La alcaldesa trumpista que se va a encontrar el Papa cuando llegue a Arguineguín

La visita del Papa a las Islas Canarias será un acontecimiento histórico. Mucho más allá de lo que va a significar para el resto del país. Esta no es una aclamación chauvinista, ni una reafirmación nacionalista barata. León XIV ha aceptado venir a las Islas porque con ellas podrá hacer que se visibilice hacia el mundo su posicionamiento ante uno de los fenómenos más cruciales de cuantos está viviendo la humanidad en estos momentos: la inmigración.

El Papa quiere reiterar desde Canarias los mensajes que ha venido lanzando estos últimos meses, pero quiere estar rodeado de personas migrantes, las que han venido en pateras y cayucos y las que han venido en vuelo regular y han decidido quedarse en Canarias, en España, en Europa para iniciar una vida mejor. Por eso visitará Las Raíces, en La Laguna, y el muelle de Arguineguín, en Mogán, lugares señeros de la Ruta Canaria, la más mortífera de todas las conocidas, con 365 personas que se han quedado por el camino.

Aquí, en Arguineguín, donde se produjo en 2020 un hacinamiento de hasta 2.500 personas que condujo a duras críticas al Gobierno, el Papa será recibido por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y el director general de Puertos de Canarias, José Gilberto Moreno, según decidió hace unas semanas el Obispado de Canarias en contra de algunas opiniones que lo desaconsejaban por la actitud que la primera autoridad municipal ha mostrado históricamente contra la inmigración, frontalmente contraria a la del pontífice.

Por sus hechos ya la conocemos de sobra

Las hemerotecas están plagadas de declaraciones y decisiones de la alcaldesa de Mogán que hacen aconsejable que el Papa dirija hacia ella sus mensajes de conciliación, como ha hecho con Donald Trump por sus inhumanas políticas migratorias.

El numerito más señero de cuantos ha protagonizado Onalia Bueno quizás haya sido el de alquilar tres guaguas para trasladar a 227 inmigrantes desde Arguineguín hasta la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria (65 kilómetros) cuando la Policía Nacional decidió descongestionar el muelle dejando en la calle y sin atención a esas personas una vez fue verificado su estado de salud.

Emulaba de este modo a quien fuera su líder ideológico, José Manuel Soria, que en 2001, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, desalojó del parque de Santa Catalina a un amplio grupo de migrantes que dormían al raso, los metió en un avión y los mandó a Madrid sin encomendarse a nadie y sin avisar a las autoridades de esa comunidad autónoma.

Tenía la razón la alcaldesa en cabrearse con el ministro del Interior por provocar esa desatención a esos migrantes, pero su gesto de trasladarlos en guagua a la Delegación del Gobierno, más que una protesta era un nuevo gesto de desembarazarse de un asunto que le irrita sin disimulo.

Onalia Bueno nunca quiso que Arguineguín, y por extensión todo el municipio de Mogán, fuera lugar de llegada de las embarcaciones en las que huyen de la pobreza, de la persecución y la muerte las personas migrantes. Lo dejó muy claro desde el principio y lo elevó a la máxima categoría del imposible institucional cuando en 2023 llegó a proclamar en un pleno de su Ayuntamiento que iba a pedirle al Gobierno de Canarias que echara del puerto de Arguineguín a las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para rescatar a los cayucos que piden ayuda en la mar.

El motivo humanitario que arguyó es que esas labores perjudican la actividad comercial y turística del municipio, y eso no puede ser. Se refería en concreto a los barcos turísticos de recreo que veían dificultada su operatividad al encontrarse que los atraques estaban ocupados por esas embarcaciones de salvamento y, a veces, por algún cayuco. No dejó muy claro la alcaldesa si molestaba más el cayuco o las dos patrulleras oficiales, pero por el tono de sus críticas mucha gente adivinó claramente la intencionalidad xenófoba de los comentarios porque se detuvo bastante en la palabra “suciedad”.

Esa posición la volvió a manifestar cuando montó en cólera al enterarse de que para dar cobijo a los muchos inmigrantes que llegaron aquel año terrible de la pandemia, el Gobierno se vio obligado a contratar hoteles -cerrados por la falta de turistas- para que aquellas personas no se quedaran en la calle tras abandonar el puerto de Arguineguín. 

En noviembre de 2020 dio un ultimátum tanto a los hoteleros como al Gobierno para que sacaran de su municipio a esas personas con la amenaza directa de sancionar a las empresas con fuertes multas por dañar la imagen turística de su municipio, en aquellos momentos con todas las camas disponibles por razones obvias.

Como dato curioso, la rueda de prensa que convocó para informar al mundo de su decisión de perseguir a quienes alojaran inmigrantes, se celebró dos meses después de haber sido detenida por la Guardia Civil por la presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019, que por supuesto ganó. La alcaldesa vinculó su detención y la operación de la Guardia Civil a “la defensa de los derechos humanos” que ella hacía desde su cargo y sus críticas a la política migratoria del Gobierno español.

Sus actuaciones contra el alojamiento a inmigrantes la condujo incluso a convocar a la ciudadanía moganera a manifestarse frente a esos hoteles para coaccionar a sus propietarios. Cuando se dio cuenta de su desatino dijo que, en realidad, aquella manifestación, que se celebró el 27 de noviembre de 2020, el año de la pandemia, fue convocada por una supuesta plataforma vecinal que actuó espontáneamente en respuesta al rechazo de su alcaldesa a los inmigrantes en el municipio. 

Los gritos proferidos en aquella manifestación contra las personas migrantes fueron propios de un pueblo racista y xenófobo, contrario a los más básicos principios cristianos. Parte de ese mismo pueblo acudirá ferviente a recibir a Su Santidad, seguro.

No pagar ni los entierros

Por no quererlos, Onalia Bueno no quería a los inmigrantes ni siquiera muertos. En septiembre de 2023 dijo que su Ayuntamiento no iba asumir ni un enterramiento más porque, a su entender, al haber muerto en el mar, debía ser el Estado el que asumiera los costes y la búsqueda de nichos disponibles, que los suyos eran para sus vecinos. El reglamento de Política Sanitaria Mortuoria establece que deben ser los ayuntamientos los que se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro de su término municipal. El coste por enterramiento iba de 600 a 1.000 euros, y por ahí no quería pasar tampoco la alcaldesa.

La prioridad española referida también a los nichos.

La visión del fenómeno de la inmigración que tiene la alcaldesa que va a recibir con una genuflexión al Papa se asemeja mucho al de Donald Trump, en Estados Unidos, y a la de Vox, en España, justo los modelos que rechaza León XIV y que están en el origen de elegir Canarias como una de las estaciones de su visita a España. Quizás hubiera sido más acertado el muelle de La Restinga, en El Hierro, que ha sufrido similar presión humana y asistencial y cuyas autoridades y ciudadanía han respondido de una manera mucho más civilizada que la que ha capitaneado la alcaldesa Onalia Bueno.