Sin el médico 'de siempre': ceses sin previo aviso en la sanidad pública canaria

Numerosos médicos de la Atención Primaria de Canarias han dejado de prestar sus servicios en los centros de salud en los que llevaban años trabajando. Según ellos mismos han relatado a la Diputación del Común, ni siquiera recibieron una notificación de este cambio de destino. Sus quejas, trasladas a esta institución, han provocado que esta inicie actuaciones de oficio por la forma en que se están produciendo estos ceses de profesionales sanitarios, que coinciden con la incorporación del personal derivado del proceso de estabilización del empleo público.

Según indica la Diputación, ya se están ocupando plazas en distintos centros de salud, especialmente en Pediatría, lo que implica el cese de profesionales que desempeñaban sus funciones en comisión de servicio, muchos de ellos con más de diez años de experiencia en el mismo puesto.

Al llegar a consulta, muchos padres y madres, pero sobre todo, los menores, se encuentran con rostros desconocidos al otro lado de la mesa, en lugar de con su pediatra habitual y con quien ya estaban acostumbrados a tratar. “Y sin avisar, con la confianza que ya teníamos”, se queja una madre tras llevar a su hija a un centro de salud situado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife y descubrir que la pediatra que siempre la ha tratado ya no está.

En algunos casos, los profesionales afectados han trasladado a la Diputación que se han enterado de que ya no ocupan su puesto al acudir a trabajar y encontrar a otra persona en su consulta o al comprobar que su nombre ha desaparecido de los partes de planificación, sin haber recibido una comunicación oficial previa.

Esta forma de proceder deja a los profesionales en una situación de indefinición sobre su puesto de trabajo y evidencia una gestión que, en opinión de la Diputación, no se ajusta a los principios básicos de una actuación administrativa ordenada y garantista.

Además considera que la ausencia de una comunicación formal tiene consecuencias directas sobre los trabajadores afectados ya que al no existir una notificación oficial de su cese, continúan acudiendo a su puesto de trabajo al entender que su situación laboral no ha sido formalmente modificada, lo que genera un escenario de incertidumbre prolongada y un creciente malestar en los equipos.

Agrega que la situación actual se incluye en un conflicto previo que ya fue trasladado a esta institución en 2022 por parte de un colectivo de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria con plaza fija.

En aquel momento, más de 120 profesionales constituyeron una plataforma para denunciar la ausencia de un concurso de traslados previo al proceso de estabilización, al considerar que esta circunstancia les impedía mejorar su destino tras años de ejercicio en el sistema sanitario público.

En la actualidad, el grupo de profesionales afectados se sitúa en torno a 90 y, según la Diputación del Común, se mantiene las preocupaciones sobre el desarrollo del proceso.

La incidencia de estas situaciones se está detectando en ambas provincias, con especial presencia en la de Las Palmas.

Recuerda la Diputación que esta nueva actuación se suma a la queja ya planteada con anterioridad, que continúa su curso por las vías correspondientes.

En este contexto, la Diputación del Común considera necesario poner el foco en la forma en que se están comunicando los ceses, y traslada la urgencia de que se realicen de manera clara, formal y garantista.

Ante estos hechos, la Diputación del Común considera imprescindible que cualquier cese se comunique de forma clara, formal y ordenada, y que se garantice que las personas afectadas conozcan su situación con certeza y se eviten situaciones de desprotección.

Por ello, la institución actuará de oficio para recabar información y mediar ante las administraciones competentes, con el objetivo de que se corrijan estas prácticas y se asegure un procedimiento adecuado en la comunicación de los ceses, en línea con los principios de buena administración.

La Diputación del Común reitera su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía y con el correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente en ámbitos esenciales como la sanidad.