La Fiscalía denuncia hasta tres delitos en la tramitación del PGO de Santa Cruz
Cuando todas las miradas están pendientes de la publicación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz para su entrada en vigor tras 14 años de tramitación, ahora todas aquellas denuncias que se presentaron en los momentos más convulsos del planeamiento vienen en forma de constatación por las acciones que se han llevado a cabo por parte de la Fiscalía de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Hasta tres posibles delitos ha concluido la Fiscalía que supuestamente se habrían cometido en el marco de los trámites del PGO, como son los de falsedad documental, delito contra la administración pública y otro presunto delito relativo a la ordenación del territorio.
En el primero de los casos, se guarda una relación directa con la supuesta manipulación de unos CDS, que, presuntamente, cuando se enviaron a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), sus datos no coincidían con los datos que fueron abordados con anterioridad en función de los que fueron facilitados a todos los grupos políticos en la Corporación.
Estos hechos se remontan al mes de diciembre de 2009, entre los días 23 y 27, una vez convocado el Consejo Rector de Urbanismo, donde se debía tratar la aprobación del PGO el día 28 y el pleno preceptivo. El día 23, los redactores entregaron los datos, pero, en los días posteriores, el PSOE denunció que no coincidían dichos datos con lo que fue remitido a la Cotmac ni a pleno.
En la denuncia de la Fiscalía, que entró ya en los juzgados de instrucción de Santa Cruz de Tenerife a través del juzgado de guardia, se hace referencia a los supuestos errores de contenidos entre la documentación entregada y que abarca a múltiples conceptos del planeamiento, entre los que figuraba la memoria de ordenación, normas estructurales, fichero de ordenación urbanística o los convenios urbanísticos, que, según fuentes consultadas, abarcaba, prácticamente, a todos los ficheros del plan. Además, se señala que se realizaron los datos durante los días 24 y 27, cuando dicen algunos grupos que fueron recibidos el 23 de diciembre de 2009.
En este apartado de supuesta falsedad documental, la Fiscalía hace referencia, además, a los aspectos que luego se tuvieron que rectificar, pero que, del estudio de lo elaborado en el año 2009, se señala que contenía irregularidades en el documento que afectaban a distintas zonas de la ciudad y a multitud de particulares.
En este sentido, la denuncia de la Fiscalía se sustenta no solo en la llamada de atención de los socialistas y otros miembros del Consistorio por una supuesta falsificación documental, sino que también se hace eco de las múltiples denuncias de particulares que se ven afectados por la redacción provisional del planeamiento. Además, se unificaron otras acciones legales como las llevadas a cabo por parte de los letrados que representaban a colectivos de afectados y las que también pusieron de relieve en los juzgados distintas formaciones políticas.
La Fiscalía ha hecho suyas, a lo largo de un escrito de 121 páginas, todas las denuncias de más de medio centenar de particulares y de colectivos, así como las formuladas por otras supuestas irregularidades, que estarían relacionadas con ámbitos que van desde Costa Cardón hasta ampliaciones de otras demandas sobre aprovechamientos urbanísticos, con lo que pone el punto de atención en la comisión de tres presuntos delitos.
A partir de ahora, una vez aceptado el escrito de la Fiscalía, se tendrá que formular la querella y el escrito de acusación, aunque de momento, y al hilo de la denuncia a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora, salta a la luz que durante la controvertida tramitación del PGO, que se produjo bajo el mandato de Miguel Zerolo, y casi en la recta final del mismo, se pudieron haber cometido “graves irregularidades que afectaban a distintos ámbitos, sobre todo, en el fuera de ordenación y los aprovechamientos urbanísticos”.
