El Ayuntamiento de Santa Cruz admite que el parking sobre el que se celebra parte del Carnaval no es seguro
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido este viernes en una nota de prensa que el aparcamiento subterráneo de la plaza de España, junto a la avenida de Anaga, en cuya superficie se celebra parte del Carnaval chicharrero, no presenta la suficiente seguridad en diversos tramos por el estado de su techo. Es más, el consistorio recalca que le ha requerido “formalmente a la empresa concesionaria la adopción inmediata de nuevas medidas de seguridad tras constatar que las actuaciones ejecutadas hasta el momento resultan insuficientes”.
Estos desperfectos fueron denunciados desde hace semanas por la asociación El Perenquén, que obtuvo imágenes como las que acompañan esta información. Posteriormente, se apuntalaron las áreas más afectadas, pero los técnicos municipales desplazados comprobaron que no se habían tomado las medidas adecuadas. Según el gobierno local (CC-PP), “el pasado 9 de febrero, técnicos municipales realizaron una visita de inspección en la que se detectaron daños estructurales derivados de procesos de corrosión en armaduras de los forjados, con pérdida de recubrimiento de hormigón y desprendimientos puntuales de cascotes. En ese momento, se indicó verbalmente a la concesionaria la necesidad de ampliar las medidas preventivas urgentes, reforzar el apuntalamiento en las zonas afectadas y mejorar el cerramiento y balizamiento de las áreas con riesgo”.
Sin embargo, este mismo viernes 13, “en una nueva inspección, los técnicos han comprobado que las actuaciones llevadas a cabo no han sido ejecutadas de forma completa ni correcta, persistiendo deficiencias relevantes desde el punto de vista de la seguridad. En concreto, sigue habiendo zonas con armaduras vistas y pérdida de recubrimiento de hormigón que no han sido debidamente apuntaladas, no se ha garantizado un cerramiento efectivo e infranqueable en áreas donde existen desprendimientos o riesgo potencial de caída de fragmentos de hormigón, y el balizamiento instalado no cumple en todos los casos con las condiciones mínimas de seguridad exigibles”.
Ante estos riesgos, la Concejalía de Servicios Públicos “concede un plazo máximo de 72 horas para el cumplimiento íntegro de las medidas ordenadas. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento procederá a ejecutar las actuaciones de forma subsidiaria, repercutiendo posteriormente el coste de estas a la empresa concesionaria. El consistorio, por tanto, reitera la urgente necesidad de apuntalar de forma inmediata todos los forjados y elementos estructurales afectados, extendiendo esta medida a la totalidad de las áreas con patologías similares, así como de cerrar, vallar y señalizar de manera efectiva e infranqueable al tránsito de peatones y vehículos todas las zonas con riesgo, garantizando en todo momento la seguridad de usuarios y trabajadores y manteniendo plenamente operativas las vías de evacuación”.
El gobierno municipal de Santa Cruz también ha solicitado a la empresa concesionaria “la presentación de un documento técnico acreditativo en el que se describan y definan las medidas adoptadas”. Según recalca, “es responsabilidad de la concesionaria asegurar el adecuado estado de conservación, seguridad y funcionalidad de la instalación, conforme a las condiciones de la concesión administrativa y a la normativa técnica vigente, especialmente cuando concurren circunstancias que pueden comprometer la seguridad estructural”. El Ayuntamiento dice reiterar su “compromiso con la seguridad de las infraestructuras públicas y concesionadas, así como con el seguimiento técnico riguroso de aquellas instalaciones que prestan servicio a la ciudadanía”.
Sin embargo, fuentes de la citada asociación vecinal consideran que se ha actuado muy tarde, que no se han adoptado medidas que debieron aplicarse hace años y que, encima, se ha prorrogado un año más la concesión. En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento es el responsable subsidiario y que, en caso de cualquier accidente, debería asumir las consecuencias. También recuerdan que la empresa Interparking Hispania, la concesionaria, paga un canon de 7.960 euros por este aparcamiento, así como 23.906 por el de Tomé Cano. Además, alertan de que otros estacionamientos presentan también áreas afectadas de forma similar.