Los trabajadores de ambulancias reanudan el lunes las movilizaciones
Los trabajadores de las ambulancias reanudarán las movilizaciones el lunes, ante la sede del Parlamento de Canarias en su sesión constitutiva, por entender que no se han producido avances ni acuerdos para desbloquear el conflicto y la Administración ha tenido “un papel desconcertante”.
Así lo anunció este viernes el secretario general de la Federación de Transportes y Comunicación de CCOO, Miguel Borredat, quien dijo en una rueda de prensa que el conflicto sigue “en los mismos términos” después de que el Tribunal Laboral Canario solicitase dos semanas para “concretar” las reivindicaciones e intentar llegar a un acuerdo.
Miguel Borredat afirmó que el Tribunal solicitó tres medidas para intentar alcanzar un acuerdo, que eran los de concretar aquellas demandas consideradas prioritarias para luego seguir negociando las de menor importancia; flexibilizar las posturas y “contención” de los actos de reivindicación.
Los trabajadores han aceptado estas tres propuestas y concretaron sus demandas en que se readmitiese a los veinte empleados que fueron despedidos, así como en las exigencias de carácter económico y de formación del personal.
En estas dos semanas se han producido muchas reuniones, algunas de carácter informal y otras técnicas, pero no se ha materializado avance alguno y la patronal no prevé readmitir a los trabajadores despedidos, añadió el dirigente sindical.
Tampoco ha habido acuerdo en asuntos como la homologación retributiva con el resto del Estado, a pesar de que se había propuesto que esta medida se aplicase de forma progresiva a partir de 2008, y otra medida que no se ha aceptado es la de la formación del personal, a pesar de que está relacionada con la calidad y la seguridad en el servicio.
Los trabajadores no quieren cerrar “un espacio” para el diálogo pero tampoco desean “un ejercicio de dilación en vano” y la realidad es que “en ninguno de los principales asuntos” que se exigen desde el inicio de la huelga, el 18 de abril, ha habido acuerdo.
La huelga ha afectado a más de 43.000 traslados
La huelga ha afectado a más de 43.000 traslados de pacientes y los trabajadores reprochan además a la consejera de Sanidad en funciones, María del Mar Julios, que en su opinión haya anunciado en una rueda de prensa que se ha dotado a este servicio de recursos suficientes, unos nueve millones de euros.
Borredat criticó que Julios no haya asistido a reunión alguna relacionada con el conflicto de las ambulancias y apuntó que si es cierto que se ha destinado la citada cantidad a este servicio, quizás habría que plantear ante la Fiscalía Anticorrupción “dónde está el dinero”, y averiguar si ha sido “desviado” por la Administración o se ha quedado como beneficio empresarial.
En su opinión los empresarios tienen un papel “de bloqueo absoluto” en esta huelga y señaló que a la vista de la conflictividad y del perjuicio que se causa a los ciudadanos “habría que replantearse si un servicio de esta importancia se debe dejar en manos de intermediarios privados”.
Los trabajadores proyectan reanudar el calendario de movilizaciones con una protesta en coincidencia con la constitución del Parlamento de Canarias para expresar sus demandas “de forma pública y notoria” y luego quieren continuar las concentraciones según “la agenda política” y la de las empresas involucradas.
Reconoció Borredat que durante el conflicto ha habido “múltiples acusaciones” de boicot, rotura y desperfectos de vehículos de los que opinó que CCOO no tiene constancia alguna y de las que no existen denuncias policiales o judiciales.
No obstante, agregó que tras dos meses y medio de conflicto sin solución “se va calentando la paciencia de los trabajadores” con la patronal y la Administración pese a los intentos del comité de huelga de que la protesta transcurra con normalidad.
En su opinión, hay que “inyectar” en el conflicto “decisión política” porque “el cliente” de los empresarios de las ambulancias es la Administración.
Detalló que hasta la fecha todos los juicios celebrados han sido favorables a los trabajadores a los que las empresas han acusado de incumplir los servicios mínimos o causar daños a los bienes.
Por ello consideró que las sanciones impuestas han tenido como objetivo “desmoralizar” a la plantilla y explicó que hay entre 25 y 30 trabajadores sancionados.
En cuanto a la posibilidad de que la Administración dicte un laudo respecto a este conflicto, Miguel Borredat dijo que si se trata de combatir las demandas de los trabajadores se solucionará la huelga de manera formal pero continuará abierto “informalmente”.
