Un experto en corrupción, al frente del PP de Gran Canaria

Que el Partido Popular ha aprendido mucho de la corrupción, de eso no hay duda. Tanto como para saber sortear los casos que le incumben diciendo que son cosas del pasado, de hace tres o cuatro legislaturas, cuando Núñez Feijóo ni siquiera había nacido. Lo que no habíamos confirmado hasta ahora es que haya aprendido tanto como para colocar al frente de una de sus directivas locales a un acreditado experto en corrupción, de esos de seis sentadillas en el banquillo de los acusados, con la Fiscalía pidiendo para él mucha prisión y mucha más inhabilitación… 

Ocurrió este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, en un acto presidido por el secretario general nacional de la formación, Miguel Tellado, un espíritu de moderación y consenso, que se acercó por estas tierras asirocadas a investir presidente de la gestora del PP de Gran Canaria nada menos que al diputado nacional Carlos Sánchez Ojeda. Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria la han llamado, porque ya es sabido que los nombres largos, y a ser posible compuestos y con guiones por medio y tal, dan más apariencia de nobleza, tradición y raigambre.

Había más testigos de excepción en ese fastuoso evento, además de Tellado. Estaba el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, un ser muchas veces indescifrable que sufre en silencio su pacto de gobierno con Fernando Clavijo y que, en ocasiones, va más allá que él y en otras, se retrae, coloca las manos delante de su ombligo en señal de recogimiento, y se hace unas fotos en plan interesantón para que sigamos creyendo que sigue ahí trabajando como un sacrificado e incansable servidor público.

El sábado Domínguez otorgó a Tellado el título de “casi canario” porque “ha venido por aquí más veces que Ángel Víctor Torres de ministro”, lo cual no solo es mentira, sino una adulación tan innecesaria como empalagosa porque Tellado a él lo iba a querer igual sin soltar esa patujada.

Pero en ese acto del hotel Santa Catalina, al que Barceló llama ahora Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, había más personalidades que hicieron grande al PP y que luego lo hundieron en el escándalo.

Por ejemplo, estaba José Manuel Soria, otro gran experto en corrupción, quien con su presencia no solo avalaba el nombramiento de Carlos Sánchez como nuevo jefe de centuria -dicho sea para resumir-, sino que también acudía a relacionarse con las altas esferas del Partido Popular para que no olviden que se sigue dedicando al poder y los negocios desde el mundo de la empresa, después de dejar en 2016 el poder y los negocios desde el mundo de la política por los chingones papeles de Panamá y todo lo que colgó de ellos.

Soria, como ya es sabido, se dedica ahora a asesorar a grandes empresas del más variado pelaje, desde las del mundo de la automoción -verbigracia Volkswagen-, a las que ayudó mucho en la crisis del dieselgate, al de las energías renovables, a las que estuvo a punto de hundir para siempre desde el mismo Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el hachazo que provocó al sector siguiendo “instrucciones de arriba”, según contó a este periódico en una ocasión uno de sus más directos colaboradores.

Soria compartía consejo de ministros con Cristóbal Montoro, es bueno recordarlo siempre, el que ahora está siendo investigado por un juzgado catalán (en Madrid no se atreven a esas cosas) por presuntamente dejar que una empresa suya cobrara unas comisiones por arreglarle unos impuestos a empresas del sector energético que regulaba su colega el canario.

La experiencia corrupta de Carlos Sánchez

Pues bien, a lo que íbamos. Entre Tellado, Domínguez y Soria vinieron a bendecir ante el mundo el mayor ascenso orgánico de un acreditado especialista en corrupción, que se ha sentado más de media docena de veces en el banquillo, que ha resultado absuelto en seis de ellas y condenado solo en una ocasión, precisamente la única vez que el asunto que lo llevó ante un tribunal no estaba directamente relacionado con su desempeño como político.

Es posible que se trate del político español que en más ocasiones ha estado incurso en investigaciones judiciales por casos de corrupción. Al menos la IA, esa de las ratas de Clavijo, no ha detectado otro con más casos, lo cual conduce a pensar que en el PP no consideran posible que Sánchez (Carlos) vuelva a meter la pata una vez más.

A Carlos Sanchez le cogieron la matrícula en un par de ocasiones en el Ministerio Fiscal. La ocasión más escandalosa fue la que protagonizó siendo concejal de Urbanismo en Santa Brígida, cuando se descubrió que había conseguido (con o sin querer) que su propio ayuntamiento dejara de cobrarle los tributos entre 2002 y 2004, en connivencia (eso llegó a decir la acusación) con el entonces concejal de Hacienda y posteriormente alcalde, Antonio Díaz. El fiscal Miguel Pallarés pidió para Sánchez nueve meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público, y para su compañero Díaz, 16 años y medio de prisión y 53 años de inhabilitación para cargo público por hasta ocho delitos diferentes.

Fue absuelto Sánchez porque el tribunal no encontro ninguna prueba que lo relacionara en las instrucciones que Antonio Díaz dio como edil de Hacienda para que se paralizase cualquier cobro ejecutivo contra las personas incluidas en su lista de privilegiados elusionistas, con e de elusión fiscal. La verdad judicial frente a la verdad material.

Algo parecido le pasó al flamante presidente provisional de la Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria con otro asunto que lo llevó al banquillo de los acusados, la concesión de una licencia para construir 27 chalets en una zona de La Atalaya que incluía un pedazo de suelo rústico. Pero tuvo la suerte de que la jueza que lo juzgó junto a dos técnicos municipales apreció que no hubo delito porque había informes que avalaron algunas de las decisiones contra las que un perseverante vecino, cabreado por el estropicio ambiental y urbanístico, luchó hasta el final.

Como concejal de Urbanismo no dejó de tentar a la Justicia. Se le relacionó con el caso Brisan, de facturas falsas en la misma época y en el mismo jacarandoso ayuntamiento, y de él, un juez abrió una pieza separada para investigar el que se llamó el caso del mamotreto de El Monte, un complejo de chalets con su parking subterráneo que aún hoy, veinte años después, sigue dando problemas. Un juez le atribuyó en esa causa prevaricación, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales, pero también resultó absuelto.

Y de remate, cómo no, Sánchez estuvo involucrado en el caso Unión, uno de los mayores escándalos de corrupción de Canarias, localizado en Lanzarote. La famosa Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil le atribuyó un papel fundamental en el intento de uno de los principales encartados en aquella trama, Luis Lleó, de vender al Gobierno de Canarias un inmueble de su propiedad en la Marina de Naos (Arrecife), para que fuera destinado a edificio de usos múltiples. ¿Quién era el receptor de esas gestiones en el Gobierno regional? Pues nada más y nada menos que José Manuel Soria, por entonces consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Ejecutivo.

Las sospechas que recayeron sobre Carlos Sánchez cifraron en 200.000 el importe de la comisión que se llevaría por la operación. Por entonces, año 2008, ya había constituido la sociedad Explotación y Gestión de Inversiones Siglo XXI, dedicada precisamente a eso, al sector inmobiliario. De esa empresa sigue siendo a día de hoy partícipe único, según su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados. 

Pero del caso Unión también se libró.

Ninguno de estos escándalos disuadió al PP de Canarias de la conveniencia de dejar de contar con Carlos Sánchez para la política. Es más, cuando los primeros delitos que se le atribuyeron afloraron, lo hicieron consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria y portavoz de los populares.

Luego, con las aguas más calmadas, lo auparon a diputado nacional, donde ha pasado sin pena ni gloria y donde sigue a día de hoy ocupando escaño.

Hasta que ahora han decidido ponerlo a trabajar para que sea el que levante el PP en Gran Canaria. O lo hunda.