La organización política Sí Se Pude ha pedido la mediación del Ayuntamiento de Tacoronte, el Instituto Canario de la Vivienda y del Gobierno de Canarias para evitar el desalojo de once familias en un plazo de diez días de las viviendas vacías que ocupan, propiedad de Bankia y Sareb, y que se les ofrezca un alquiler social en las mismas.
El alquiler social adaptado a las posibilidades de cada familia es la fórmula que puede permitirles continuar residiendo en las viviendas del número 84 de la calle Ismael Domínguez, donde estas familias, según señala Sí Se Puede en una nota enviada a los medios, viven desde hace dos años y medio.
La portavoz municipal del partido, Violeta Moreno, indica que se trata de familias con miembros en paro que atraviesan una situación económica que les impide acceder a un alquiler a precio de mercado y en las que la mayoría tienen a sus hijos e hijas escolarizados en el municipio.
Las viviendas, que estaban vacías, habían sido puestas a la venta por Bankia y Sareb a la mitad de su precio original y el coste de la cuota mensual en caso de venta se acerca al precio de un alquiler social, señala Violeta Moreno.
El Ayuntamiento de Tacoronte se ha ofrecido a aportar el coste de la ayuda de alquiler correspondiente a dos meses, pero eso es, según Sí Se Puede, “insuficiente” porque se trata de “asegurar a cualquier vecino y vecina una vivienda digna, un derecho que consagra el artículo 47 de la Constitución”, concluye.