El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias estima que hay unas 4.000 empleadas domésticas trabajando en las islas de manera irregular

La fundación del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias ha cálculo tras analizar los datos de la Seguridad Social e investigaciones relacionadas, que hay 4.429 empleadas domésticas migrantes sufriendo algún tipo de irregularidad laboral en Canarias.

La entidad destaca la dificultad que entraña investigar las condiciones de las trabajadoras migrantes no documentadas porque “no suele haber datos o los pocos que hay se presentan de forma fragmentada a través de investigaciones cualitativas en momentos y geografías puntuales”, lo que impide llegar a “una estimación precisa de las personas que se encuentran en dicha situación, aún menos si entramos en detalle”.

Aunque el trabajo doméstico es uno de los sectores más invisibilizados, según datos de la Universidad de A Coruña y la Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados Con Plenos Derechos, una de cada cuatro mujeres migrantes empleadas en él se encuentra en situación irregular.

Odesocan advierte de que “ser una mujer extranjera sin una situación administrativa regulada en Canarias supone una exposición a un grado de violencia incompatible con un modelo de gobierno vinculado legalmente a defender un Estado social, democrático y de derecho”, lo que contraviene lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Española.

Para cuantificar el número de mujeres migrantes que trabajan en el empleo doméstico en Canarias sin contrato ni alta en la Seguridad Social este observatorio recurrió a “tres métodos que operan como aproximaciones complementarias al fenómeno, dado que la irregularidad laboral es, por definición, opaca a los registros administrativos y las fuentes estadísticas convencionales no permiten su medición”, recalca en su nota.

El análisis de la información consultada arrojó un rango estimado de entre 718 y 4.506 mujeres migrantes en situación de irregularidad laboral en el empleo doméstico en Canarias.

El límite inferior (718) es el resultado de aplicar el único ratio de irregularidad sectorial disponible en la literatura española y el límite superior (4.506) es el déficit de afiliación respecto a lo que correspondería a Canarias por su peso demográfico, e interpreta ese déficit como expresión de la irregularidad estructural del archipiélago.

La cifra real se sitúa previsiblemente en la mitad superior del rango, dado que la evidencia disponible -el perfil productivo canario, la mayor incidencia proporcional del empleo irregular extracomunitario documentada por Fedea y BBVA Research, y el déficit de afiliación observado en los registros de la Seguridad Social- apunta de forma convergente a una informalidad estructural que supera con claridad el escenario conservador.

“En ningún caso deben interpretarse como estimaciones puntuales, sino como el intervalo dentro del cual se mueve el fenómeno con las fuentes públicas actualmente disponibles. La precisión adicional requeriría acceso a la Muestra Continua de Vidas Laborales del Ministerio de Inclusión, que combina para la misma persona la ocupación CNO, el régimen de afiliación y la nacionalidad, y cuya explotación se propone como línea de investigación futura”, manifiesta la entidad