“Guaguas sí, autobuses no”: una plataforma ciudadana pide que Global sea pública

La Plataforma Ciudadana por el Transporte Público de Gran Canaria ha presentado este martes su propuesta para el futuro del transporte interurbano de viajeros de la isla redonda con una reivindicación concreta: que GLOBAL pase a ser una empresa pública y que Gran Canaria avance hacia un modelo de gestión directa de su transporte interurbano, tomando como referencia el modelo existente en Tenerife con TITSA.

La Plataforma pide que el Cabildo de Gran Canaria impulse una moción que se traslade oficialmente a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) para ello. La propuesta ha sido dada a conocer durante una rueda de prensa celebrada en el salón de actos del Edificio Sindical de Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Primero de Mayo, 21, donde la Plataforma ha presentado públicamente su Manifiesto en Defensa de la Movilidad Pública de Gran Canaria.

Bajo el lema «¡Guaguas sí, autobuses no!», la Plataforma quiere situar en el centro del debate una cuestión que considera que va mucho más allá de decidir qué empresa prestará el servicio en el futuro. La organización alerta de que la isla se juega el modelo de transporte de las próximas generaciones y dónde debe permanecer la capacidad de decisión sobre un servicio tan esencial para Gran Canaria.

La actual concesión del servicio finaliza el 31 de diciembre de 2027. Según recoge el manifiesto, la proximidad de esa fecha está generando incertidumbre no solo entre los trabajadores y trabajadoras de GLOBAL, sino también sobre el futuro del propio servicio. El documento pone especialmente en valor el transporte como un servicio público esencial para la clase trabajadora de la isla y, por tanto, como una herramienta fundamental para la cohesión social, el equilibrio territorial y el desarrollo económico de Gran Canaria. Cada día, decenas de miles de personas dependen de esta red para acudir a sus puestos de trabajo, centros educativos, hospitales, servicios públicos y desarrollar su actividad cotidiana.

Ante este escenario, la Plataforma plantea que Gran Canaria no debe limitar el debate a una nueva concesión, sino analizar la posibilidad de la gestión directa del servicio, aprovechando la experiencia, la estructura organizativa y el capital humano acumulados durante décadas por GLOBAL, sin entregar a una multinacional lo logrado por nuestra gente durante décadas.

“No estamos hablando únicamente de quién pone las guaguas en la carretera. Estamos hablando de quién decide sobre la movilidad de Gran Canaria, de si lo hace una empresa de fuera o una empresa de todos los grancanarios”, expresaron en rueda de prensa sus portavoces.

La referencia utilizada por la Plataforma es el modelo existente en Tenerife. En 2007, el Cabildo de Tenerife adquirió el 100% de las acciones de TITSA, pasando desde entonces a gestionar tanto la empresa como las frecuencias, horarios y líneas.

Para la Plataforma, esta diferencia entre ambas islas debe acabar. Su reivindicación es que Gran Canaria no puede caer en la privatización de una empresa de economía social como GLOBAL.

Preservar un patrimonio construido durante décadas

La Plataforma reivindica también la singularidad del modelo empresarial desarrollado históricamente alrededor de GLOBAL. Recuerda que los propios trabajadores participan en la propiedad de la empresa y vincula este modelo de economía social con el mantenimiento en Canarias de la riqueza generada por el servicio y su repercusión en las familias trabajadoras de la isla.

A ello se suma un capital humano especializado, con décadas de experiencia y conocimiento del territorio. La Plataforma subraya además que alrededor del servicio existe un importante tejido de empleo indirecto asociado a empresas de limpieza, talleres externos, tapicerías, electricistas, neumáticos y otras actividades necesarias para su funcionamiento.

Por este motivo, considera que la decisión sobre el futuro del transporte interurbano no debe abordarse exclusivamente desde criterios económicos o mercantiles. El manifiesto reclama que se valoren también la calidad del servicio, el empleo, la economía social, el arraigo territorial y la capacidad de Canarias para gestionar los recursos y la riqueza asociados a un servicio estratégico.

Gran Canaria ante una decisión que marcará las próximas décadas

Para la Plataforma, la gestión directa debe servir para adaptar el transporte interurbano a las necesidades reales de la isla y garantizar la conexión entre barrios y municipios.

La orografía de Gran Canaria y la dispersión de muchos núcleos de población hacen necesarias conexiones cuyo valor social no siempre se refleja en su rentabilidad económica. Por eso, la Plataforma reclama que la planificación de la red responda a criterios de servicio público y cohesión territorial.

La Plataforma pide al Pleno del Cabildo que impulse el cambio de modelo y traslade la propuesta a los órganos competentes de la Autoridad Única del Transporte. En ese ámbito deberán analizarse los instrumentos jurídicos, económicos y organizativos necesarios para avanzar hacia la gestión directa.

La Economía Social, también en el centro del debate

La reivindicación se produce, además, a las puertas de un año especialmente significativo para este modelo empresarial. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han sido designadas conjuntamente Capital Española de la Economía Social 2027, una distinción impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, compartirán ambas capitales canarias.

Actualmente, la economía social canaria está integrada por 3.516 entidades y genera alrededor de 17.000 empleos, según los datos difundidos por el Gobierno de Canarias.

Para la Plataforma, esta circunstancia añade una dimensión especial al debate sobre el futuro de GLOBAL y considera necesario preservar el patrimonio cultural y lingüístico asociado a este servicio. La palabra «guagua», arraigada en el habla cotidiana de Canarias, da sentido al lema «¡Guaguas sí, autobuses no!», con el que reivindica que las decisiones sobre el transporte permanezcan vinculadas a Gran Canaria y a su gente. 

«En 2027, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife serán conjuntamente la Capital Española de la Economía Social. Creemos que es precisamente el momento de preguntarnos qué modelo queremos proteger y fortalecer en Canarias y qué papel queremos reservar a nuestras empresas de economía social en la gestión de servicios esenciales», señala la Plataforma.

La Plataforma solicita que los grupos políticos de la Corporación insular se pronuncien y que el Pleno acuerde iniciar el procedimiento necesario para avanzar hacia un modelo de gestión directa del transporte interurbano y convertir GLOBAL en una empresa pública, tomando como referencia la experiencia de TITSA en Tenerife. 

Tras ese impulso político, correspondería a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria estudiar y desarrollar, en el ámbito de sus competencias, los instrumentos necesarios para hacer efectivo el cambio de modelo.

La organización expresa que «lo que conecta a Gran Canaria también debe permanecer vinculado a Gran Canaria» y quiere ahora trasladar este debate al conjunto de la sociedad grancanaria. Reclama, además, que una decisión que condicionará la movilidad de la isla durante las próximas décadas no se adopte únicamente como un expediente administrativo o económico.

Porque, como concluye el manifiesto, «la movilidad pública es un derecho básico de la ciudadanía», y la Plataforma defiende que el futuro de la isla debe construirse reforzando su capacidad para gestionar sus propios recursos y preservar la riqueza que genera.