Un hotel de lujo en un espacio protegido de Fuerteventura: el caso Origo Mare se juzgará al fin en verano de 2027
El caso Origo Mare, uno de los capítulos más representativos de urbanismo salvaje en la isla de Fuerteventura, se juzgará al fin en verano de 2027, más de una década después de la apertura de la causa penal y quince años después de que el Ayuntamiento de La Oliva concediera licencia para un hotel de lujo en suelo rústico de especial protección e integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a este periódico, tras varios retrasos el juicio oral se celebrará en tres sesiones los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2027 en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Arrecife (en la sede de Puerto del Rosario). En el banquillo se sentarán nueve acusados. Siete son los miembros de la Junta de Gobierno que aprobó esa licencia, entre los que se encuentra Claudina Morales, alcaldesa del municipio en dos etapas con Coalición Canaria. Los otros dos son un asesor jurídico del Ayuntamiento de La Oliva y el arquitecto técnico.
En el escrito de acusación que formuló en 2021, la Fiscalía les imputa delitos contra la ordenación del territorio y pide penas de tres años y tres meses de cárcel para los políticos (además de una inhabilitación para cargo público durante ocho años); de tres años y seis meses para el asesor jurídico municipal y de tres años y nueve meses para el arquitecto. Los dos técnicos firmaron informes favorables bajo el argumento de que las obras eran “provisionales y desmontables”, obviando la requerida evaluación ambiental.
Cuando se celebre el juicio oral habrán pasado, por tanto, seis años desde que la Fiscalía remitiera su escrito de calificación. En este tiempo se han producido varios retrasos y suspensiones en la causa penal. En un primer momento, la vista quedó señalada para febrero de 2023, pero fue aplazada por una jueza sustituta. Se fijó entonces una segunda fecha: marzo de 2024. Sin embargo, dos días antes del inicio de la vista volvió a suspenderse debido a que el Ministerio Público aportó a última hora un gran volumen de prueba documental que hacía imposible que las defensas pudieran estudiarla a tiempo.
Las partes recurrieron esa suspensión y las actuaciones se remitieron a la Audiencia de Las Palmas, que terminó avalando la decisión del juzgado. El tercer señalamiento se agendó para abril de 2026, pero cuando llegó esa fecha el expediente físico aún se encontraba en la Audiencia, resolviendo el recurso pendiente. Una vez devuelta la causa a los juzgados de lo penal del Puerto del Rosario y ajustada la agenda a la disponibilidad de fechas y la alta carga de trabajo de este órgano, el juicio ha quedado definitivamente fijado para 2027.
El origen del conflicto
El origen del conflicto se remonta a la aprobación del plan parcial Casas de Majanicho en el año 2000. El alcalde de La Oliva era Domingo González Arroyo, apodado El Marqués de las Dunas, un histórico dirigente local que lideró durante años el Partido Popular (PP) en el municipio antes de fundar el Partido Progresista Majorero (PPMajo) y que el pasado junio ingresó en la cárcel a sus 86 años para cumplir una pena de un año y medio por delito de fraude fiscal.
Ese plan parcial fue impugnado por colectivos ecologistas y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo terminó anulando en octubre de 2006. El Ayuntamiento no había publicado las normas subsidiarias que servían de cobertura ni había permitido la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones medioambientales. Esa sentencia remarcaba, además, que la evaluación de impacto era “incompleta, insuficiente y carente de base científica”. La resolución del TSJC fue confirmada por el Supremo en febrero de 2011.
Apenas diez días antes de que el alto tribunal ratificara la anulación del planeamiento urbanístico, la promotora del plan (la sociedad Nombredo S.L.) pidió licencia de construcción y obras y cambio de uso (de residencial a turístico) para adaptar las villas ya existentes a un hotel de cinco estrellas, el Origo Mare que da nombre al caso. En aquel momento se habían construido 374 viviendas y dos edificios que pasaban a ser zona de recepción y restaurantes, cocinas, oficinas…
Las villas que se transformaban en hotel abarcaban una superficie de cerca de 17.500 metros cuadrados. La zona de complementos, unos 2.000. El proyecto contemplaba la construcción de un beach club con varias piscinas y terrazas, un bar, un restaurante, un comedor para el personal, un almacén, un gimnasio y vestuarios. Además, el complejo ocupaba una superficie total de zonas verdes y caminos de cerca de 145.000 metros cuadrados. El presupuesto de las obras ascendía a dos millones de euros.
Los informes favorables de los técnicos
En mayo de 2012 tanto el arquitecto técnico municipal (Gonzalo María Tortajada) como el asesor jurídico (Óscar Darias) emitieron sendos informes favorables a la concesión de la licencia de obras. El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) calificaba ese suelo como rústico de especial protección. Sin embargo, los técnicos entendían que eran terrenos aptos para urbanizar porque así figuraba en las normas subsidiarias de La Oliva, en el planeamiento urbanístico municipal, que admitía las obras provisionales con elementos “fácilmente desmontables”.
No obstante, ninguno de esos informes hizo referencia a la necesidad de evaluación del impacto ambiental pese a que se trataba de un complejo hotelero que se situaba en un terreno colindante y en parte dentro de la Red Natura 2000, la red ecológica de conservación de la biodiversidad. Ese enclave de la costa de Fuerteventura es una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), un área de paso e invernada.
La decisión política
Con esos informes en la mano, la Junta de Gobierno local presidida por Claudina Morales (CC) concedió a la promotora la licencia de obra provisional para adaptar las villas a un hotel de cinco estrellas. Además de la alcaldesa, en esa sesión votaron a favor los concejales Miguel Van Daele, Genaro Saavedra e Iballa Martínez (por CC) y Marcelino Umpiérrez, María Ángeles Figueroa y Francisco Javier Hernández (por el PP).
La Fiscalía sostiene que los acusados permitieron esta actuación “con conocimiento claro y evidente de la ilegalidad” de unas obras que contravenían el planeamiento urbanístico insular, que no admitía un uso turístico en ese suelo rústico.
“En ningún caso se trataba de obras provisionales, sino de la ejecución, partiendo de una serie de viviendas, de un complejo hotelero de gran lujo”, señala el Ministerio Público en su escrito de acusación. En total, el proyecto afectaba a una superficie de más de 250.000 metros cuadrados y exigía actuaciones que suponían “una transformación profunda del entorno”. Entre otras, nuevos edificios y piscinas. “Ni tenían carácter provisional ni podían llevarse a cabo con elementos fácilmente desmontables, omitiendo de forma deliberada y consciente todo posible examen sobre el impacto ambiental que la ejecución del hotel podía suponer al entorno y, en particular, a la Red Natura 2000”, remata el escrito de la Fiscalía.
En 2014 la promotora presentó la declaración responsable de conformidad de la obra ejecutada con el proyecto final. El presupuesto había ascendido a los 3,4 millones de euros. El arquitecto técnico municipal emitió un informe favorable a la primera utilización del edificio al entender que las modificaciones ejecutadas, como la construcción de piscinas no previstas, un campo de golf o la ampliación del beach club, “no afectaban sustancialmente” a la licencia de 2012.
A juicio de la Fiscalía, este técnico tenía “pleno conocimiento” de que las obras ejecutadas “suponían una infracción terminante, clara y manifiesta de la normativa de ordenación del territorio y medio ambiente aplicable”.
El frente europeo
Al margen de esta vía penal, el caso Origo Mare también llegó a Bruselas. A raíz de las denuncias presentadas por colectivos ambientalistas como Agonane- Ecologistas en Acción o SEO/Birdlife, la Comisión Europea abrió en 2017 un procedimiento de infracción contra España por la construcción del complejo turístico en un espacio protegido por la Red Natura 2000.
En su dictamen motivado, la Comisión certificó que las obras de Origo Mare destruyeron más de un millón de metros cuadrados de hábitat de malpaís, 97.000 metros cuadrados de dunas móviles y ocuparon ilegalmente más de 39.000 metros cuadrados de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) Costa del Norte de Fuerteventura, un espacio clave para la supervivencia de especies amenazadas como la hubara canaria.
Ese expediente de infracción reclamaba la adopción de compromisos por parte de las tres administraciones implicadas: el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias. Entre ellas, la ampliación de la red de Zonas de Especial Protección para las Aves, la aprobación de un plan de recuperación de la hubara o la evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización de las Casas de Majanicho.
A principios de 2023, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, entonces en manos del PSOE, aprobó la declaración de impacto ambiental condicionada del proyecto de urbanización Casas de Majanicho y amplió las ZEPA en 2.356 hectáreas, además de proponer la integración de Cueva del Llano (otra localidad del municipio de La Oliva) en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Por su parte, en abril de 2025 la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ya con el Gobierno CC-PP, presentó el plan de recuperación de la hubara. El Ejecutivo regional creó una comisión, con la empresa Gesplan a cargo del seguimiento, para controlar las actuaciones de cada administración implicada. El expediente europeo sigue abierto.
El hotel Origo Mare permaneció abierto hasta el pasado mes de noviembre. La compañía francesa Pierre & Vacances, que explotó durante una década el complejo, ya había anunciado meses antes que dejaría de operar y ofrecería a sus 140 empleados ser reubicados en otros establecimientos de la compañía fuera de Fuerteventura. Por esas viviendas se han interesado diversos operadores e inversores privados para su comercialización directa, a pesar del limbo jurídico en el que queda la urbanización y la sombra de una causa penal en la que, además, la Fiscalía solicita la declaración de nulidad de pleno derecho de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de La Oliva en 2012.