Bermúdez y sus vestigios franquistas
La resistencia se hace fuerte en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es la única institución democrática que sigue batallando por preservar el monumento a Franco que se levanta en la Avenida de Anaga en contra de la Ley de Memoria Democrática estatal y de Memoria Histórica de Canarias. Y dentro de la resistencia municipal capitalina, una dura pugna para ver quién defiende el conjunto monumental con más pasión. Importan poco los argumentos, cada vez más débiles: cuando ya ha arrancado la cuenta atrás de los seis meses que tiene el consistorio para desmontarlo y llevarlo a unos almacenes, o fundirlo y venderlo al peso, o crear un museo submarino y exponerlo bajo el mar, como sugirió en su día el portavoz de Izquierda Unida Ramón Trujillo… lo que interesa es demostrar a cierta parte de la ciudadanía quién defiende este vestigio franquista con más frenesí irracional.
Se han alineado en el pleno municipal de Santa Cruz todos los planetas para que tengan voz en este asunto los más señeros defensores de este vestigio franquista, empezando por su alcalde, José Manuel Bermúdez, y el portavoz de su partido, Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, que compiten en feroz desafío con la tercera teniente de alcaldesa, Zaida González, del Partido Popular, y el concejal de Vox, Luis Sosa-Tolosa del Valle, que dedica el tiempo libre que le dejan las tareas municipales a presidir la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, a la que no se conoce otra actividad que la defensa del monumento a Franco por todos “sus valores”, de vez en cuando el artístico.
Lejos han quedado aquellos tiempos en los que el portavoz de CC en la Corporación era Juanjo Martínez, que desde que se encendió la polémica se mostró favorable a retirarlo, aun reconociendo que aquella no era una postura unánime en su partido. Y lejos ha quedado también (nueve años atrás) la decisión de la junta de gobierno municipal, con Bermúdez a la cabeza pero con la presencia de casi todos los mismos protagonistas de la vida política actual (Carlos Tarife, Zaida González…) de encargar un estudio sobre los vestigios franquista de Santa Cruz a la experta Maisa Navarro.
Lo hizo Bermúdez para esquivar un pleito judicial, y a cambio se vio frente a la cruda realidad ya conocida por todo el mundo: que la capital tinerfeña es una de las ciudades españolas con más vestigios franquistas porque sus sucesivos gobernantes jamás han sentido la obligación de irlos retirando, aunque fuera al golpito.
El destino quiso que el informe se acabara y se entregara al ayuntamiento en el breve espacio de tiempo en el que ocupó la alcaldía Patricia Hernández, del PSOE, poco antes de que una moción de CC con el PP y la famosa tránsfuga Evelyn Alonso, devolvieran a la normalidad del modo canario el reparto de poder en la ciudad.
La alcaldesa, que no había encargado el informe pero le comprometía, quería la implicación de toda la Corporación, de modo que convocó a todos los grupos políticos para decidir qué hacer. Llamativamente, sólo obtuvo la unanimidad en aquellos momentos (principios de 2020) en torno a que el monumento a Franco debía ser retirado, con las únicas dudas planteadas por parte del PP y Ciudadanos, que propusieron como alternativa su traslado a otro lugar para no perder la escultura. Luego llegó la pandemia y la moción de censura… Y se jodió el Perú.
Regresó Bermúdez al poder y con él, un cambio absoluto de planteamiento alimentado por factores externos que el alcalde quiso conjugar a su favor. Que el catálogo autonómico de vestigios franquistas empezara por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife le sirvió para volver a agitar una de las banderas favoritas del insularismo de Coalición Canaria: el agravio a Tenerife, la ofensa desde la pérfida Canaria, el envidioso secarral que con tanto denuedo describió quien sigue siendo a día de hoy inspirador de tantas excusas, don Pepito, José Rodríguez Ramírez, director-editor de El Día en los años más gloriosos.
Don Pepito nunca llevó muy bien aquello de tener antepasados canariones, concretamente de la ciudad de Arucas, aunque siempre supo sobreponerse a aquella mancha de sus ancestros con proclamas cada vez más radicales contra Gran Canaria.
Tantos años después de su muerte y de que su periódico haya pasado a otras manos, el mensaje de don Pepito sigue vivo en muchos dirigentes públicos de la isla que explotan aún esos sentimientos sabedores de que una parte de la población aún los abraza. Como hizo en el último pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz la concejala del PP Zaida Rodríguez, que esgrimió ante la ciudadanía como argumentos de peso los comentarios de la gente que ella misma escogió de su cuenta en Facebook para defender la permanencia del monumento a Franco: “Si estuviera en Las Palmas de Gran Canaria se nombraría de otra manera”. “La historia no se cambia, que nos estamos quedando sin nada y lo único que prevalecerá será lo que hacen los políticos que de bueno, nada, y será la historia de las nuevas generaciones. Viva España”. “Se lo llevarán también para Las Palmas de Gran Canaria, como el crucero Canarias, que como lo quitan de la calle del edificio de Méndez Núñez, ah, que por qué no quitan el edificio de Méndez Núñez…”
Algo más técnico, al menos en apariencia, ha estado estos días el alcalde José Manuel Bermúdez, quien con sus estudios de Derecho en la mano ha pregonado en algunos medios de comunicación que el monumento sólo se tocará con lo que dice la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. Según su criterio, los juristas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática saben menos que él y están dejando que Ángel Víctor Torres actúe con motivaciones ideológicas. En Canal 4 de Tenerife, llegó a decir que una opción es organizar visitas al monumento del tipo que las que se hacen al campo de concentración de Auswitch, “donde yo he estado”, enfatizó, para explicarle a la gente lo que no puede volver a suceder: “un golpe de estado ilegítimo”.
Pero no aclara la primera autoridad municipal chicharrera cuáles son los argumentos jurídicos que le avalan, entre otras cosas porque no tiene ni un solo argumento jurídico que le avale. Ni un informe de los servicios correspondientes del consistorio que le permitan afirmar sin riesgo a caer en la demagogia que lo que mueve al Gobierno de España, y más específicamente al ministro Ángel Víctor Torres, es la ideología y no una ley democráticamente aprobada. Los mismos argumentos que emplean los fascistas que se niegan a aceptar la resignificación de Cuelgamuros.
Los antepasados fascistas
Tanto a Bermúdez como a muchos de sus correligionarios de CC, así como al PP y a Vox sí que les anima la ideología a mantener vivo este debate sobre los vestigios franquistas. En el fondo se consideran guardianes de las esencias del chicharrerismo más acendrado, el que va desde preservar el monumento a Franco por considerarlo parte de sus esencias a no permitir bajo ningún concepto que el estadio del CD Tenerife se traslade a otra ciudad, aunque sea a La Laguna, otra de las polémicas en las que también ha intervenido acaloradamente Bermúdez estas últimas semanas.
Pero hay una parte del discurso de Bermúdez de defensa del monumento a Franco que va más allá de la ideología chicharretista. Hay un punto franquista que afloró en el último pleno de la Corporación, con todas las intervenciones conservacionistas recordando la alegoría a los “25 años de paz”, al requiebro sobre la verdadera motivación de una cuestación popular que tuvo mucho de coacción fascista. “No es un vestigio franquista”, proclamó el alcalde. “No se parece a Franco”, vino a concluir la concejala popular que defendía las tesis del grupo de gobierno, a lo que remataba el portavoz de CC, Díaz-Estébanez coincidiendo con el de Vox en que la obra tiene valor artístico y que allá la administración que decida demolerla.
Es conveniente recordar, llegados a este punto, el pasado franquista de la familia del alcalde Bermúdez Esparza, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1966 por el deseo de su madre de estar junto a la suya en un momento tan importante. Su madre y su padre, los abuelos de Bermúdez, vivían en la Casa del Coño, que viene siendo otro vestigio franquista a resignificar o remover en Las Palmas de Gran Canaria. Porque ese edificio lleva el nombre de José Antonio en homenaje a Primo de Rivera, el líder de la Falange Española. Se trata de un edificio de 12 plantas levantado a finales de los cincuenta y principios de los sesenta para dar vivienda a los beneficiarios del régimen, mayormente miembros del sindicato vertical. Su nombre popular de Casa del Coño le fue dado por la vecindad por ser esa, “¡ya coño!”, la expresión que se pronunciaba al contemplar edificio tan enorme, el más grande entonces de la capital grancanaria.
Bermúdez ha aclarado a este periódico que no nació en ese edificio sino en la cercana Clínica de Santa Catalina y que en la Casa del Coño vivían sus abuelos. Por lo tanto, lo más cerca que podemos llegar en nuestras apreciaciones es que en ese edificio tan emblemático solo vivió los primeros días de su existencia antes de viajar a Santa Cruz de Tenerife junto a su madre.
Los abuelos de Bermúdez tenían derecho a esa casa porque él, Pedro Esparza Martín, fue alcalde de la villa de Agaete poco después de proclamado el nuevo régimen tras el golpe de estado de 1936. Era un joven muy activo que poco después de ser designado por las autoridades franquistas, marchó al frente peninsular a batallar a favor del bando golpista.
Antes, en agosto de 1936 participó en un acto de exaltación franquista que la prensa del momento (en concreto el diario Acción) narraba así: “Con un entusiasmo inenarrable, inspirado y alentado por el elemento fascista, al mando de su Capitán, el Delegado Gubernativo y Alcalde de Agaete, Sr. Esparza Martín, y secundado por el pueblo, se izó ayer la gloriosa bandera española en el Ayuntamiento, Cuartel de Falange, Estación Telegráfica y Casino La Luz” (...) “Los gritos de arriba España grande, Viva España, Viva el General Franco etc. etc. nos ensordecían imaginando vivíamos un mundo nuevo”.
Este alcalde fascista no le hizo mucho caso a su padre, el bisabuelo de José Manuel Bermúdez, Augusto Esparza Arteche, secretario judicial de la villa de Agaete, a cuyo nombre y también como alcalde hay todavía una calle allí, Alcalde Esparza Arteche. Como tampoco el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife hizo caso a su padre cuando le dijo que lo mejor era labrarse un futuro profesional en vez de meterse con 18 años en política. Y desde entonces.