El Sindicato de Inquilinas de Tenerife llama a la huelga general: “Que la vivienda no nos cueste la vida”
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife sitúa seis reivindicaciones en materia de vivienda en el centro de su llamamiento a la huelga general del próximo 11 de noviembre. La organización reclama, entre otras medidas, la regulación de los precios del alquiler, la ampliación del parque público mediante la expropiación de inmuebles de fondos y bancos y la suspensión de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional digna.
En un comunicado, el colectivo sostiene que las políticas del Gobierno de Canarias están lejos de resolver el origen de la crisis habitacional. A su juicio, las medidas del Ejecutivo se limitan a aliviar una parte del problema sin intervenir en el funcionamiento de un mercado que considera responsable de la situación actual. “La vivienda tiene que dejar de ser un negocio y convertirse en un derecho garantizado”, defiende el sindicato, que rechaza que la respuesta institucional se centre en nuevos incentivos al mercado. La organización reclama actuaciones para frenar la especulación, recuperar inmuebles para uso residencial y público y evitar que las personas pierdan sus hogares por no poder afrontar los alquileres.
Topes al alquiler y contratos indefinidos
La primera de las seis reivindicaciones del sindicato es la regulación de los alquileres mediante topes a los precios y la declaración de zonas tensionadas. A esta demanda suma los alquileres indefinidos, con los que busca garantizar la permanencia de las personas inquilinas en sus hogares.
El colectivo también exige una ampliación inmediata del parque público a través de la expropiación de viviendas de fondos y bancos. Asimismo, pide blindar el uso residencial de los inmuebles, recuperar viviendas vacacionales para el alquiler indefinido y de larga duración y poner fin a las campañas de atracción de nómadas digitales.
Otra de sus demandas es acabar con la compra especulativa de vivienda por parte de fondos, empresas y particulares, con independencia de su origen, además de establecer límites a las segundas residencias. Del mismo modo, reclama la suspensión “real y efectiva” de todos los desahucios sin alternativa habitacional digna y la ilegalización de las empresas de desocupación.
Críticas al Gobierno de Canarias
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife acusa al Ejecutivo autonómico de mantener un modelo que trata la vivienda como un negocio y un activo de inversión. Frente a ello, le exige que evite enfrentar a las personas trabajadoras que alquilan, compran o buscan una casa y que dirija su actuación hacia quienes especulan con esta necesidad básica.
“El problema no son las personas trabajadoras que alquilan, compran o buscan una vivienda: el problema es quienes hacen negocio con una necesidad básica”, señala la organización.
El sindicato vincula, además, sus reivindicaciones de vivienda con la defensa de la sanidad, la educación y el resto de los servicios públicos. En su comunicado, sostiene que estas demandas responden a un mismo objetivo: situar lo público en el centro y destinar la riqueza a garantizar las condiciones de vida de quienes trabajan en las islas.
Con este planteamiento, llama a la población a secundar la huelga general del 11 de noviembre y las movilizaciones que la acompañen. “No podemos seguir aceptando que nuestros salarios se vayan enteros al alquiler”, concluye.