La Laguna lleva cinco meses esperando a que el Gobierno central firme el convenio para rehacer el barrio de Las Chumberas

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha exigido este jueves al Gobierno central que firme “de inmediato” el convenio para la conclusión de las obras de reposición de la urbanización de Las Chumberas, un trámite imprescindible para poder continuar con estos trabajos y que, de no llevarse a cabo, supondría la devolución de unos 12 millones de euros por parte del consistorio al Ministerio de Fomento, algo que sería “terrible” para las 560 familias afectadas por este asunto, que dura ya más de 11 años.

Acompañado por la primera teniente de alcalde del municipio, Candelaria Díaz, y por la comisión de vecinos de Las Chumberas, el alcalde lagunero hizo público una carta que el Ayuntamiento ha enviado al Gobierno de Pedro Sánchez. En esta se le insta a llevar a cabo las medidas oportunas para disponer del convenio de Las Chumberas y proceder, de esta manera, a su firma de manera inmediata, ya que su vencimiento está previsto para el 31 de diciembre.

José Alberto Díaz calificó de “intolerable” la situación, ya que hay 560 familias afectadas que están esperando por que se firme ese convenio, “un documento que fue remitido por el Ministerio de Fomento el 31 de julio de este año y por el que todavía se espera”.

“Sin este convenio se pone en peligro de nuevo la actuación en Las Chumberas, precisamente ahora cuando se han solventado todos los trámites administrativos para la adjudicación del inicio de las obras”, aseguró el alcalde lagunero.

Además, fue contundente al calificar esta situación de “abandono” por parte del Ministerio de Fomento. “Siempre he intentado resolver estos problemas con diálogo, pero ya está bien. Creo que hay un abandono del Estado respecto a Las Chumberas. Esto es una auténtica tomadura de pelo”, denunció Díaz, que señaló que se han hecho “infinidad de llamadas y trámites” y ahora desde el Estado dicen que “se está estudiando todavía”, lo que “supone un abandono por parte del Ministerio a estas 560 familias, personas que tienen nombres y apellidos”.