¿'Podemos' inhabilitado?

No sé ya qué es más preocupante: que el PP se crea sus propias excusas o que, sabiendo lo disparatadas que son, pretenda tomarnos el pelo a todos.

Vienen desde hace tiempo con la cantaleta de que ningún representante de Podemos -así se refieren a la Coalición Unid@s Podemos- puede formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales. Ahora tampoco Podemos podría influir, desde la representación parlamentaria que ostentan, en la renovación de un Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está vencido desde hace demasiado tiempo.

Es decir, que un partido que está envuelto actualmente en muy graves asuntos judiciales relacionados con corrupción/financiación electoral gran escala o con la utilización de las Fuerzas de Seguridad del Estado para perseguir a sus adversarios políticos o para destruir pruebas en materia de corrupción, se permite el lujo de inhabilitar a miembros de instituciones estatales elegidos por los ciudadanos para el ejercicio de funciones constitucional y legalmente regladas.

La alergia al pluralismo político

A este paso los ciudadanos vamos a tener que pedirle permiso a Casado, Miguel Ángel Rodríguez and company para decidir a quién y a quiénes no podemos votar.

La Constitución española, cuyo nombre algunos personajes tanto invoca en vano, se abre consagrando el carácter democrático y de derecho del Estado. A renglón seguido proclama como valores superiores del orden jurídico, es decir, de la regulación de nuestra convivencia, la igualdad y el pluralismo político.

Pluralismo político es nota primordial de una democracia que merezca ese nombre. Asociado a la libertad informativa y a la celebración de elecciones periódicas bajo garantía judicial marca la diferencia frente a otros sistemas que se intitulan democráticos (democracias populares, revolucionarias, orgánicas, corporativas...); pero no lo son. La inhabilitación de Podemos que el PP ha sentenciado inapelablemente es un síntoma muy serio de alergia al pluralismo político, que aproxima al PP a su denostado chavismo y al autoritarismo tradicional de los sectores conservadores de esta España nuestra. Miren por dónde.

Independencia judicial y separación de poderes

Separación de poderes es un concepto que se refiere, desde su formulación originaria, no tanto a la forma de elección o de designación de quienes desempeñan las principales funciones estatales: legislativa, ejecutiva y judicial, sino a la exigencia de que quien detente alguna de esas funciones del Estado no pueda detentar las otras. “Que las cosas estén dispuestas para que el poder frene al poder”.

Si todos los poderes emanan del pueblo, la composición de los órganos del Estado deben tener origen popular, mediante elección directa de sus miembros o mediante su designación por quienes ya han sido investidos de una representación popular. En una democracia representativa, éste suele ser el procedimiento más frecuente: la elección de segundo grado. No otro es, por ejemplo el de la elección/investidura del presidente del gobierno en la mayor parte de los regímenes de democracia parlamentaria.

A ninguno de los eminentes representantes políticos de la derecha o, sin ir más lejos, de las asociaciones judiciales conservadoras o de los propios miembros del CGPJ designados en un día ya lejano a propuesta del PP, se la ha ocurrido cuestionar la forma de elección de los miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que son de carácter vitalicio e integran un tribunal tan supremo que acumula el poder jurisdiccional de nuestros Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, por la circunstancia de que sean propuestos por el presidente norteamericano  -que es, no lo perdamos de vista, titular del Poder Ejecutivo- y confirmados por la mayoría absoluta del Senado, actualmente en manos republicanas; es decir, del partido de Trump.

 ¿Saben por qué? Porque la independencia judicial no depende sólo, ni fundamentalmente, de la forma de elección o de selección de los jueces (o de su órgano de gobierno, el CGPJ creado por la Constitución); sino de su inamovilidad y de su pleno sometimiento a la ley constitucionalmente establecida; porque es ese estricto sometimiento a la ley y sólo a la ley, expresión de la voluntad popular, el que asegura su independencia y del que provienen su autoridad y su legitimidad democráticas.

Hay ejemplos clamorosos de cómo jueces del Tribunal Supremo norteamericano, de ideología muy afín a la del presidente que los escogió pensando en inclinar a su favor la mayoría del Tribunal en asuntos muy polémicos (como, por ejemplo, el de los presos islamistas encarcelados en Guantánamo sin juicio previo), estuvieron a la altura de su misión de salvaguarda de la Constitución y desautorizaron importantes decisiones del presidente y su gobierno.

El PP debe pensar que todos los miembros del CGP actuarán siempre e invariablemente al dictado del partido que los ha propuesto, exactamente como los 7 vocales  que han solicitado una Sesión Extraordinaria del CGPJ para proclamar, sin el menor efecto jurídico,  la inconstitucionalidad de la Reforma del propio Consejo General del Poder Judicial propuesta por los Grupos parlamentarios del PSOE y Podemos.

La vigente exigencia de una mayoría reforzada de ⅗ para la elección por el Congreso y Senado de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que corresponden a cada Cámara, está muy bien concebida. Fue pensada, con muy buen criterio, para forzar un amplio consenso y como una garantía de la oposición y de las minorías, frente a una hipotética imposición por la mayoría gubernamental de turno.

Poner en manos del principal o de varios grupos parlamentarios de la oposición un derecho de veto que, en una democracia pluralista y para decidir la composición de órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, CGPJ, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas…) en los que residen funciones de garantía de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos, es muy recomendable.

Que un grupo de oposición haga uso de esa herramienta para bajarle las ínfulas a la mayoría gubernamental, es algo de pura normalidad democrática.

Pero que el partido que ha disfrutado de amplias mayorías parlamentarias de las que ha usado para influir en el nombramiento de los miembros de órganos constitucionales, use un mecanismo de garantía -caducados los mandatos tanto de las Cortes que les eligieron, como de los miembros de los órganos constitucionales elegidos por aquellas-  para mantener congelada la composición de aquellos órganos, es un fraude constitucional.

La penúltima excusa del PP

La penúltima excusa del PP, que oí anoche, es ya el colmo: “No participaremos en el diálogo ofrecido por el Gobierno mientras esté presente Podemos, porque quiere nombrar para el CGPJ a personas afines para protegerse frente a sus problemas judiciales”. Que Podemos lo logre, si en realidad fuera ese su objetivo, está por ver. Y también por ver, la gravedad y la complejidad de esas causas judiciales que el PP les achaca.

Por lo que la dirigencia actual del PP se supera a sí misma, intentando esgrimir un juicio de intenciones, un veredicto basado en la sospecha, frente a los más evidentes datos de la realidad.

Y estos datos son: 

Estas actitudes contumaces de la actual dirección del PP me parecen una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía española. Y de lealtad a la España constitucional, con cuyo nombre se llenan la boca todos los días.