La Coordinadora Ecologista El Rincón se congratuló en la mañana de este viernes de la decisión de precintar y clausurar los dos espacios de aparcamiento privado que quedaban en el restaurante Bollullo, justo encima de la playa del mismo nombre, una de las más espectaculares de Canarias y ubicada en el municipio tinerfeño de La Orotava. Como adelantó Canarias Ahora, el cierre se efectuó este jueves, y los ecologistas no sólo lo aplauden, sino que se congratulan de “se vaya poniendo fin a la iniciativa empresarial y especulativa de Bollullo-Beach”. Además, denuncian en un extenso comunicado el “grave deterioro ambiental e impacto social desde 2017, cuando cambió la propiedad de estos terrenos y comenzaron nuevas obras y actividades”.
Lejos de concebirlo como un problema para el acceso y disfrute de la playa, los miembros del colectivo entienden la clausura como “la oportunidad de ejecutar de una vez por todas el Plan de Movilidad que se encargó desde el Consorcio de El Rincón y en el que participaron vecinas, propietarias y usuarias del entorno, y que recoge un diagnóstico y propuestas de las alternativas peatonales, y el tráfico, tanto el referido al privado como al transporte público”. Este plan, elaborado durante los años 2017 y 2018, alude, entre otros aspectos, a la “necesidad de limitar a agricultores y vecinos el acceso con vehículos privados en los caminos secundarios, así como implantar un sistema de guaguas que pasen, entre otros puntos, por alguno de los aparcamientos municipales existentes fuera del ámbito de El Rincón, y que tengan como destino final la playa de El Bollullo”.
La Coordinadora prefiere “no razonar y enumerar las ilegalidades cometidas, ya que a estas alturas gran parte están justificadas en resoluciones administrativas municipales y en la propia sentencia penal que recae sobre el promotor. Pero sí aclaramos que se trata de unos hechos que venimos denunciando reiteradamente desde 2018, habiendo presentado decenas de escritos al Ayuntamiento, Demarcación de Costa de Canarias, Agencia de Protección de Medio, Seprona y Comisionado de Transparencia, formalizando finalmente denuncia en el Ministerio Fiscal”. Los ecologistas censuran que el consistorio “haya estado permitiendo durante años el desarrollo de estas actividades, con el conocimiento no sólo de su ilegalidad, sino de las repercusiones que estaba originando”.
Un “cambio” por la sentencia de 2024 y por la insistencia ecologista
Por eso, resalta que fue “sólo a través del conocimiento de la sentencia penal de octubre de 2024, y de nuevo con la insistencia reiterada de la Coordinadora, cuando la corporación ha comenzado los procedimientos administrativos que han culminado con el cese de las principales actividades ilegales que se venían desarrollando (restaurante y aparcamientos). Y mientras, durante todos estos años, a esta iniciativa empresarial se le ha permitido hacer negocio con la destrucción del entorno de la playa de El Bollullo”, sostienen.
Asimismo, aseguran que, “en el marco de esta iniciativa empresarial, se han desarrollado otras actividades y obras que igualmente han contribuido a la destrucción y masificación de este entorno, y que igualmente han sido denunciadas por esta asociación, cuyos procesos aún no se han resuelto y sobre las que seguiremos insistiendo con firmeza a través de las vías que consideremos necesarias”. Entre ellas, aluden a “una vivienda vacacional que se desarrolla en la planta intermedia del antiguo restaurante, los apartamentos habilitados en la planta que ocupaba ese negocio de comidas, la transformación del antiguo chiringuito en un restaurante, la construcción de nueva caseta para guinche y, con especial relevancia, las obras de urbanización parcialmente ejecutadas en los terrenos interiores de la parcela, sobre las que el promotor ha presentado desde el año 2020 diferentes alternativas de proyectos para la construcción de hasta 14 viviendas, todo ello sobre suelos rústicos”.
Los ecologistas son conscientes de que sobre esta iniciativa empresarial “han estado puestos los ojos de muchos propietarios de otras fincas de El Rincón disconformes con los planteamientos proteccionistas de la Ley (1992) y el Plan Especial (1997) que lo ordena, con la esperanza puesta en poder hacer ellos también lo mismo sobre sus terrenos agrícolas. Es por esta razón que, desde el principio, hemos considerado importante oponernos con firmeza a estas actuaciones, que además se constituyen como la principal transformación que ha habido en El Rincón desde la aprobación de la Ley. Y es por ello que le damos gran valor al desenlace que está teniendo este procedimiento”.
También son conscientes “de que lo que ha ocurrido en el entorno de El Rincón en los últimos ocho años es un fiel reflejo de la desdicha que viene padeciendo este Archipiélago, y es que son muchos otros lugares de Canarias los que se han visto igualmente agredidos por iniciativas urbanizadoras y especulativas, contribuyendo a superar los límites de la capacidad de recursos. En este sentido, le damos valor a que El Rincón pueda seguir siendo un ejemplo de lucha social por un modelo que equilibre los valores ambientales, sociales y económicos”.
Un referente para la sostenibilidad y la movilización social
En este punto, la Coordinadora recuerda cómo, a finales de los años 80 y “frente a las intenciones desarrollistas del Ayuntamiento de La Orotava, que pretendió urbanizar El Rincón como una prolongación del modelo turístico implantado en el Puerto de La Cruz, una movilización ciudadana sin precedentes logró cambiar su destino a través de una Iniciativa Legislativa Popular que culminó con la Ley de El Rincón de 1992: una norma singular que blindó la protección a este entorno, al considerar su paisaje agrícola de interés de la Comunidad Autónoma por representar uno de los últimos vestigios no urbanizados de toda la costa del Valle”.
Esa ley derivó en el Plan Especial, “que contempló potenciar el uso agrícola, posibilitando que fuera complementado en convivencia con actividades de ocio y turísticas. Eso sí, calibrando y limitando la capacidad de acogida de visitantes, de manera que no se pusiera en riesgo los valores ambientales. El modelo propuesto planteó de forma innovadora que los beneficios económicos que generaran estas actividades contribuyeran al mantenimiento de la actividad agrícola, repercutiendo y repartiéndose entre el conjunto de productores, en lo que ha significado una fórmula que se ha replicado con gran éxito en otros territorio del Estado, tomando como referencia este modelo de gestión: el Parque Agrario del Bajo Llobregat en Barcelona puede ser el mejor ejemplo de esta réplica”.
Por este bagaje, remarcan que pueden permitir “que una iniciativa empresarial se beneficie económicamente a costa de la destrucción ilícita de este entorno. Y es que se han implantado nuevas actividades extendiendo aparcamientos y un nuevo restaurante con terrazas y construcciones sobre suelos agrícolas, a la vez que se ha reconvertido el antiguo chiringuito de la playa en otro restaurante, lo que ha generado la masificación de la playa en los últimos años, superando con creces los límites de su capacidad de carga definidos en el Plan Especial”.
Además, consideran que esa masificación “ha tenido un sesgo social, ya que entre los nuevos visitantes han predominado perfiles de alto nivel económico, acorde con los nuevos servicios que se han prestado, dejando de ser un atractivo para la población local y usuaria tradicional de este espacio, en un claro ejemplo de gentrificación de una playa. Donde hace años había una cala frecuentada y disfrutada por población local y en menor medida por algunos turistas que venían a pie desde el Puerto de la Cruz, en estos años se ha convertido en un lugar masificado prácticamente en exclusividad por turistas”.