¿Simplificación ambiental?: “Cuando un acuífero está contaminado la inspección llega tarde”

La nueva Ley de control ambiental de Cantabria establece una nueva categoría de evaluación ambiental simplificada para proyectos e instalaciones “de escasa relevancia” que ha levantado polémica. Quiere decir que bastará una declaración responsable del promotor en la que se compromete a que cumple con los requisitos. El control, en todo caso, se hará a posteriori.

Ecologistas en Acción ya advirtió en las comparecencias parlamentarias previas a la Ley que “se hace un uso excesivo de la declaración ambiental responsable” y que se hacen caer demasiadas competencias de vigilancia y control en los ayuntamientos “sabiendo que en su mayoría carecen de recursos humanos para realizar tareas de control e inspección de forma eficaz”. También llamó la atención, entre otras cuestiones, sobre las antenas de telefonía móvil, que son competencia municipal y están desplegadas por todo el territorio, y no se incluían “ni siquiera como declaración ambiental responsable”.

“Cuando un acuífero está contaminado o un paisaje ha sido alterado de forma irreversible, la inspección llega tarde”, alerta el diputado socialista Pablo Zuloaga. En ese sentido, denunció que la tendencia del Gobierno de Buruaga ha sido clara desde el principio de la legislatura: menos órganos colegiados, menos controles previos, más declaraciones responsables. “Más confianza en mecanismo de control posteriores”, resume.

Durante el debate parlamentario de la ley, el PSOE acusó al consejero de Medio Ambiente Roberto Media de querer una Comisión de Comprobación Ambiental “debilitada y eliminada”. “Nosotros creemos exactamente lo contrario: que cuando una institución pública necesita mejorar, la solución no es eliminarla, es mejorarla”, explicó.

La Comisión representa algo más que un trámite administrativo -defendió el diputado socialista- “representa la deliberación técnica, la participación de distintas áreas de la administración, la presencia de ayuntamientos y la posibilidad de constrastar criterios antes de adoptar decisiones con impacto sobre el territorio y el medio ambiente”.

En este sentido, advirtió que con la declaración ambiental simplificada se sustituye un órgano colegiado por una simple actuación administrativa, “lo que supone una perdida de garantías”. “La protección medioambiental necesita más protección, más control público y más espacios de deliberación técnica” -ha insistido- “ninguna simplificación administrativa puede justificar la desaparición de mecanismos de control que fortalezcan la protección ambiental”.

Un desarrollo eólico afecta simultáneamente a la biodiversidad, al paisaje, al patrimonio cultural, al territorio, a la actividad económica y a la vida de los municipios y de los pueblos. “¿De verdad alguien en este Parlamento cree que la mejor respuesta sea reducir los espacios donde todas esas visiones puedan encontrarse y debatirse?, inquirió el diputado socialista.

Qué es la 'escasa relevancia'

Una de las polémicas más relevantes es que la ley permite eliminar el trámite previo de la evaluación de impacto ambiental en asuntos calificados como “de escasa relevancia”. En el anexo de la nueva norma se especifica qué es esa nueva categoría de proyectos de 'simplificación ambiental'.

En primer lugar, la categoría de 'escasa relevancia' que elimina el requisito previo del impacto ambiental, alude a las modificaciones puntuales del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), del Plan de Ordenación del Litoral (POL), los planes generales de ordenación urbana y los planes singulares de interés general (PSIR). Se exceptúa todo lo que tenga que ver con turismo, minas, energía, transporte, gestión de recursos hídricos, costas o uso del suelo seguirá necesitando un informe previo de impacto ambiental.

También bastará con una declaración responsable en las modificaciones de Planes Parciales y Especiales contenidos en Planes Generales de Ordenación Urbana que previamente hayan sido sometidos a evaluación ambiental.

La simplificación también libra de permisos medioambientales a los Estudios de Detalle Especiales y sus modificaciones, las Áreas de Desarrollo Rural y sus modificaciones o las Delimitaciones Gráficas de Suelo Urbano y sus modificaciones.

Dentro de estas categorías, el PSOE consiguió aprobar una enmienda que garantiza que las actividades e instalaciones que generen emisiones industriales seguirán necesitando evaluación ambiental previa.