11 de noviembre de 2009. Pedro Sanginés, entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, se presentó a las 22.30 horas en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise. El objetivo de su comparecencia esa noche fue denunciar a un empresario de la isla y al que fue en 2007 consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), el socialista Carlos Espino, por supuestas irregularidades en un proceso público de contratación. El dirigente de Coalición Canaria declaró ante la Justicia en dos ocasiones por este caso y reiteró sus acusaciones. La causa se archivó y la tercera vez que Sanginés compareció ante los tribunales fue como imputado por los delitos de denuncia falsa y falso testimonio. Este lunes, el Tribunal Supremo ha ordenado continuar con la causa contra el actual senador, dejándolo a un paso del banquillo.
El auto ha sido emitido por el magistrado del Alto Tribunal Vicente Magro después de que la Fiscalía y la acusación particular, representada por la hija del empresario afectado, recurrieran el archivo del caso. Aunque en un primer momento el Supremo ordenó el archivo, la Sala de lo Penal pidió su reapertura al considerar que el archivo fue “precipitado” y que el análisis de los indicios avalarían “una actuación del aforado investigado, motivada en intereses partidistas, capaz de dar asiento a la inferencia de un conocimiento por su parte de la falsedad o un temerario desprecio de la verdad”. Ahora, el instructor ha dictado auto de procedimiento abreviado contra él y propone que sea juzgado.
El recurso de reforma presentado por el Ministerio Público sostiene que Sanginés orquestó “una actuación falsaria” y de “carácter espurio”. Durante su comparecencia ante la Guardia Civil, el dirigente de CC aseguró que Carlos Espino y el administrador de la empresa Climafrical, Antonio González, se estaban saltando los procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos para “contratar con sujetos afines al mismo”, insistiendo en que el empresario era afiliado del PSOE.
“Fue una denuncia muy extensa respaldada por el partido político al que pertenecía, pero no por la institución a la que representaba”, apuntó la Fiscalía en su recurso. La noche de la denuncia, el expresidente del Cabildo aportó un escrito redactado por el abogado de los Servicios Jurídicos de Coalición Canaria. En esta línea, el Ministerio Fiscal ha cuestionado que el político no presentara ninguna documentación oficial, ni informes jurídicos de la administración, “máxime si el denunciante es el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote”.
Asimismo, el recurso de la Fiscalía recoge una posible relación entre la actuación de Sanginés y la denuncia presentada ese mismo año por Carlos Espino, que destapó la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de imputados y de piezas: el caso Unión. Según este documento, el actual senador habría dirigido “una actuación falsaria” con la finalidad de “perjudicar al señor Espino”.
El empresario Antonio González fue otro de los principales perjudicados por la denuncia de San Ginés. Cuando el caso contra el administrador de Climafrical se archivó, González ya había fallecido. En declaraciones concedidas en 2020 a un medio local, la familia González lamentó que el empresario soportara durante diez años la denominada “condena del banquillo” y la consecuente desaparición de su empresa, liquidada mediante concurso de acreedores.
La versión del senador
Después de que la Sala de lo Penal pidiera la reapertura del caso, el senador de CC lanzó un comunicado en el que aseguraba que no podía ser juzgado por una denuncia “que no puso”. El político negó haber interpuesto la denuncia por la que el Supremo lo investiga y defiende que él se limitó a trasladar a las autoridades lo que ya había sido contado por la presidenta del PP en la isla, Astrid Pérez, como responsable del Consejo de Administración de los Centros Turísticos. En este sentido, Sanginés advirtió en su nota de prensa que la ahora presidenta del Parlamento de Canarias será “la primera testigo” a la que llamará en el juicio.
El expresidente del Cabildo insular también arremetió contra la familia de Antonio González. “Quiero lamentar profundamente que sea la hija de uno de los denunciados, un empresario ya fallecido, quien haya seguido insistiendo en remover esta causa, pero no he sido yo quien eligió volver a ser objeto de titulares en medios de comunicación”, dijo. A lo largo de toda su justificación, Sanginés hace referencia a sí mismo como “testigo” y no como denunciante, y subraya que, respecto a su testimonio, repetirá “las mismas verdades” que asegura haber dicho ante la Guardia Civil, los juzgados y el Supremo.
Otra causa ya archivada
En julio de 2023, Coalición Canaria acordó designar como candidato al Senado por la Comunidad Autónoma a Sanginés. En ese momento, el político estaba siendo investigado por la presunta comisión de hasta seis delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios de su amigo el abogado Ignacio Calatayud y la supuesta apropiación indebida por parte de este letrado de un millón y medio de euros de las empresas públicas Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) y del Consorcio del Agua de Lanzarote.
Cuando Sanginés fue nombrado senador, esta causa fue enviada al Supremo dada su condición de aforado. En abril de 2024, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal devolvió este caso al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, del que es titular el polémico juez Ricardo Fiestras, para que agotara la investigación. Fiestras había elevado al Supremo un escrito para que el Supremo asumiera el caso y decidiera sobre las peticiones de archivo que habían presentado las defensas del senador y de Calatayud. Sin embargo, la Sala de lo Penal reprochó al juez su “falta de exhaustividad” y que no hubiera hecho una valoración jurídica previa sobre los hechos ni haya aportado indicios de la participación del político en los mismos.
El Supremo no asumió la competencia de la causa porque del escrito de Fiestras “no se desprenden indicios suficientes de responsabilidad criminal” contra Sanginés. Por el contrario, el juez instructor se limitó a informar sobre “la existencia de las denuncias formuladas e investigaciones, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos”. “Tal y como está redactada”, indicó el Supremo, no se ofrece “ningún elemento” que avalara la realidad de los hechos denunciados. Entonces, Sanginés ofreció una rueda de prensa en la que daba por hecho que la causa había sido archivada “por falta de indicios” y se declaró “víctima” de una persecución política.
Seis meses después de que el Supremo devolviera la causa al juzgado de Fiestras, el juez la archivó porque la perpetración de los delitos no aparecía debidamente justificada en las actuaciones. Respecto al abogado Ignacio Calatayud, el Juzgado de Instrucción número 4 estableció que no existen indicios suficientes de responsabilidad criminal sobre su contratación ni sobre el cobro de sus honorarios.