La Laguna se convierte en el epicentro de la lucha ciudadana contra la implantación del gas urbano
La plataforma Asamblea Ciudadana contra el Gas, con presencia en toda la isla de Tenerife, está centrando en estos momentos sus acciones de protesta contra la implantación de ese modelo energético en La laguna, donde los vecinos ya se rebelan de forma coordinada ante las intenciones de implantar una red de gas en la ciudad. Este hecho, según asegura ese colectivo en una nota, significaría tener que asumir costosas obras y supondría que se deban levantar las calles del municipio para las canalizaciones y los depósitos de almacenamiento del combustible.
En la misma línea, vecinos de Granadilla, Santa Cruz de Tenerife, Granadilla, Arona y Puerto de la Cruz se están coordinando a través de esa organización para dar una respuesta ciudadana, en forma de protesta administrativa y social, debido a que estos son algunos, cinco, de los ocho municipios afectados por los proyectos de las empresas gasistas en Canarias, contando otros tres en la provincia de Las Palmas. Este rechazo al gas, en todas sus modalidades, cuenta con el apoyo explícito de Unidos Se Puede y XTF-NC en La Laguna, ambas formaciones con presencia en el pleno de Aguere.
Portavoces de esa plataforma indicaron este jueves “que estamos completamente comprometidos en dar a conocer unos proyectos que no van en beneficio del pueblo canario sino de las grandes empresas del sector eléctrico y gasista”, por ejemplo, Redexis, y se muestran muy optimistas con la gran reacción ciudadana que se está dando en las dos islas con más población, lo que significa que “el pueblo se está concienciando de que añadir otra energía fósil, contaminante y peligrosa a nuestro ya desfasado sistema eléctrico agravará los problemas de contaminación, la dependencia energética del exterior y las subidas de la tarifa eléctrica”.
La asamblea advierte de que introducir el gas en Canarias “es una maniobra forzada y no respaldada por la ciudadanía”, y hace responsable de esta situación al Gobierno de Canarias, que igual tendrá que afrontar “una futura indemnización a las empresas gasistas si existiera un fracaso en la demanda del gas o por la paralización administrativa, cosas más que probables y que tienen sus precedentes en otros lugares del territorio español, como sucedió con el conocido proyecto gasista Castor, en Castellón”.
Finalmente, este mismo colectivo ciudadano destaca el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el que cuestiona y no recomienda la implantación de una regasificadora en el puerto de Granadilla. Ese informe señala que no hay garantía de uso ni estudio de sostenibilidad económica.
La plataforma ciudadana tacha de inaceptable que el Gobierno canario y el Cabildo tinerfeño quieran retrasar varios decenios más la implantación de las energías limpias y renovables, y esto por la introducción de una energía que ya está en desuso en muchos sitios de Europa, sin olvidar que en España las regasificadoras funcionan a una media del 40%, ello reconocido por los estudios de un real decreto de 2014.
