Los municipios canarios piden al Gobierno regional limitar los precios de los alquileres

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, ha denunciado en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil que la vivienda es el principal factor de vulnerabilidad y de cronificación de la pobreza en las islas, por lo que ha reclamado limitaciones al precio de unos alquileres inasumibles, que alcanzan 600 euros por habitación en municipios no capitalinos.

Cabe recordar que el Gobierno canario no ha aprobado ninguna medida para limitar los precios en las islas y que tampoco amplica la ley estatal de Vivienda, que sí abre esa posibilidad en las llamadas zonas tensionadas. De hecho, el Gobierno canario no ha reconocido aún ninguna zona tensionada en el archipiélago.

La construcción de vivienda pública es demasiado lenta y mientras tanto es necesario que el Gobierno de Canarias adopte medidas como declarar zonas tensionadas para limitar los precios y fomentar la rehabilitación, ha señalado Brito.

Sobre la regulación del alquiler vacacional, ha denunciado que la inspección recae en los ayuntamientos sin que se les aporte financiación.

También ha planteado limitar la compra de viviendas por extranjeros, aunque ha reconocido las dificultades competenciales y las derivadas del marco europeo.

Brito ha denunciado la frustración de los municipios con el Gobierno de Canarias porque no ha dotado económicamente el catálogo de servicios sociales, argumenta que “ha planteado modificarlo, pero tampoco ha acometido esa reforma”, y no ha actualizado desde 2002 el Plan Concertado con los ayuntamientos.

La presidenta de la Fecam también ha exigido la cobertura total del ciclo educativo de 0 a 3 años en todas las islas, ya que los ayuntamientos se ven obligados a asumir competencias impropias para mantener las escuelas infantiles.

Ha reprochado a Educación hablar solo de infraestructuras y ha rechazado atribuir al mantenimiento municipal los problemas de climatización, porque “no se puede mantener lo que no existe”.

La representante municipal se ha quejado además de que las partidas del Estado contra la pobreza, que suponen entre 7 y 9 millones de euros para los ayuntamientos, llegan a final de año y apenas sirven para cubrir los gastos estructurales y de personal en que han incurrido a lo largo del año, de modo que no permiten impulsar nuevas iniciativas.

María Concepción Brito ha advertido de que el estrés económico y habitacional está relacionado con un aumento de problemas de salud mental diagnosticados en menores de 18 años y ha exigido al Servicio Canario de la Salud que incorpore psicólogos en los centros de salud comarcales, ya que los recursos de apoyo que están poniendo los ayuntamientos son insuficientes.

Existe una creciente problemática en salud mental y adicciones en jóvenes que exige equipos de educadores de calle y el sinhogarismo recae sobre los recursos insulares por falta de financiación municipal, ha denunciado Brito.

Brito ha considerado que los diagnósticos ya están hechos y ha advertido de que dos salarios en un hogar ya no bastan para cubrir todos los gastos esenciales de una familia.

Los ayuntamientos, sobre todo los de menos de 10.000 habitantes, carecen de recursos para mantener equipos multidisciplinares, se tienen que limitar a trabajadores sociales sin apoyo de psicólogos o educadores y los fondos del Plan Concertado son insuficientes para ampliar plantillas, ha insistido.

También ha propuesto actuar sobre la sobrecarga emocional en profesionales de acción social, sometidos a un gran desgaste y bajas por estrés emocional por la dureza de los casos a los que atienden, mediante la creación de un servicio especializado de atención psicológica dependiente de Sanidad.