María de los Ángeles se jubiló -forzada por circunstancias personales- en diciembre de 2022, después de más de treinta años de servicio en el Consulado de Marruecos en Canarias. Los dos meses previos a su retiro ejerció como secretaria de la entonces recién llegada cónsul, Fatiha El Kamouri, que le encomendó una única tarea: llevar su agenda. Ya había ocupado ese cargo, en alternancia con otra experimentada agente local (trabajadora consular que se rige por la normativa laboral española), con otros representantes diplomáticos, aunque con facultades más amplias.
En tres décadas de trayectoria, María de los Ángeles se había especializado en la tramitación de expedientes (por ejemplo, para la repatriación de los restos mortales de ciudadanos marroquíes fallecidos en las Islas) y su dedicación y profesionalidad, al igual que la de sus compañeros y compañeras de trabajo en la sede ubicada en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria, había sido reconocida por diferentes cónsules.
Por eso, se siente dolida con el trato que le está dispensando ahora el Consulado de Marruecos, casi tres años después de su jubilación. Y es que la institución sigue sin pagarle los 7.039,63 euros (más el 10% de interés por mora) que le debe desde que, en septiembre del año pasado, una sentencia estimara la demanda que presentó en 2023 en reclamación de cantidades (por antigüedad y por bolsa de vacaciones).
Después de la llegada de El Kamouri, se disparó la conflictividad laboral en la sede consular. Hasta seis agentes locales, entre ellos María de los Ángeles, llevaron al Consulado marroquí a los tribunales por diferentes motivos: una por despido y el resto por reclamación de cantidades, vulneración de derechos fundamentales por modificación sustancial de las condiciones de trabajo e, incluso, por acoso laboral.
Hasta la fecha, la justicia ha dado la razón en todos los procedimientos a los empleados, representados por la abogada Ana Sagaseta. Sin embargo, en al menos tres de esos litigios el Consulado de Marruecos no ha ejecutado las resoluciones firmes de los juzgados pese al tiempo transcurrido. En el caso de María de los Ángeles, catorce meses después de la sentencia sigue sin cobrar un solo euro. En junio, su abogada presentó la demanda de ejecución, instando a la institución a cumplir la sentencia y pagar la deuda, “habiendo transcurrido con creces los plazos establecidos”. No hubo respuesta. La trabajadora ha vuelto a insistir esta pasada semana con un nuevo escrito en los juzgados.
Los agentes locales denuncian que el Consulado, con El Kamouri al frente, está “haciendo caso omiso” a las directivas del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, que estipula que, “en caso de litigio, se seguirá la legislación del país de acreditación”. En este caso, España.
Otras dos sentencias que no acata
El Consulado de Marruecos tampoco ha acatado hasta la fecha dos resoluciones que le obligan a restituir en sus anteriores condiciones de trabajo a otros dos empleados.
Una de ellas se había incorporado en 2020 para ejercer funciones administrativas, primero en el registro civil y, con posterioridad, en la recepción del edificio consular. En septiembre de 2022, cuando El Kamouri aterrizó en las Islas procedente de Euskadi, su anterior destino, acometió multitud de cambios en la organización y esta trabajadora había sido una de las afectadas, al ser trasladada a la tercera planta, al despacho del notario, para hacer labores de inventario de material. Sin embargo, según recoge el relato de hechos probados de una sentencia dictada en diciembre del año pasado, desde ese momento la empleada quedó ubicada “en una mesa vacía, sin ordenador, con un teléfono desenchufado, sin ningún tipo de material de oficina, despojada de funciones”.
La resolución judicial anuló ese cambio de puesto al considerar que la cónsul había vulnerado los derechos de la trabajadora. No había causa económica, técnica, organizativa o de producción que justificara ese traslado. Por tanto, la empresa (el Consulado de Marruecos) tenía que devolver a la administrativa sus antiguas funciones de atención al público, registro consular y pasaporte. En el transcurso de ese proceso, la empleada desistió de la acción indemnizatoria que había solicitado en un principio por daños morales.
Lo cierto es que un año después nada ha cambiado en el escenario laboral de esta trabajadora. En marzo, el juzgado dio un plazo de diez días al Consulado de Marruecos para que cumpliera la sentencia, bajo apercibimiento de multa. A finales de septiembre, los representantes de la entidad fueron citados en sede judicial en el proceso de ejecución de esa resolución, pero tampoco comparecieron. Las fuentes consultadas señalan que la empleada sigue aislada, sin poder comunicarse con sus compañeros y sin trabajo efectivo.
Tampoco ha sido repuesto en sus anteriores condiciones laborales Amir (nombre ficticio para preservar su identidad), un oficial de primera de mantenimiento que desde 2008 y hasta la llegada de la actual cónsul ejercía como responsable de caja, de la actualización de los archivos, de la recepción de la ciudadanía marroquí en el edificio consular y también como enlace con los centros de acogida de menores migrantes.
En septiembre de 2022 El Kamouri convirtió a Amir en su conductor particular con disponibilidad plena. Al principio, le obligaba a quedarse dentro del coche hasta que ella lo requiriese, sin posibilidad de contacto con sus compañeros. Tras sus quejas, lo ubicó en la quinta planta del edificio, donde tampoco podía comunicarse con el resto de trabajadores. La cónsul lo llamaba a deshoras para que le llevase a su domicilio la compra o la comida de algún restaurante o para que fuera a recoger a sus hijas a la escuela y a las actividades extraescolares. Amir tenía que pagar de su bolsillo todos esos gastos y no se les devolvía. Incluso le obligaba a conducir cuando estaba medicado, sin atender su estado de salud.
Todos esos hechos han sido declarados probados en dos sentencias. La primera también fue dictada en diciembre del año pasado y anuló la modificación sustancial de condiciones de trabajo. El Consulado de Marruecos tenía que reponer a Amir en las funciones que venía realizando, en caja, mantenimiento y en el servicio social. No fue así. En febrero de este mismo año, cuando se reincorporó tras una baja médica de larga duración, tuvo que volver a la quinta planta, donde permaneció aislado y sin trabajo efectivo. Así lo corroboran los siete vídeos que el empleado consular aportó a los juzgados para tratar de demostrar el hostigamiento de la cónsul de Marruecos en Canarias hacia su persona.
Un hostigamiento que quedó acreditado en la segunda sentencia, dictada este mismo mes de noviembre y que obliga al Consulado de Marruecos a “cesar el acoso laboral” sobre Amir y a indemnizarlo con 20.000 euros por los daños morales que ha sufrido como consecuencia del “trato denigrante” de la cónsul. La resolución judicial habla de “gritos constantes”, de “amenazas de despido”, de un clima de “miedo y angustia” y de un “claro e indiscutible propósito de amedrentar” al trabajador, que como consecuencia de todas esas vivencias padece un trastorno de estrés postraumático complejo por el que tiene que recibir tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, según detalla un informe pericial.
Al margen de los procedimientos judiciales por los cambios de puestos de trabajo, estos dos empleados consulares también presentaron sendas demandas de reclamación de cantidades. En uno de los casos ya se ha celebrado el juicio y está pendiente de sentencia, mientras que en el segundo (el de Amir), el juicio está señalado para el mes de marzo.
De las demandas de cantidades presentadas por los agentes locales, el Consulado de Marruecos solo ha pagado una, la primera, presentada por la trabajadora que se alternaba con María de los Ángeles en la secretaría de la institución en las Islas. Según las fuentes consultadas, entre las vistas ya celebradas y las pendientes suman una docena.
El Consulado de Marruecos no ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico a través de los cauces oficiales.