La jueza de la causa penal de Cuna del Alma rechaza la petición de archivo del director general de Costas
La jueza que investiga la comisión de presuntos delitos penales en la promoción del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), ha rechazado la petición de archivo de dos de los investigados en la causa: el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta (nombrado por Coalición Canaria), y el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz.
En una providencia fechada el 10 de noviembre, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona, Sandra Peraza, señala que aún está “pendiente” la práctica de nuevas diligencias y que, por tanto, todavía no es el “momento procesal” para resolver favorablemente esa solicitud de archivo.
La decisión de la jueza llega días después de que la Fiscalía también se opusiera al carpetazo de las actuaciones. En ellas se investigan presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a la promotora de Cuna del Alma, la empresa Segunda Casa Adeje, para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, esto es, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar.
Las obras en ese pequeño terreno, paralizadas desde hace más de medio año, apenas ocupan el 5,25% de la parcela T2 del proyecto, de unos 45.000 metros cuadrados (la iniciativa en su conjunto abarca cerca de 430.000 m2). Segunda Casa Adeje estaba levantando un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas, que forman parte de la controvertida urbanización de 420 villas de lujo proyectada en el Puertito, un paraje natural rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.
El escrito en el que la Fiscalía se opone al archivo de la causa recoge las conclusiones de un informe pericial sobre las obras de Cuna del Alma en la zona de servidumbre de protección.
Según ese documento, los cuartos de instalaciones y las piscinas descubiertas de varias unidades de alojamiento “forman parte de una edificación destinada a habitación”, una modalidad que la Ley de Costas de 1988 “prohíbe de forma expresa”.
En cuanto al restaurante, el informe señala que, aunque no está prohibido por esa misma normativa, al igual que las demás infraestructuras que dan servicio al establecimiento, “no encaja en ninguna de las tres categorías de obras que el artículo 25.2 de la misma ley [la de Costas] permite”. Es decir: “Ni su naturaleza impone esa ubicación, ni presta servicio al uso público del dominio marítimo-terrestre, ni constituye una instalación deportiva encubierta, y respecto del túnel de servicio, no consta acreditado que no pueda tener otro trazado”, apunta el informe pericial, según el escrito de la Fiscalía.
El Ministerio Público concluye, por tanto, que la solicitud de la promotora, autorizada por el director general de Costas, “debió ser rechazada”. Y el informe jurídico, firmado por el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Gobierno canario, “debió ser negativo”.
La Fiscalía recuerda que el primer informe técnico incorporado al expediente fue desfavorable, un hecho “conocido por ambos investigados”. Añade que “las razones por las cuales el informe y la resolución debían ser negativas eran de sobra conocidas por ambos investigados y obviadas por razones que se desconocen, pero ajenas a las estrictamente jurídicas”.
El Ministerio Público también señala que en el informe jurídico que sirvió de base para resolver a favor de la promotora de Cuna del Alma “solo se hace constar que se emitió informe técnico, pero no el sentido del mismo; que se emitió informe jurídico, pero que el mismo no se pronunciaba de forma definitiva sobre el fondo del asunto”.
La Fiscalía agrega que al expediente se incorporó un “informe” de la Dirección General de Biodiversidad, “cuando lo que realmente se recibe es una comunicación solicitando documentación ampliatoria para la emisión del referido informe”.
“Desconocemos las razones por las que se procede de esta forma, pero se conoce la finalidad por la que se realiza: la de conceder una autorización que debió ser denegada”, concluye el Ministerio Público.