El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, ha archivado el delito electoral en la causa que investiga, entre otros, a la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio - Ciuca). El juez asume la tesis de la Fiscalía, al considerar sus alegaciones “plenamente acertadas”, y concluye que los hechos que atañen a la presunta trama de compra y tramitación fraudulenta de votos en las elecciones de 2015 están prescritos y que no hay suficiente indicio probatorio para formular acusación por los acontecimientos de 2019.
El sobreseimiento del delito electoral de 2015 es libre (definitivo, por tanto) y el de 2019, provisional. Esta decisión no implica, sin embargo, del archivo de toda la causa. Como recuerda el juez en el auto notificado este jueves a las partes, en julio del año pasado decidió abrir cuatro piezas separadas para investigar, de manera independiente y autónoma, otros tantos hechos presuntamente delictivos hallados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil durante la instrucción. Ese desglose del procedimiento aún no es firme, puesto que lo recurrió uno de los imputados, Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín. El instructor también ha rechazado ese recurso de reforma, pero el investigado aún puede apelar esa decisión ante la Audiencia de Las Palmas. De ser ratificada por el órgano provincial, se remitirán las actuaciones al Decanato para su reparto aleatorio en los juzgados.
Una de esas piezas separadas versa, precisamente, sobre el empresario. Los investigadores sostienen que el gobierno municipal, ya con Bueno como alcaldesa, amañó un proceso de mediación para favorecer los intereses económicos de Oller, al que la policía judicial identifica como financiador de la presunta operación de compra de votos para Ciuca.
Las otras tramas que, a juicio del instructor, merecen una investigación independiente están relacionadas con los complementos salariales otorgados por el gobierno municipal a trabajadores afines a Ciuca; los contratos de servicios veterinarios concedidos en exclusiva a la empresa familiar del actual asesor de Urbanismo de la corporación sureña, y la orden de bloquear el acceso de la Guardia Civil a documentación digital obtenida durante la operación de entrada y registro en las dependencias municipales, en septiembre de 2019.
El archivo del delito electoral fue solicitado por el fiscal Jorge López Tineo después de que el abogado de la alcaldesa de Mogán, el reputado penalista José Antonio Choclán, lo solicitara. El Ministerio Público, en una tesis que ahora comparte el juez instructor, sitúa en el 24 de mayo de 2015, día de celebración de los comicios, el inicio del cómputo del plazo de prescripción y en el 12 de septiembre de 2020 la primera resolución judicial en la que se constata que el procedimiento se dirige contra los investigados (además de Bueno, Mencey Navarro, Tania del Pino Alonso, Salvador Álvarez, José Monzón, Yasmina Suárez, Carmen Lidia Caballero, Marzouk Ghalidi y Luis Oller). Entre ambas fechas habrían transcurrido los cinco años que la legislación establece para determinar la prescripción de los hechos para este tipo de delitos.
En relación con las elecciones de 2019, el fiscal rechazó que se hubiera producido un delito continuado, “habida cuenta del tiempo” transcurrido desde los anteriores comicios. Tampoco consideraba suficientemente incriminatorias las pruebas aportadas por los investigadores de la Guardia Civil, entre ellas una grabación en la que se escuchaba a la alcaldesa de Mogán explicar a un vecino el procedimiento de voto por correo, una de las herramientas de las que, según las pesquisas de la policía judicial, se habría servido la organización para consumar la operación.
Las diligencias por el presunto pucherazo se incoaron un mes antes de las elecciones de 2015. La denuncia partió del entonces alcalde y candidato del PP, Francisco González, que alertó del incremento de las peticiones de voto por correo y centró sus sospechas en Ciuca. El archivo fue inmediato, pero un año después se produjeron nuevas denuncias. Entre ellas, la de Ramón Trujillo, apodado El Perraya, un colaborador arrepentido del partido de Onalia Bueno que detalló a la Guardia Civil cómo se captaban voluntades en esos comicios a vecinos con necesidades económicas a cambio de una cantidad de dinero o de promesas de empleo o vivienda.
Posteriormente fue el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción quien se adhirió aportando dos grabaciones y la denuncia de tres personas. Días después aparecía un nuevo audio que implicaba a la ya entonces alcaldesa. José Monzón, conocido como Pepe El Japonés, aseguraba que había conseguido 383 votos por correo para Ciuca ofreciendo dinero y favores a habitantes del municipio turístico.
En 2019 se reactivó el procedimiento con un informe de la Guardia Civil y la denuncia de la portavoz de Nueva Canarias ante la Delegación del Gobierno de España en Canarias. El juez instructor levantó el secreto de las actuaciones en septiembre de 2020. Bueno y otros concejales del grupo de gobierno fueron detenidos ese mismo mes.