¿Ciao democracia?; ¿bye bye estado social?

A la gran derecha occidental, es decir al gran capitalismo, le vienen sobrando Democracia y Estado Social. Esto empezó desde que se apercibieron de que aquel mundo, con el que competían por la hegemonía global, que era el de la Unión Soviética -que nació con una revolución y degeneró con el estalinismo- había colapsado económicamente. Era a principios de los 70 del siglo pasado. Entonces, no antes ni después, surgió la “revolución” neoconservadora, neoliberalismo en política económica, autoritarismo y deterioro de las libertades, de los derechos laborales y de los programas propios del Estado Social. Todo en el mismo pack. De Reagan y Thatcher a Trump, pasando por un Aznar cada vez más tétrico y amenazador. 

Y en España, justo entonces, se inició la Transición, entró en vigor la Constitución del 78 y nos pusimos a construir el Estado social remando contra la marea. 

Hoy están completamente desatados. Y, cómo no, también en España. Y al “modo hispano”. Para ponerse a temblar. Los poderes fácticos de este País Ibérico y nuestro, aceptaron a regañadientes que la desembocadura del franquismo no fuera un mero remedo de democracia. Y, en este contexto internacional, creen que les ha llegado la vez. 

Estas últimas legislaturas pasarán a los libros de Historia. Una derecha empresarial, con todos sus rejos de influencia; sus representantes políticos empapados de mediocridad y de falta de escrúpulos; una derecha judicial acaparadora de los principales enclaves de la judicatura, y hasta no hace mucho del Tribunal Constitucional, manejando obscenamente los plazos de las investigaciones judiciales y a la hora de dictar sentencias (siempre contra el Gobierno y siempre a conveniencia y en sintonía con las andanzas de la oposición) y dictando resoluciones jurídicamente aberrantes; la complicidad activa de algunos jefes policiales a las “órdenes”, es un decir, de ciertos jueces de instrucción… y el renacimiento de esa fuerza de choque del gran capital, que hoy son los partidos de la ultraderecha como en su día lo fueron el fascismo y el nazismo. 

La sistemática obstrucción a las políticas estatales y la dejación de sus propias competencias por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos en manos de la derecha, a pesar del notable incremento de recursos financieros que les ha proporcionado el Gobierno estatal, suponen un ataque sin precedentes al sistema político y a la forma de convivencia entre los pueblos de España que es el Estado de las Autonomías. Les da lo mismo, porque nunca creyeron en la idea de una España plural y solidaria y, por eso mismo, más unida. 

El objetivo es demoler el Estado Social y reinstaurar la ley de la selva y el capitalismo salvaje. Pero para eso tienen que fulminar la democracia o convertirla en una máscara vacía, en una tétrica farsa. 

Cuando en 2012 el Gobierno Rajoy modificó por decreto-ley en profundidad el Estatuto de los Trabajadores, estaba cantado que necesitarían deteriorar las libertades y los derechos de reunión y manifestación. Porque si no lo hacían, los trabajadores y amplios sectores de la población ejercerían esas libertades y esos derechos de ciudadanía activa para defenderse del deterioro de los servicios públicos, la privatización de la educación y la

sanidad y los ataques gubernamentales contra los derechos laborales. Y ése fue el camino que emprendieron aprobando la Ley Mordaza (2015). Por cierto, nada dijo la CEOE -que ahora se escandaliza de que se legisle sobre la vivienda por Decreto-Ley- cuando le dieron el serruchazo al Estatuto de Trabajadores ¡por decreto-ley! Con una “diferiencia”: que ahora es para reforzar el derecho a la vivienda y entonces fue para recortar derechos laborales. 

Desde que prosperó la moción de censura (2018) no han reconocido en ningún momento la legitimidad de los Gobierno progresistas. Ya se sabe que todos los golpes de estado empiezan negándole a un Gobierno su legitimidad. 

Pero en esta legislatura han desbordado todos los límites. 

El balance de la acción del Gobierno es excelente, a pesar de todas las vicisitudes que ha habido que superar. Son datos, simple y llanamente datos: en crecimiento económico y empleo (cantidad y calidad); en revalorización y saneamiento del sistema de pensiones; en transición e implantación de las renovables, fortaleciendo la soberanía energética… Y en el plano Internacional, un expediente impecablemente comprometido con la paz, con la defensa del Derecho y de las instituciones internacionales en peligro de demolición, con el fortalecimiento de la cooperación y desarrollo -mientras tantos gobiernos de países que han saqueado hasta el límite los recursos naturales de continentes enteros y devastado sus formas de organización social efectúan recortes despiadados en ayuda humanitaria y siembran el odio contra los migrantes-. 

Una España democrática de la que sentirse orgulloso con los datos en la mano, sin patrioterías hueras. 

La derecha y la ultraderecha y sus patrocinadores empresariales, por contra, dando un espectáculo protogolpista diario y sin tomarse un respiro. 

Vistas las cosas con alguna perspectiva, a nadie debiera quedarle dudas de que el Procés de Catalunya se fue incubando durante un decenio, el mismo que el de los recortes sociales a todo trapo que aplicaban con deleite el Gobierno de España y el de la Generalitat, ambos en manos de la derecha. Manejaban el conflicto como la coartada patriótica de siempre, la que sirve para cubrir de banderas los intereses a que responde una política y un gobierno. Y confiaban en que fuera sólo una “guerra” de baja intensidad, hasta que se les fue de las manos. Suele ocurrir. 

Después vino la campaña contra la Ley de Amnistía, en la que jugaron un papel tenebroso asociaciones y destacados personajes del Poder Judicial. Años enteros con la cantinela de “golpistas”. Tanto que hasta el propio Tribunal Supremo se negó a acatar la Ley de Amnistía calificando el Procés de golpe de estado, a pesar de que no condenó a sus líderes por el delito de rebelión, sino por un delito contra el orden público. Qué les va a importar a estas alturas la indudable mejora de la convivencia en Catalunya. 

Si los poderes fácticos y la derecha política han estado dispuestos a todo esto y más con tal de derrocar al Gobierno progresista, qué no estarán dispuestos a hacer -en términos de degradación de la democracia- si llegan al poder para no perderlo para “nunca jamás”.

Pues todo esto es lo que nos estamos jugando