Dos de los tres magistrados que conforman el tribunal que juzga el presunto quebranto de 23,4 millones de euros a Emalsa, Francisco Liñán y Secundino Alemán, y la fiscal del caso, Evangelina Ríos, han secundado la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas legislativas que proyecta el Ministerio de Justicia sobre el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal.
Ante la imposibilidad de constituir el tribunal por la ausencia de dos de sus tres miembros, su presidente, Pedro Herrera, ha comunicado a las partes la suspensión de la quinta sesión del juicio.
Este martes estaba previsto que diera comienzo la prueba pericial, crucial para dirimir si hubo o no quebranto a las arcas de la empresa mixta de aguas por parte de sus socios privados, Saur y Sacyr-Valoriza.
En concreto, tenían que declarar en la sesión de este martes el perito de Análisis Ingenieros, que elaboró dos informes sobre el contrato de saneamiento de la red de alcantarillados, el que, según la fiscal, ocasionó el mayor perjuicio a Emalsa, cuantificado en 11,1 millones de euros.
El primer informe, encargado por el entonces interventor de Emalsa, el funcionario ya fallecido Rafael Bolívar, detectó un incumplimiento del 90% en las obligaciones de Sercanarias, filial de los socios privados y entidad a la que se le había adjudicado ese contrato. El segundo, solicitado por el concejal de Aguas, Martín Muñoz García de la Borbolla, analizó la “puesta a disposición” de medios para la realización de ese contrato y, en ese caso, el porcentaje de cumplimiento fue superior al 90%.
También estaba señalado para la sesión de este martes, la quinta del juicio, la declaración pericial de los autores del informe que los socios privados de Emalsa encargaron a PricewaterhouseCoopers para descartar la existencia del quebranto económico del que se acusa a 15 exdirectivos de Emalsa.
El presidente del tribunal, el magistrado Pedro Herrera, ha explicado a las partes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que “no hay soporte legal” para el derecho a la huelga de jueces y juezas y que, por tanto, no se han establecido unos servicios mínimos, por lo que no ha podido determinar si la suspensión acordada para este martes se prolongará a las sesiones del miércoles y el jueves. “Estén atentos a los medios de comunicación”, ha dicho Herrera, que no secunda la huelga.
Esta huelga de tres días ha sido convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales. Son la Asociación Profesional de la Magistratura (AP;), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). No la secundan Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ni la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
De los magistrados que conforman el tribunal del caso Emalsa, dos pertenecen a Juezas y Jueces Para la Democracia (Liñán, que ha secundado el paro, y Herrera, que no lo ha hecho) y el tercero (Secundino Alemán), a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Evangelina Ríos, por su parte, pertenece a la Asociación de Fiscales.
Los convocantes piden la retirada de dos proyectos, las reformas del sistema de acceso a la carrera judicial y del estatuto del Ministerio Fiscal. El Ministerio de Justicia plantea, entre otros asuntos, la regularización de un millar de jueces y fiscales sustitutos; un nuevo modelo de oposiciones que suprime una de las dos pruebas orales e introduce una prueba escrita y anonimizada que consiste en la resolución de un caso práctico; la creación de un centro público de preparación de oposiciones; límites a las subvenciones a las asociaciones, o que la instrucción de procedimientos penales pase a manos de la Fiscalía.