Controlar los tres quintos del Senado como sea

La cada vez más ultraderechizada derecha española. Aimitación ibérica de las querencias de los Trump y sus mentores oligárquicos, está reaccionando contra reloj a los acuerdos de los partidos progresistas para las candidaturas al Senado. 

¿De qué estamos hablando? ¿Por qué ha subido tan de repente la cotización de la “Cámara Alta”? 

Porque pretenden alcanzar los tres quintos del Senado para controlar la renovación del Tribunal Constitucional que tienen bloqueada, en pura violación de la Constitución, desde hace tiempo. A pesar que desde el propio tribunal se ha instado al Senado a efectuar esa renovación. 

Por cierto: no he leído a ninguno de los académicos ni, desde luego, a los comentaristas y opinadores que se vienen escandalizando de que el presidente del Gobierno no hubiera disuelto la Legislatura al no poder aprobar los Presupuestos para cada anualidad, comentar nada ni ahora ni cuantas veces el PP ha bloqueado la renovación del consejo General del Poder Judicial o la del propio Tribunal Constitucional cada vez que le ha interesado. Porque la legitimidad del Gobierno, tras la investidura parlamentaria de su presidente, se extiende a toda la Legislatura. Con la Constitución en la mano. Y eso es así porque nuestro régimen parlamentario está concebido para preservar la estabilidad del Ejecutivo frente a las coaliciones negativas como la que han protagonizado PP/Vox durante todos estos años hasta que, al fin juntos, se han declarado amor eterno. 

Precisamente para afianzar esa estabilidad del Gobierno, la Constitución definió la moción de censura como procedimiento reglado para destituir al Gobierno, invistiendo simultáneamente a un nuevo presidente. Esa moción de censura que no se han atrevido a presentar. 

Sin embargo, la legitimidad democrática de los integrantes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial se extingue cuando termina el plazo constitucional para el que fueron designados. 

Quieren controlar en todo caso la mayoría del Tribunal Constitucional -al igual que lo han logrado con el Tribunal Supremo- para echar abajo la Constitución sin necesidad de acometer su reforma. 

Si la gran derecha española hubiera estado tan organizada como ahora durante la transición, es evidente que el sistema político y el de convivencia, la organización territorial del Estado, las libertades públicas, los derechos laborales y sociales que consagra la Constitución del 78 hubieran sido una quimera. 

Pues de esto estamos hablando. Y mientras lo escribo me vienen a la cabeza la contrarreforma laboral y la ley mordaza de Rajoy y, para no ir más lejos, las despiadadas y miserables decisiones que acaban de tomar el meadulce de Moreno Bonilla and Vox suprimiendo las ayudas a las ONG que asisten a los migrantes. O las exigencias de devolución de menores migrantes no acompañados en franca violación de los derechos que les reconocen las normas internacionales y españolas. 

Durante todos estos años ni en un solo “caso” los personajes y personajillos que la derecha ha colocado en el CGPJ y en los más altos tribunales se han saltado la disciplina ni las instrucciones de sus mentores conservadores. Resolviendo siempre a conveniencia de los objetivos (y en completa sincronía en los plazos) de la estrategia política del PP y sus espónsores empresariales. Ni una sola vez. 

Los objetivos son ahora más, mucho más ambiciosos. 

Detestan el sistema federal en el que se ha convertido la España de las Autonomías; quieren recortar derechos sociales tanto como puedan y, para blindar esos recortes frente a los ciudadanos, amordazar libertades y derechos políticos; privatizar un sistema de pensiones que la Constitución ordena que tenga carácter público (artículo 41); degradar la educación y la sanidad públicas, obstruyendo así la efectividad de esos derechos constitucionales (artículos 27 y 43 del Texto Constitucional)… 

Todos son derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, aunque no tienen idéntica estructura jurídica ni el mismo blindaje frente a una Reforma constitucional. Y todos han de ser desarrollados por Leyes, orgánicas u ordinarias. El Poder Legislativo ha de respetar su contenido esencial en el caso del derecho a la educación y los demás derechos reconocidos en el Capítulo II del título I. Y, respecto a los demás derechos, las Leyes deberán atenerse al reconocimiento, respeto y protección de los derechos que están constitucionalizados como principios rectores de la política social y económica: protección a la salud, al medioambiente, a la vivienda, a las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas para las personas de la tercera edad… 

Esta es la clave:

Si logran alcanzar los ⅗ del Senado y , en consecuencia, volver a controlar la mayoría del Tribunal Constitucional, podrán demoler gran parte de la Constitución sin que les haga falta proponer y aprobar una reforma de la Constitución para la que necesitarían en algunos supuestos los ⅔ del Congreso y del Senado (artículo 168) y en otros los ⅗ de cada una de las Cámaras. 

La experiencia histórica del constitucionalismo democrático enseña que muchas reformas constitucionales se han realizado sin tocar una letra del texto constitucional, por la mera sintonía del Legislativo y del Tribunal Supremo -en el caso de Estados Unidos, porque es el garante de la Constitución- o del Tribunal Constitucional, en el caso de algunos países europeos. Se llama a eso “mutación constitucional”, que normalmente se sustenta y desenvuelve en la lógica de la propia Constitución. El desenvolvimiento del federalismo norteamericano o del federalismo alemán son muy significativos. Algo similar ha venido ocurriendo importantes hitos en la consolidación de la Unión Europea: Leyes comunitarias más el visto Bueno del tribunal de justicia, sin tocar los tratados constitutivos. 

Aquí, una derecha completamente desatada, si pudiera hacerse con el Gobierno, sólo necesitaría recuperar la mayoría del Tribunal Constitucional para desmantelar derechos y principios constitucionales que constituyen el mejor legado de la transición y permitieron el paso desde una dictadura a una democracia que, con sus pros y sus contras, ha hecho posible el más prolongado período de convivencia pacífica y de avances en todos los ámbitos de la sociedad española. Tal y como es reconocido internacionalmente y está demostrado hasta en las competiciones deportivas. Imagínense el No-Do si el franquismo hubiera podido anotarse, por ejemplo, la tercera parte de la cuarta parte de los éxitos deportivos de esta España democrática 

Simplemente se trataría -y es lo que pretenden como sea- que un Tribunal Constitucional vaya respaldando ley a ley una reforma constitucional encubierta en todo aquello que interese a los poderes empresariales que respaldan y dirigen de facto a los partidos de la derecha y la ultraderecha. Aunque suponga la demolición de nuestro sistema de convivencia en democracia. Y un daño irreparable a las libertades y derechos de la mayoría. 

Y si, como espero, se vuelven a quedar en la oposición, el control del Senado les serviría para volver a convertirlo en el búnker contra un nuevo Gobierno progresista. Aún a costa de la prostibulación de una Cámara “Alta” en la que nunca colaboraron para convertirla en la Cámara Territorial de la España de las Autonomías en la que nunca creyeron. Créanme que sé de lo que hablo después de haber sido portavoz socialista en la única Comisión Especial creada y que realizó sus trabajos durante toda una Legislatura (la VI) para estudiar y proponer una reforma del Senado en clave de esa Cámara Territorial, que proclamó pero no reguló la Constitución de 1978.