El PSOE de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado este miércoles que la Justicia ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo, que ya se ha traducido en una petición de documentación al Ayuntamiento, contra el decreto por el que el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) da curso al convenio firmado con Cepsa para el desmantelamiento de la refinería y la conversión de sus terrenos en una parte más de la ciudad.
En rueda de prensa, la candidata a la alcaldía capitalina, Patricia Hernández, y el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, han explicado que el motivo de llevar este asunto a los tribunales es que el convenio no recoge que el ámbito de la refinería sea suelo urbano no consolidado, tal cual lo cataloga una sentencia judicial firme a raíz de un litigio que ganó en el Tribunal Supremo el propio Ayuntamiento.
Eso implica, según los socialistas, que Cepsa deberá ceder al consistorio el 10% de la superficie total del suelo construido y, del restante, el 30% para viviendas de protección oficial, independientemente de lo que ceda para zonas verdes y viales. El PSOE valora en 75 millones de euros esas cesiones que no constan expresadas en el acuerdo y en 1.200 las viviendas de protección oficial que se puedan construir en esa zona.
Hernández y Martín, quienes han dejado claro que el traslado de la refinería es una reivindicación histórica por la que han trabajado también los socialistas, han presentado además este miércoles una moción para su debate en el pleno municipal, en la que proponen que tales “correcciones” se hagan en el contenido del convenio y, si tal medida es apoyada y llevada a cabo, estarían dispuestos a retirar el contencioso administrativo.
La exvicepresidenta del Gobierno canario y diputada regional aludió a la reciente entrevista concedida a Tenerife Ahora por Bermúdez, en la que el alcalde calificó de “declaración de intenciones” el acuerdo firmado con Cepsa, cuando antes lo había catalogado de “acuerdo histórico”. Lamentó que “desgraciadamente” su contenido “no pasara antes por el pleno municipal ni que haya participado la ciudadanía” en él.
Hernández advirtió de que se trata de un convenio “mal hecho, y por eso el PSOE ha tomado acciones administrativas para corregirlo”, ya que, “por ineptitutd, se le hurta a Santa Cruz la posibilidad de construir 1.200 viviendas en la zona”.
Por su parte, el portavoz municipal del PSOE dejó claro que su partido “siempre ha luchado por que la refinería saliera de la ciudad y deje de ser un problema medioambiental y un freno al desarrollo urbanístico de Santa Cruz, cuando el PP ha defendido que se quedara y CC por épocas se quedaba callada”. Sin embargo, subrayó que los socialistas “no comparten ni las formas ni el contenido del convenio”.
En las formas, critica que se haya hecho “de prisa y corriendo, por electoralismo, para que salieran todos en la foto, incluyendo Fernando Clavijo y Carlos Alonso; pero de espaldas a los grupos de la oposición, porque el alcalde me llamó 15 minutos antes de firmarlo”.
En el contenido, según dijo Martín, el convenio “contiene errores o despistes” que cifró en 75 millones de euros, porque “usan conceptos como regeneración o renovación urbanas, propios de suelo urbano consolidado, cuando es no consolidado”.
De modo que, según su punto de vista, que basó en la Ley del Suelo, Cepsa debe ceder un 10% del suelo urbanizable (lo cifró en 50 millones), “y la reserva de suelo para viviendas de protección oficial, que sería del 10% si fuera consolidado, pero que debe ser del 30% porque es no consolidado”.
En la reciente entrevista con este diario, publicada el pasado domingo, Bermúdez, preguntado sobre estas acciones legales que ya había esbozado el PSOE, respondió que “aún no hay ningún acto administrativo que recurrir” y que“ la distinción de suelo no figura en el texto del acuerdo con Cepsa”, pero que de todos modos la cesión de terrenos al Ayuntamiento es del 67%, superior, dijo, a la prevista por ley.