Se concatenan las situaciones, al menos, llamativas respecto al litoral de Arona (sur de Tenerife) y la gestión de sus servicios. Si el pasado domingo publicó Canarias Ahora que el gobierno local (de PP junto a CC y la ultraderecha de Vox) prorrogó el servicio de la gestión y mantenimiento de la costa municipal con informes en contra y reparos de Intervención por casi 500.000 hasta el 30 de junio de este 2026, trasciende ahora que el Ayuntamiento del municipio más poblado del sur de Tenerife ha tenido que abonar recientemente (el pasado 15 de diciembre) un canon a Costas por la ocupación y explotación de los servicios de temporada en sus playas por 786.623 euros del 11 de enero de 2025 al 10 de enero de 2026 mientras se sigue sin licitar los pertinentes concursos, con lo que la misma compañía sigue explotando esta prestación.
Se trata de concursos que nunca han existido o ya vencidos. Entre ellos, destaca el servicio de tumbonas y parasoles sin contrato en regla en calas como la de Los Cristianos, Las Vistas, Playa Honda o el Charco del Marqués, cuatro de los puntos más relevantes y turísticos del municipio.
Ya en julio del año pasado, el gobierno local reconoció en pleno que presta los servicios de tumbonas y parasoles en varias de las principales playas “sin contrato vigente, lo que compromete la legalidad de la prestación y pone en riesgo ingresos municipales cercanos a dos millones de euros anuales”, según el principal grupo de la oposición (PSOE).
Además, ya Costas impuso una sanción de 60.000 euros por esta situación en 2024 y, según la oposición, “se dejó de recaudar hasta 500.000 euros, mientras que el resto lo aportaron las empresas por iniciativa propia en diciembre de 2024”. Esta falta de cobertura legal, “sin contratos y con servicios en precario”, hace que el ayuntamiento quede expuesto a litigios por parte de empresarios y se impide la necesaria competencia por la ausencia de licitaciones, que es lo que impulsan las administraciones para garantizar la concurrencia libre frente a una situación monopólica, sin contrato ni título habilitante.
La sanción 2024 la impuso el Ministerio para la Transición Ecológica porque el consistorio permitió “sin autorización” la explotación de diversos servicios en las playas, como las tumbonas, pero también las canchas deportivas de las calas de Los Cristianos, Las Vistas, Charco del Marqués y Playa Honda. Las autorizaciones habían caducado y eso afectó también a plazas en dominio público, sin que, a la larga y según la oposición, tuviera que ver con el retraso en la entrega de las competencias sobre Costas. Se trata, por tanto, de una posible adjudicación directa encubierta que, para el PSOE, “perpetúa una gestión opaca e irregular del dominio público en un claro ejemplo de descontrol administrativo, que pone en riesgo nuevas sanciones y por lo que se pueden exigir responsabilidades ante cualquier tipo de problema que pase en una playa”.