La Fundación Siglo XXI está de nuevo en el ojo del huracán por su gestión de los centros de menores migrantes en Canarias. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra esta organización por indicios de malversación de fondos públicos. Según ha adelantado Canarias 7, parte del dinero destinado a la atención de los jóvenes que llegan solos en patera se habría destinado a comidas de los directores de los recursos.
Entre 2019 y 2022, la Consejería de Derechos Sociales adjudicó diferentes contratos a esta organización por la vía de emergencia. El objetivo era hacer frente al repunte de llegadas de niños y adolescentes por la ruta canaria. Entre los centros investigados y gestionados por la ONG están Puerto Bello, en el municipio grancanario de Mogán; Guiniguada y Alcorán, en Las Palmas de Gran Canaria; y Yaiza y La Santa, en Lanzarote. Ahora, la Fiscalía critica la “falta de seguimiento y control” de estos contratos.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias penales previas para investigar el comportamiento de cuatro directivos de esta organización. La Fiscalía ve en sus actuaciones indicios de distintos delitos como falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de fondos públicos.
Entre los directivos investigados está, tal y como ha publicado Canarias 7, María de los Ángeles Barroso. Según este periódico, la investigación de la Policía Nacional detectó que Barroso, que dirigía un centro en Vegueta, pagó con la tarjeta de la organización un tratamiento de belleza de 1.500 euros. También han sido identificados pagos de un total de 1.113 euros en facturas de diferentes restaurantes de la capital.
Canarias Ahora desveló en 2021 las quejas denunciadas por algunos trabajadores en relación al trato que Barroso daba a los menores. La directora, diplomada en Educación Social, ocupaba un alto cargo dentro de Vox Las Palmas. Era secretaria, tesorera y vicesecretaria de organización del partido de extrema derecha. En las pasadas elecciones locales del 28 de mayo se presentó como número 8 en la lista de Unidos por Gran Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Algunos empleados que pasaron por el recurso tildaron de “racistas” algunos comentarios que ella hacía a los niños. Los testimonios recabados por este periódico evidenciaron que los menores no recibían al día todas las comidas. Según ellos, ante las críticas de los empleados, Barroso les respondía que “más hambre pasarían en la patera”. En plena pandemia de COVID-19, a los menores solo se les daba una mascarilla por semana. Si se les rompía, ''se les descontaba de la paga''.
Otro educador que hablaba árabe aseguró que Barroso no lo trataba “como a un igual”. “Lo primero que me preguntó cuando me hizo la entrevista de trabajo fue si yo había venido en patera”, contó. Este entrevistado también denunció la falta de material en el recurso para las clases de español y que a veces tenían que llevar “folios de sus casas”.
Las facturas aportadas por el centro que dirigía Barroso revelaron, según Canarias 7, que el 57% de los ingresos procedentes del Gobierno de Canarias fueron extraídos por Barroso en efectivo. Las diferentes extracciones ascienden a más de 60.000 euros. El dinero dedicado a la atención de los menores también habría sido destinado a pagar estancias en hoteles de lujo, combustible y comidas de los directivos.
Preguntada por esta redacción, la Fundación ha remitido a un comunicado en el que defienden que la ONG ha sido “parte activa y colaboradora” en la investigación de la Fiscalía. “No solo ha respondido a los requerimientos remitidos, sino que ha aportado justificación y soporte documental de todos y cada uno de los gastos que han sido satisfechos con las transferencias que eran realizadas por la Fundación a los directores de los Centros de Menores”. En total, según la organización, han remitido 24.709 páginas de facturas y comprobantes digitalizados.
La ONG reconoce que los directores se han acogido a su derecho a no declarar a la espera de que se examine toda la documentación aportada. Además, la Fundación insiste en que no se está examinando el gasto de 12 millones de euros, sino que la cifra de dinero gastado sin justificar es de 41.760,90 euros.
Desde la Dirección General de Infancia y Familia del Ejecutivo autonómico han respondido a este periódico que están colaborando “totalmente” con la Fiscalía, facilitando documentación. Además, se personará como acusación particular en caso de que persistan dudas sobre el paradero del dinero público entregado a Siglo XXI.
Desde la Consejería defienden que “se hicieron todos los controles e inspecciones necesarios por parte de los técnicos, tanto del servicio de Inspección como de la propia Dirección General, para comprobar que se prestaba el servicio de forma correcta y nunca se encontraron irregularidades”.
Respecto a la adjudicación de contratos de emergencia, el área sostiene que era “la única fórmula que se pudo articular” para la atención de menores no acompañados en ese período. “Canarias solo contaba con 500 plazas para la acogida y tutela de esos menores y durante el periodo de mayor actividad de llegadas se alcanzó la cifra de 3000 menores bajo la responsabilidad del Ejecutivo”. “Todo lo demás, es la entidad Siglo XXI la que debe dar respuesta de las graves acusaciones que pesan sobre ella”, añaden.
Abusos e intimidación en Puerto Bello
La Fundación Siglo XXI ya ha estado en el punto de mira en Canarias en otras ocasiones. En 2022 fueron denunciados abusos sexuales e intimidación dentro del recurso de Puerto Bello, en Mogán. La Fiscalía de Las Palmas presentó una querella contra los responsables del centro por posibles agresiones sufridas por los migrantes en el recurso. La querella fue presentada por posibles delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos delitos leves de lesiones.
Una denuncia anónima fue la raíz del caso. En ella, se advertía de posibles abusos sexuales a menores y casos de explotación sexual y prostitución entre los usuarios y con personas ajenas al recurso. La denuncia también alertó sobre agresiones físicas y psicológicas a los menores. Algo que confirmó la Fiscalía de Las Palmas. “Un menor llegó a coserse la boca ante la intimidación sufrida para que no hablara tras ser golpeado por un auxiliar técnico educativo”, recogió la querella.
Las sospechas de abuso sexual fueron comunicadas por los empleados al director y al subdirector del centro, que hicieron “caso omiso”. Además, cuando los menores eran golpeados no eran trasladados a un centro de salud. Según la denuncia, a la que tuvo acceso este periódico, algunos empleados realizaban “contenciones físicas desproporcionadas”, colocando la rodilla en el cuello de los menores.
También se intimidaba a los jóvenes “realizando golpes violentos contra la pared con un palo de madera, insultos de manera continuada y vejatoria a los menores, haciendo referencia a su origen, edad, apariencia física, higiene y orientación sexual”.