Confirmada la condena de 11 años de cárcel por poner una bomba en una casa para cobrar una deuda
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de once años de prisión para el responsable de colocar una bomba casera en una vivienda en Ifara, en Santa Cruz de Tenerife, para cobrar una deuda relacionada con drogas. De esta pena, nueve años se corresponden a tenencia de explosivos y dos a amenazas graves.
Además, se obliga al acusado a pagar 4.200 euros a una aseguradora que cubrió los destrozos causados por el explosivo.
Los hechos tuvieron lugar el 23 de diciembre de 2019, en el exterior de una vivienda en la que se encontraba una mujer con un bebé de 20 meses, cuando, sobre las 22:15 horas fue depositado en la puerta un artefacto por un individuo que llevaba la cara tapada con un paraguas para evitar ser identificado.
En el coche aparcado en el exterior se encontraba el ahora condenado, que huyó poco antes de que explotara el artefacto, que causó daños en el inmueble y riesgo para los otros vecinos.
De forma inmediata se iniciaron las investigaciones policiales, que concluyeron con la detención del procesado, a quien se le atribuye haber actuado de común acuerdo con otra persona a fin de cobrar un dinero que le debía la expareja de la dueña de la vivienda, entonces en prisión.
En la pared apareció una pintada con el texto “paga”, de lo que se derivó la condena de dos años por amenazas cuya gravedad se considera “palmaria” en cuanto que se dejó “clara la consecuencia que habría tenido el no pagar tanto para los supuestos deudores como para los vecinos”, se indica en el fallo.
El recurso ante el Supremo se centró en cuestionar el seguimiento del móvil del acusado que aquel día y a esa franja horaria lo sitúa en el entorno de la vivienda cuando tuvo lugar la explosión, ante lo cual la defensa recuerda que el radio de las antenas es muy amplio e incluía a la propia casa del condenado en El Toscal.
La sentencia da por probada la autoría tras haber oído el testimonio de la dueña de la casa, quien dijo que días antes lo había visto merodeando el exterior de la vivienda en una moto, y por las palabras de su exmarido, quien en su momento lo identificó como autor, aunque en la vista dijo que no recordaba nada.
El acusado conocía la dirección del inmueble porque el marido de la propietaria había trabajado para él en una empresa dedicada a la construcción y lo visitó en varias ocasiones con el fin de llevar a cabo algunas reformas.
El procesado señaló que el exmarido de la mujer estaba enemistado con él y por eso declaró en su contra debido a que le había pedido dinero para pagar una deuda relacionada con el tráfico de drogas y se negó.
La Sala, sin embargo, considera que el ya condenado en firme sabía que la dueña de la vivienda había recibido una cuantiosa herencia de su abuela lo que le permitió comprar la casa y por ello quería que le pagara la deuda de su entonces pareja para garantizar la seguridad de su excompañero en prisión, concluye la sentencia.