Penas de hasta 100 años de cárcel por participar en una protesta ante un centro del ICE en Texas que derivó en un tiroteo

Un exreservista de la Infantería de Marina de EEUU y otras siete personas han sido condenadas este martes a décadas de prisión por una protesta que derivó en un tiroteo en el que resultó herido un agente de policía durante la manifestación en un centro de detención de inmigrantes de Texas, informa AP.

La fiscalía calificó el delito como un acto de terrorismo y afirmó que los ocho estaban vinculados a Antifa, como si fuera una entidad organizada.

Los abogados de los acusados negaron cualquier vínculo con Antifa, y los familiares expresaron su consternación e indignación por las duras condenas.

Benjamin Song, el reservista de la Infantería de Marina condenado por abrir fuego durante la manifestación del 4 de julio frente al Centro de Detención de Prairieland, cerca de Dallas, fue condenado a 100 años de prisión, la pena máxima.

Las otras siete personas condenadas en los tribunales de Fort Worth recibieron penas de prisión entre los 30 y los 70 años.

“Estoy enfadada” afirmó Lydia Koza, cuya esposa, Autumn Hill, fue condenada a 50 años de prisión: “El Gobierno quiere arrebatarle toda su vida por haber asistido a una protesta. No murió nadie”.

El juez federal de distrito Reed O’Connor, uno de los dos jueces que supervisaron el proceso, sostiene que lo ocurrido no fue una protesta, sino “un ataque a la democracia”, informa AP.

Todos menos uno de los ocho acusados condenados este martes han sido declarados culpables de delitos de terrorismo.

“La necesidad de disuadir este tipo de conducta es alta”, afirma O’Connor.

El caso atrajo la atención más allá de Texas, ya que podría tener un impacto en las protestas y en los derechos de libertad de expresión amparados por la Primera Enmienda.

El Departamento de Justicia lo califica como la primera sentencia contra “acusados afiliados a” Antifa, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, firmara el otoño pasado un decreto que la designaba como organización terrorista nacional, a pesar de que no existe como tal y de que no existe un equivalente nacional a la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras.

Antifa no es una organización, sino más bien un término genérico que engloba a grupos militantes que se enfrentan o se resisten a los neonazis y a los supremacistas blancos.

“Las sentencias dictadas hoy dejan claro que los terroristas de Antifa que ataquen a las fuerzas del orden y a las instalaciones federales se enfrentarán a una justicia rápida e intransigente”, afirmó el fiscal general en funciones, Todd Blanche, en un comunicado.

Los fiscales afirmaron durante el juicio que las acciones del grupo, como llevar armas de fuego —para las que tenían licencia—, botiquines de primeros auxilios y chalecos antibalas, eran indicios de intenciones maliciosas.

Los abogados de los acusados han afirmado que no hubo ninguna emboscada planificada y que los manifestantes que llevaron armas de fuego solo lo hicieron para protegerse.

Argumentaron que la concentración se había planeado como una manifestación nocturna con fuegos artificiales para mostrar apoyo a los inmigrantes retenidos en Prairieland antes de que se produjeran los disparos.

Los fiscales han afirmado que Song gritó “a por los rifles” y abrió fuego, alcanzando a un agente de policía que acababa de llegar al centro. Phillip Hayes, el abogado de Song, rechazó las acusaciones de que los manifestantes fueran extremistas y afirmó que su cliente recurrirá la condena de 100 años, informa AP.

“Se trata de un grupo de niños y jóvenes que tienen un gran corazón y que realmente querían que se escuchara su voz”, dijo Hayes: “Nunca se tuvo la intención de que nadie resultara herido. Nunca se tuvo la intención de que se disparara”.

El fiscal Frank Gatto, por su parte, instó al juez a imponer penas severas: “Las personas con ese tipo de creencias extremistas necesitan pasar más tiempo en prisión. Creen que la violencia está justificada”.

Autumn Hill, a su vez, afirmó que la concentración le pareció “más una fiesta que otra cosa”, y que ni ella ni los demás participantes “esperaban ni deseaban que se produjera ningún acto de violencia ni destrucción de la propiedad”. El abogado de Hill, Cody Cofer, explicó al juez que no había pruebas de que ella tuviera un arma, ni de que creyera en la violencia como medio para lograr un cambio, informa AP. Afirmó que, tras el lanzamiento de los fuegos artificiales, ella se mostró tan responsable que se aseguró de recoger la basura que había quedado antes de marcharse.

Chris Tolbert, abogado de la acusada Savanna Batten, ha afirmado que su clienta no llevó ningún arma de fuego, pintura en spray ni fuegos artificiales al centro, ni participó en la planificación de la manifestación.

Tanto Hill como Batten recibieron condenas de 50 años.

Otro manifestante, Daniel Sánchez Estrada, no se encontraba en Prairieland la noche del tiroteo ni participó en la planificación, según afirmó su abogado, Christopher Weinbel.

Sánchez Estrada, que está casado con otra de las acusadas, fue condenado por los cargos de ocultación de documentos.

Weinbel afirmó que su cliente simplemente movió una caja con sus propias pertenencias —obras de arte, poesía, diarios y fanzines— tras el tiroteo. Según Weinbel, nada de lo que había en la caja era ilegal.

Sánchez Estrada fue condenado a 30 años de prisión.

Otros acusados se declararon previamente culpables de prestar apoyo material a terroristas en lugar de llevar su caso a juicio.

Mientras tanto, hace una semana, los fiscales federales imputaron a 15 personas por obstaculizar la campaña de represión migratoria de la Administración Trump en Minnesota.

Afirmaron que los manifestantes eran miembros de Antifa y que conspiraron contra el Gobierno federal para impedir detenciones y deportaciones, levantando barricadas alrededor de edificios gubernamentales y lanzando trozos de hielo contra vehículos federales, entre otras acciones.