La superficie urbana de Canarias creció un 54% en siete años
Greenpeace ha denunciado “la destrucción” de las costas canarias, señala que en el periodo entre los años 1997 y 2004 la superficie urbana aumentó en las Islas un 54%. Estos datos los ha presentado en un informe que analiza y recopila los datos sobre la situación del litoral español durante la última década y se propone una hoja de ruta para proteger “la poca costa que nos queda en buen estado”.
El informe recoge que la presión urbanística se ha centrado particularmente en Fuerteventura, donde la superficie edificada ha crecido un 159% en los últimos 17 años, en Lanzarote, donde ha aumentado un 60% y en Tenerife, con un 51%. El mismo modelo se fue trasladando a las Islas menos saturadas, como en La Palma que, en 2004, se proyectaron 25.000 nuevas camas. “La locura urbanística alcanzó su cenit en 2007, en pleno boom del ladrillo se aprobaron planes para construir 380.000 nuevas viviendas”, dicen los ecologistas.
“La fiebre de los puertos deportivos ha sido imparable en el litoral”, apunta Greenpeace y añade que en Tenerife se ha proyectado un crecimiento del 500% en número de amarres desde 2007. “La proyección desmesurada en Gran Canaria se iniciaba mucho antes, en 2001 se pretendía aumentar la oferta de amarres a 2.000”, indica.
Greenpeace señala en un comunicado algunas asignaturas pendientes en la gestión del litoral, como que el Gobierno de Canarias “abandone todos los intentos por legalizar los hoteles de Lanzarote”; que los proyectos de plantas regasificadoras en Tenerife y Gran Canaria se rechacen, “pues suponen un foco de contaminación térmica y química muy importante”; o que Canarias cumpla “de manera estricta” con la directiva europea de depuración de aguas residuales.
Urbanismo salvaje
La organización ecologista destaca que “el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día”. Asimismo, alerta “del acoso que sufren los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección”.
Según este informe, en todo el Estado, desde 1987 a 2005, “se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera -este dato no incluye a Canarias-; 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial”.
“Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral; lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase”, ha asegurado el director de Greenpeace, Juan López de Uralde.
Asimismo, dice que “es lamentable que por intereses partidistas como los de Coalición Canaria se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años”.
Puerto de Granadilla
Greenpeace advierte de que, “históricamente, tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos”.
Para los ecologistas, Tenerife “acoge uno de los peores ejemplos de desprecio al medio ambiente, con la proyección del puerto de Granadilla, la historia de los intereses especulativos con este puerto es la historia que se inicia en 2003 con el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en una zona completamente virgen hasta la paralización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la descatalogación a la carta de los sebadales protegidos donde se proyecta el puerto”.
El colectivo recuerda que en este año, el Gobierno de Canarias “desprotege en el Catálogo Canario de Especies Protegidas el sebadal para saltarse el bloqueo judicial”.
Según Greenpeace, “la única alternativa posible al Puerto de Granadilla es la ordenación portuaria de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, el Gobierno de España debe anular la declaración de impacto ambiental favorable que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 y denunciar por inconstitucionalidad el Catálogo Canario de Especies Protegidas”.
