.
En el caso de Astrid, hubo una solución temporal. La Dirección Territorial decidió rodar el horario de las auxiliares para cubrir hasta las dos de la tarde y que así pudiese hacer uso del servicio de permanencia. Así consta en la respuesta que la Diputación del Común ofreció a la madre a principios de noviembre y que daba por solventado el problema. Sin embargo, la medida apenas duró unos días, porque el pasado 13 de noviembre el centro escolar recibió el correo de Aeromédica donde decía que, según la propia Consejería, no era posible prolongar el horario de las trabajadoras más allá del horario docente, de las 13.30. Astrid cuenta que, según la empresa externa, esa orden de retirar al auxiliar no se dio por escrito, sino a través de una llamada de teléfono procedente de otro departamento, de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, desde el área NEAE de Educación.
En el caso de Rode Areli y Roberto no ha habido solución en ningún momento, persistiendo desde el inicio de curso el tramo de dos horas sin atención.
Gratuidad del comedor
Desde la Consejería de Educación señalan que la empresa Aeromédica presta servicios “exclusivamente” en horario lectivo y no atiende servicios complementarios. En el caso de las aulas enclave, explican las mismas fuentes, “el comedor se incluye en el ámbito curricular, por eso intervienen en el aula y por eso se ha concedido la gratuidad”. A finales de 2023, el consejero Suárez anunció que la administración regional iba a cubrir la cuota de comedor del alumnado de las aulas enclave y de los centros de educación especial en infantil y primaria. Este año se ha extendido al alumnado de tránsito a la vida adulta.
Las familias cuentan que fue a partir de ese momento cuando se produjo el cambio y se acabó con la flexibilidad que hasta entonces permitía a los propios centros educativos solicitar a la empresa adjudicataria que moviera los turnos de trabajadores y trabajadoras para adaptarlo a las necesidades del alumnado NEAE, para que pudiera estar cubierto hasta el inicio de la permanencia. Dependía más de la voluntad de las direcciones de los centros educativos. Ahora se ha recordado que los auxiliares no pueden estar con los niños y niñas más allá del horario docente, salvo en el transporte.
El servicio de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales lo presta Aeromédica desde abril de 2016, aunque el contrato está vencido desde marzo de 2021 y se paga a través del llamado procedimiento de nulidad. La Consejería de Educación espera concluir los trámites del nuevo concurso para que el servicio pueda empezar a ejecutarse con otras condiciones en septiembre de 2026. El nuevo contrato incorpora “mejoras sustanciales”, subrayan fuentes del gabinete de Suárez. Entre ellas, “la atención en comedor del alumnado con necesidades educativas especiales o con especiales circunstancias de salud que lo precise” o “el acompañamiento en actividades extraescolares organizadas por el centro, incluso con pernoctación”, que en la actualidad no es posible.
Las familias, sin embargo, exigen medidas inmediatas. “Yo prefiero pagar los 70 euros de la cuota de comedor a no poder conciliar porque tengo dos hijos en el aula enclave y nadie se hace cargo de ellos desde la una y media hasta las dos. Yo no puedo vivir del paro, tengo que trabajar porque tengo gastos que pagar. Ahora estoy buscando algo de media jornada”, dice Astrid.
“A nosotros nos ha desbordado emocional y físicamente, por el cansancio de tener que ir a inspección, tener que ir al centro, una y otra vez, preguntar, darle vueltas, tener la sensación de que te marean como una perdiz, de un lado para otro. No estamos con mucha energía para seguir adelante con estas luchas, porque se llega a un tope. Estamos agradecidos que tenemos familia extensa y apoyo, pero son favores. Ahora estamos pagando a alguien para que vaya a recogerlo”, añade Rode Areli.
Yamila, representante de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) Flor de Inca, calcula que solo en Tenerife, donde hay cinco colegios de educación especial y 154 aulas enclave, puede haber unas 250 familias que “no pueden conciliar”. “Hay un problema importante de base, que es que no intervienen otras consejerías que nosotras entendemos que deberían intervenir, como las de Sanidad y Bienestar Social, porque al final son niños y niñas con discapacidad y con patologías que necesitan también de una intervención asistencial, aparte de la educativa. La Consejería de Educación no puede hacerse cargo de todo”.
Yamila también reclama una mayor implicación de los ayuntamientos. En el caso de Astrid, ha presentado escritos pidiendo ayuda al Consistorio de Granadilla, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. “El año pasado nos reunimos con los ayuntamientos del sur, con Arona, con Adeje, con Granadilla, y les planteamos el problema. En principio nos dijeron que sí, que estaban dispuestos a aportar dinero”. Sin embargo, ese apoyo no se ha materializado. La representante de la AMPA Flor de Inca pone como ejemplo al Ayuntamiento de Tegueste, que ha suscrito un contrato menor con una entidad que se hace cargo del alumnado NEAE durante ese periodo entre el comedor y la permanencia.
“Desde nuestro punto de vista, es una cuestión de voluntad política. Tenemos niños que están en una desigualdad absoluta de derechos y oportunidades. En nuestro colegio hicimos una encuesta y un 30% de las familias no pueden trabajar, viven de ayudas y de servicios sociales. Es la precariedad de la precariedad. Los que más necesitan son los que menos tienen y los que más abandonados están”, denuncia Yamila.
Steffany también ha tenido que dejar de trabajar. Ella es originaria de Venezuela, pero su hijo, que ahora tiene siete años, nació en República Dominicana. Llegó al sur de Tenerife en busca de un diagnóstico. Hasta ese momento, le habían dicho que el niño padecía una parálisis cerebral. “Hace dos años aquí le volvieron a hacer todas las analíticas y las pruebas y ven que tiene el síndrome de Phelan-McDermid”, un trastorno genético poco común. Tuvo que esperar desde 2023 hasta septiembre de este año para que el menor, con un grado de discapacidad del 96%, fuera escolarizado en un centro de educación especial.
Steffany es esteticista e intentaba atender a sus clientas los fines de semana o por la tarde, siempre que su actual pareja (que no es el padre del niño, trabaja en el mar y pasa periodos fuera) o su hermana (que acaba de regresar a Venezuela) pudieran quedarse con su hijo. “Me di de baja como autónoma en septiembre. Él entra a las ocho y media en el colegio y sale a las dos. Por la tarde, tiene que ir a terapia. Y yo no tengo coche”, señala. En los centros de educación especial no hay permanencia. “Para mí sería increíble tener un margen de tiempo con respecto a la entrada o salida de los niños, como tienen los colegios ordinarios, para poder conciliar”, señala.
Nancy, por su parte, trabaja a turno partido en una gasolinera de lunes a sábado. Su hijo tiene veinte años y está en el centro de educación especial de Adeje. “Normalmente la guagua (transporte escolar) pasa a las ocho y cuarto u ocho y media a recogerlo, pero como en el sur suele haber colas en carretera, hay días en que pasa a las nueve o nueve menos cuarto y ese día ya llego muy tarde al trabajo. Me encargo de las compras y del personal, entonces agilizo todo lo que puedo, voy a destajo para dejarlo todo bien antes de irme a recogerlo. Sale a las 14.00”, explica.
Por la tarde vuelve al trabajo unas horas para supervisar todo y lleva a su hijo a terapia todos los días excepto los miércoles, día que suele aprovechar “para hacer las compras”. “El sábado cuento con mi madre y trabajo unas horas para poder llegar a mi jornada de 40 horas y cobrar el sueldo íntegro”, dice. Su único día de descanso es el domingo.
“Muchas familias -en especial las madres- reducen jornada y sueldo o directamente no trabajan porque no pueden conciliar”, sentencia Yamila.