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La Laguna libre de paraísos fiscales

Se calcula que en todo el planeta entre 19 y 29 billones de euros se ocultan en los paraísos fiscales. La Unión Europea pierde un billón de euros cada año por lo que dejan de tributar esos fondos dirigidos a paraísos fiscales, lo que representa más que el gasto sanitario total de todos sus Estados juntos. El problema alcanza la categoría de drama en los países pobres y menos desarrollados, donde la pérdida de los ingresos fiscales excede el total anual mundial destinado a la ayuda al desarrollo.

Y todo esto sucede mientras la crisis económica castiga duramente a la ciudadanía en general y de un modo lacerante a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, que ven con impotencia como las instituciones que tendrían que defenderlos y velar por sus intereses hacen la vista gorda ante el problema.

Por otra parte, los continuos escándalos de corrupción, que vinculan a una parte de la política y la actividad económica-financiera, están contribuyendo a crear una brecha social entre la población y la elite político financiera que da sustento a esa situación y que sumado a las consecuencias nefastas de las políticas neoliberales (recortes, pérdida de derechos laborales y civiles, pauperización de los servicios públicos...), ponen en entredicho no solo al sistema político y la calidad de la democracia, sino que están contribuyendo a romper la cohesión social.

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Santa Cruz tendrá nueva playa, sí o sí

La decisión del Tribunal Supremo, conocida este jueves, por la que se confirma la nulidad de la declaración de BIC del entorno de la playa de Valleseco, es una magnífica noticia para la ciudad, porque permitirá el desbloqueo de un proyecto largamente acariciado por los vecinos de la capital. Santa Cruz contará con otra playa urbana –además de Las Teresitas– con todo los equipamientos complementarios para hacer de esta parte de nuestro litoral una zona de esparcimiento y recreo de primer nivel.

La sentencia no debe interpretarse de ninguna manera como el acta de defunción de los elementos patrimoniales que integran el lugar, porque el proyecto que queremos y defendemos para Valleseco contempla la protección de las naves y los muelles. Se debe ver como lo que es: una oportunidad para el progreso económico y social de la ciudad.

Así lo hemos entendido siempre desde el Ayuntamiento. Y de la misma manera que se han desbloqueado las trabas burocráticas que impedían el desarrollo del proyecto han caído todas las excusas del Estado para eludir su compromiso con el mismo. Por ello, a partir de este momento, plantaré batalla allá donde sea necesario para que el Gobierno que surja de las próximas elecciones generales ponga sobre la mesa definitivamente los 30 millones de euros precisos para hacer realidad este sueño de todos los chicharreros.

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Me hurtan un derecho fundamental

Entre unos y otros; aquellos y estos; los de aquí y los de allá; buenos, malos y mediopensionistas; entre todos la mataron y ella sola se murió.

Me han robado el sacrosanto derecho al voto. Tanto trilero suelto escondiendo la bolita ficticia en uno de los tres vasos volcados; charlatanes de feria con sus: “¡Me lo quitan de las manos!” “¡Ni dos ni tres ni cuatro! Por el mismo precio se lleva ¡media docena!”. Además son tan cutres que ni siquiera renuevan sus eslóganes. Repiten el mismo discurso de siempre; intentan engañarnos bellacamente y, además, se les nota que saben que nos están mintiendo aunque no les importa, pues actúan como si les creyéramos cual niños pequeños que todavía se tragan lo de los reyes magos, Papá Noel, lo de la cigüeña o el cuento de Caperucita roja y el lobo feroz.

La indefensión ante la dialéctica capciosa, reiteradas cantinelas asonantes, las sonrisas, besuqueo y abrazos a niños y abuelitas en campaña electoral, es insulto para la dignidad de un pueblo cuya buena fe se ve sorprendida, una y otra vez, por programas utópicos, promesas inviables unas y falaces otras… Declaraciones sesgadas que atentan contra el sentido común y el uso de razón.

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Canarias, más que un día

Celebramos el Día de Canarias, que siempre es un buen momento para reivindicar todo aquello que nos une, para recordar de dónde venimos y para reafirmar nuestra identidad como el pueblo que somos: tolerante, abierto, optimista y capaz.

El Día de Canarias es, ante todo, una oportunidad excelente para reflexionar sobre nuestro futuro y también sobre aquellas tareas que aún tenemos pendientes para concluir el diseño de una sociedad más justa, solidaria y próspera.

Canarias se construye los 365 días del año, desde la familia, la calle, el barrio, el pueblo, la ciudad, la isla o el Archipiélago; desde la esfera privada y el compromiso colectivo; desde la iniciativa privada y la administración pública. Canarias es la suma de las voluntades de dos millones de personas que cada día se acuestan con la esperanza de que el mañana sea mucho mejor que el ayer.

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¡Desahucia a un político!

La primera moción que presentó Podemos nada más llegar al Cabildo Insular de Tenerife, allá por julio de 2015, fue la declaración de Tenerife Isla Libre de Desahucios. Esta propuesta contemplaba la reactivación del Consejo Insular de la Vivienda y la creación de la Oficina de Intermediación por el Derecho a la Vivienda, concebida para proteger y orientar a las miles de familias inmersas en el angustioso drama de la ausencia de normativas y leyes que las protejan y garanticen el derecho a una vivienda digna que reconoce nuestra Constitución.

Entre 2007 y 2014 se ejecutaron en España más de 600 mil desahucios, alrededor de un 53 por ciento en viviendas habituales de particulares, es decir, más de 320 mil desahucios en primera vivienda en 8 años. Se estima que más de 40.000 familias se ven obligadas cada año a abandonar sus hogares por no poder pagar el alquiler o hipoteca. En Canarias rondamos los 2.300 desahucios al año, lo que equivale a una escalofriante media de algo más de seis lanzamientos de familias al día.

Esta situación desarraiga y exilia de sus propias vidas a las familias que han sido víctimas de esta estafa denominada crisis y que está hecha para ser pagada por la gente de abajo, trabajadora, mientras por arriba se rescata a los bancos de la quiebra con dinero público, como llevan décadas haciendo el PP y el PSOE, beneficiando a unas pocas personas cada día más ricas y perjudicando a la inmensa mayoría cada vez más pobre.

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Metáfora de la miel de palma

Ahora resulta que todas las instituciones se han preocupado por la regularización definitiva de la miel de palma, del logro de su denominación de origen y de la defensa de su denominación, cuando lo cierto es que desde que en 2001 la UE advirtiera del riesgo de ilegalidad de su concepto nada se hizo. Bueno sí, los representantes de las diversas instituciones tiraron la toalla antes de dar la batalla. Ahora, cuando a algunos se nos ha metido entre ceja y ceja la defensa de este producto y su entorno económico y social, salen con que hay muchas denuncias guardadas en la gaveta hacia los productores de miel. Por eso fueron miembros de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a “aconsejar” que comenzaran a poner en el etiquetado la palabra Sirope.

Pero ¿qué tiene la miel de palma?, pues tiene unas 9 empresas en entornos rurales que producen empleo y arraigo en esos núcleos poblacionales. Tiene una industria absolutamente sostenible, de transformación agroalimentaria que es el orgullo, no sólo de La Gomera, sino de toda Canarias. Una actividad que nos une con nuestros antepasados y que nos endulza algunos postres y ensaladas. Y no compite con la miel de abeja. Los canarios usamos las dos mieles para distintas cocinas. Pero sobre todo, la defensa del concepto es un ejemplo de hasta qué punto los canarios manifestamos que no estamos de acuerdo cómo nos tratan desde Europa. Cada vez que algo toca intereses de los grandes lobbies que allí están apostados para hundir a los pequeños productores, la UE pone el grito en el cielo. Y es normal que lo pongan, ese es el modelo de construcción europea que los poderosos defienden, en el que nos metieron, y donde parece no haber cabida para pueblos como el nuestro. A una cabida decente me refiero.

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Se confunden los términos

Art. 1, 2 de la Constitución Española “La Soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Indiscutible texto sin más interpretación que la específicamente expresada.

No obstante, la realidad no se ajusta al título jerárquico asignado por ley al pueblo soberano. Asistimos habitualmente con desolación a gestos y actitudes de algunos representantes políticos que “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular” (art. 6), pero que nada tienen que ver con el respeto debido hacia quienes les delegan la responsabilidad de servicio público, inherente a cada cargo oficial.

El actual destrozo social, político y económico inferido a esta ciudadanía, por mor de una gestión poselectoral nociva y contaminada de ambiciones individualistas e intereses de partido, nos ha abocado a un estado de indefensión de difícil escapatoria; pues unas nuevas elecciones, con los mismos candidatos de cada facción, no auguran ninguna posibilidad de éxito para nadie; en especial para el “patrono” defraudado por aquellos empleados que contrató en las urnas a partir de un currículo en formato de propaganda electoral y promesas falaces que jamás se cumplirían.

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El entendimiento político es posible

Hoy más que nunca, los ciudadanos reclaman a la política y a los políticos que resuelvan sus problemas, que aparquen sus diferencias ideológicas y pongan todo su empeño en dar respuesta a sus necesidades, que siguen siendo muchas. El ruido de los últimos meses, alimentado por el tacticismo electoral y por estrategias partidistas muy primarias, ha podido ahogar una realidad que, sin embargo, permanece anclada en nuestros pueblos y ciudades: el desempleo. Muchos parecen haber olvidado, en estos últimos meses de disputas políticas, que el paro sigue siendo el principal problema y la primera preocupación de los ciudadanos.

Precisamente porque esa situación no admite distracciones, los ayuntamientos de las cuatro ciudades más grandes de Canarias –Santa Cruz de Tenerife, La Palmas de Gran Canaria, Telde y La Laguna– nos hemos puesto a trabajar codo con codo para articular propuestas e iniciativas que permitan la creación de empleo en nuestros municipios y, en consecuencia, mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes.

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La nueva Ley del Suelo de Canarias o cómo reconstruir el aparato de dominación de la oligarquia

Canarias, como todos los pueblos del Estado español, está afectada por lo que se ha dado en llamar una crisis de régimen, que se produce cuando las instituciones políticas de un país se muestran incapaces de resolver una crisis económica; antes al contrario, sus esfuerzos se encaminan exclusivamente a favorecer a las élites detentadoras del poder económico, principales causantes del problema. Esto origina el desprestigio social de las instituciones políticas y fuerza la pérdida de legitimidad de quienes han gobernado y dirigido el país durante los últimos cuarenta años.

Antes de la crisis, bajo la pauta de la especulación y el pelotazo inmobiliario, los intereses de los grandes empresarios, unidos a los de una élite política corrupta y clientelar, gestaron una variante de crecimiento económico que generaba empleo (siempre con un paro estructural superior al de los países de nuestro entorno) y atraía rentas externas. El Estado y sus instituciones a escala autonómica permitían y promovían un modelo de crecimiento, cuyas principales características eran el endeudamiento privado, las burbujas especulativas y la desigualdad social. Pero la profundidad de la crisis ha desarticulado esa red de intereses en medio de un tsunami de casos de corrupción que afecta a todo el territorio nacional (Canarias es la cuarta c omunidad autónoma en casos judicializados “de extrema complejidad”). El modelo se ha agotado y con él ha perdido sentido la configuración misma del Estado, dando lugar a la citada crisis de régimen.

MERCANTILIZACIÓN DEL SUELO.- Ante esto, los grandes empresarios cuyos beneficios están en juego, exigen a los poderes públicos nuevas reformas estructurales de carácter neoliberal, con el objetivo de recuperar la acumulación de capital anterior. Concretamente en Canarias, junto a las exigencias generales de incremento de la explotación laboral, recortes, pérdida de derechos sociales y privatización de servicios públicos, la élite empresarial añade una demanda particular, que constituye un atentado capital a los intereses comunitarios: la mercantilización del suelo. Es decir, que el territorio del Archipiélago sea considerado no patrimonio de sus habitantes y sustentáculo de necesidades colectivas de todo tipo, sino mero objeto de negocio privado.

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No olvidamos a los más necesitados

Ahora que las cosas marchan algo mejor en la ciudad desde el punto de vista económico; ahora que los datos de contratación remiten a años buenos y ahora que Santa Cruz parece haber tomado un nuevo impulso, ahora es, precisamente, cuando no debemos dar la espalda a quienes siguen sufriendo los embates de la crisis económica.

Las cosas, en efecto, van mejor, pero eso no quiere decir que todo lo que destruyó la crisis haya sido restituido. Aún hay personas, demasiadas personas, que siguen orilladas en la escasez de recursos, cuando no directamente en la exclusión social. Somos conscientes de esa realidad hoy, como lo fuimos ayer. Y si en su momento tomamos medidas audaces –por novedosas– para paliar situaciones dramáticas como los desahucios o fortalecimos los mecanismos de amparo social, en la actualidad hemos incrementado las asignaciones presupuestarias en esta materia.

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