Caso Valka
La Fiscalía pide medidas cautelares para Guerra y Padrón, imputados en el caso Valka
Caso Valka
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes la retirada de pasaporte y la comparecencia ante el juzgado cada 15 días para dos de los imputados del caso Valka, el empresario Felipe Guerra y el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Miguel Ángel Padrón.
El fiscal del caso, Javier Ródenas, ha reclamado al magistrado que investiga esta causa, Rafael Passaro, que se les impongan estas medidas cautelares ante la “contundencia” de los indicios racionales de criminalidad que advierte en ambos, a lo que se ha adherido la letrada del Ayuntamiento, Tatiana Quintana.
La solicitud de estas medidas se ha producido tras la comparecencia de ambos imputados ante el magistrado, si bien los dos se han acogido a su derecho a no declarar, han informado sus letrados a la salida de los juzgados de la capital grancanaria.
Fuentes judiciales han indicado que el magistrado no se ha pronunciado de momento sobre la petición formulada por la Fiscalía y la acusación ejercida por el Ayuntamiento, que supuestamente sufrió un “expolio de 400.000 euros” en esta supuesta trama en la que se “inflaban” las facturas del agua que la empresa de Felipe Guerra vendía a la corporación para el riego de calles y otros usos.
Los hechos que se investigan ocurrieron entre los años 2015 y 2022, sin que los servicios municipales comprobaran si se correspondían o no con la lectura de los contadores.
En esta causa también figura como imputada la exconcejala socialista Inmaculada Medina, que dimitió en este mandato de su cargo como edil de Carnaval, ya que la Fiscalía considera que cuando era responsable municipal de Parques y Jardines convalidó los pagos a sabiendas de las irregularidades que se estaban cometiendo.
Por ese procedimiento, el Ayuntamiento llegó a pagar a Guerra Patrimonial FGG “sobrecostes de más del 70 % respecto a los consumos reales”.
La Fiscalía implica en esa mecánica a otro funcionario, Sergio G.C., que, al igual que Padrón, habría contado con la colaboración de Inmaculada Medina y aprecia la comisión de un delito de malversación de caudales públicos agravado por un perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.
La exconcejala Inmaculada Medina y Sergio G.C. están citados a declarar ante el magistrado el próximo viernes.