Periodistas, una profesión sin ley
Afuera de Casa África llovía, dentro contaban que las consecuencias más graves del temporal están por venir. La lluvia de despidos laborales en los medios de comunicación en España anuncia una tormenta de menos salario y más precarización. Este fin de semana se celebró en la capital grancanaria el Primer Congreso de Derecho a la Información de la Ciudadanía. Periodistas, sindicalistas y representantes de organizaciones ciudadanas defendieron el derecho a una información veraz, la necesidad de tener unos medios de comunicación que no estén controlados por el poder político o por los grandes grupos económicos. Dirigentes de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP) como Dardo Gómez y Manu Mediavilla advirtieron que la precarización en los medios de comunicación va a aumentar.
Se pidió más democracia y más derechos. Pero también se demostró que la profesión de periodista no sólo está castigada por los bajos salarios y la precariedad, también por la falta de una ley que desarrolle el artículo 20 de la Constitución española, que garantice el derecho a la información veraz. Este sábado se sentaron en la misma mesa representantes políticos y periodistas. Estuvieron los diputados José Segura (PSOE), Pablo Matos (PP), Ana Oramas (Coalición Canaria) y el miembro de la Secretaría de Comunicación de Izquierda Unida Armando Recio. También participaron Dardo Gómez y Manu Mediavilla, secretario y vicesecretario respectivamente de la FESP.
El 23 de noviembre de 2004 el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del Estatuto Profesional del Periodista defendida por Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds. El texto llegó al Congreso con el respaldo de la FESP y diferentes asociaciones periodísticas. El debate parlamentario que se puede leer en la web de la FESP es una muestra del nivel del Congreso de los Diputados. De lo que menos se habló fue de los artículos de la proposición de Ley. El PP aprovechó para defender el honor de Alfredo Urdaci y ver la sombra de Hugo Chávez y Fidel Castro detrás de la propuesta de Izquierda Unida. El PSOE empleó su tiempo para recordar que Zapatero salía poco en TVE cuando mandaba el PP y para mostrar su voluntad de cumplir la promesa del presidente de regular la profesión periodística. El PNV habló del cierre de Egunkaria, Ezquerra Republicana recordó lo mal que estaba la libertad de expresión con Aznar, el diputado Mardones de Coalición Canaria se mostró dispuesto al debate pero dijo que había que hablar con las empresas periodísticas no sólo con los sindicatos.
Pero Hugo Chávez, Fidel Castro y Alfredo Urdaci estaban muy lejos de Estrasburgo el 1 de julio de 1993 cuando la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el Código Europeo de Deontología del Periodismo. Su artículo octavo declara que “La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio Europeo de derechos humanos y las constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho a exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin ingerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados.”. Eso, exactamente eso, es lo que pretenden los que demandan un estatuto profesional para los periodistas.
Al final la proposición de Ley de Izquierda Unida Iniciativa Per Cataluña Verds se admitió a trámite con 175 votos a favor, 134 votos en contra y una abstención. De los 350 diputados, estaban a la hora de la votación 310, o sea que faltaron 40, más de un 11%. Un dato que nos ayuda a entender esa preocupación de los partidos políticos que defienden reformas laborales porque, según dicen sus dirigentes, los trabajadores españoles son poco productivos y hay una alta abstención laboral.
Ley Orgánica
Afortunadamente este sábado en el debate en Casa África en la capital grancanaria la mayoría de los representantes políticos sí hablaron de la Ley Orgánica de Garantía del Derecho a la Información de la Ciudadanía que sindicatos y asociaciones de periodistas entregaron recientemente a todos los grupos políticos del Congreso de Los Diputados. Esta ley recoge la mayor parte de las demandas que formaban parte de la ley del Estatuto Profesional del Periodista que está bloqueada en el Congreso desde noviembre de 2004. El representante de Izquierda Unida defendió la nueva ley orgánica promovida por sindicatos de periodistas y diferentes organizaciones de profesionales de la comunicación. Armando Recio dijo que la ley del estatuto profesional de periodistas no salió adelante a pesar de que fue tomada en consideración en un pleno porque los dos grandes partidos, PP y PSOE, no tienen voluntad política de sacarla.
En la misma línea se manifestó Ana Oramas, que dijo que el PSOE y el PP se habían dejado presionar por los grandes grupos de comunicación y por eso han impedido que la ley del estatuto profesional de periodistas se debata en el pleno. La portavoz nacionalista dijo que “es necesario regular los medios para evitar que se sigan emitiendo determinados contenidos en horario infantil”.
El diputado del PP, Pablo Matos, mostró su rechazo a la regulación de la profesión de periodista y a los consejos audiovisuales. Según Matos el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios están perfectamente recogidos en la Constitución española y en la declaración de los derechos humanos. “No hacen falta nuevas leyes, a mí me da miedo que se quiera regular la libertad de expresión o que se creen comités donde se pretendan imponer unos valores determinados”.
José Segura reconoció que desconocía por qué no se ha tramitado en el congreso una ley que se tomó en consideración en el año 2004. “No creo que haya ningún boicot como se ha dicho aquí, conozco otras leyes que llevan mucho tiempo esperando. En las reuniones del grupo parlamentario socialista yo no he oído ningún plan para boicotear esta ley”.
Desde la FESP Manu Mediavilla dijo que “algunos partidos siguen sin querer entender lo que estamos pidiendo. No pedimos ningún privilegio, pero queremos que los periodistas podamos ejercer nuestro trabajo con unas garantías mínimas, que no nos echen de la empresa si nos negamos a mentir o a manipular”. Dardo Gómez respondió a la preocupación que mostraron Ana Oramas y Pablo Matos por algunas campañas, mentiras e injurias que políticos y personajes públicos han padecido en algunos medios de comunicación “Esas injurias son la prueba de que hay que regular la profesión, porque estos treinta años sin regulación no han podido frenar esos excesos”.
Desde el público un periodista preguntó a Ana Oramas su opinión sobre la elección de un profesional sin titulación para dirigir la Televisión Canaria. Ana Oramas defendió que “los medios pueden estar dirigidos por personas que no sean periodistas, lo importante es que sepan dirigir empresas, ya hemos visto cómo les ha ido a otros medios que sí tenían al frente a periodistas”. A Pablo Matos le preguntaron si sabía que en Canarias se usa la publicidad institucional para castigar o premiar a medios críticos y medios afines. El diputado del PP respondió que “existen mecanismos para reclamar cuando no se cumple la ley, aunque algunos piensa que estos problemas se acabarían si se quita la publicidad institucional”.
Al final del debate entre el público y los organizadores quedó clara una sensación de que habrá que resignarse, también en el periodismo manda la ley del mercado, la información se convierte en mercancía y los ciudadanos en consumidores. A consumir Gran Hermano porque nos quitaron CNN plus de la estantería. Mientras el fútbol es de interés general, la ley del derecho a la información veraz puede esperar 30 años más. El debate se interrumpió porque sus señorías tenían que coger el avión bajo un chaparrón de agua y preguntas, dentro del salón de actos llovía sobre mojado.
