“Es normal en este tipo de concesiones (de servicios públicos). Se da en función de los conocimientos y de la capacidad de aportar mejoras a la gestión”. De esta forma ha defendido José Luis Rubio Díaz de Tudanca, uno de los acusados en el caso Emalsa, las denominadas prestaciones especiales que se repartían los socios privados de la compañía (Saur y Sacyr-Valoriza), a razón de 900.000 euros al año (450.000 cada una).
En un escrito de acusación ya definitivo, tras ratificarlo este miércoles sin modificaciones sustanciales, la Fiscalía cifra en 4,5 millones de euros el perjuicio causado a Emalsa por el cobro de esas prestaciones especiales pactadas entre los socios privados de la compañía mixta encargada del ciclo integral del agua de Las Palmas de Gran Canaria.
En ese escrito, la Fiscalía señala que los pactos reguladores entre socios incluyen dos tipos de prestaciones. Las básicas, por las que Saur y Valoriza percibían cada una el 2% de la facturación anual de Emalsa por el saber hacer (know-how) en el área y la gestión del servicio. Y las especiales, por la que cada una facturaba 450.000 euros al año.
En el procedimiento se discute la justificación de estas segundas prestaciones. Según el Ministerio Público, los socios privados no lograron acreditar la razón por la que se concedían. “Teniendo en cuenta la amplitud de las básicas (por las que se paga la nada despreciable cantidad del 2% de la cifra de negocio), pocas cosas quedan fuera de las mismas”, señala. Tampoco demostró “la necesidad de la prestación”, la “capacitación de los profesionales que la llevaban a cabo”, su valoración económica y, por último, “su realidad”. Esto es, “que efectivamente se haya llevado a cabo”.
A lo largo del juicio, las defensas han sostenido que esas prestaciones especiales retribuyen la “puesta a disposición” de directivos especializados (de Saur y Valoriza-Sacyr) a Emalsa, sus conocimientos y su experiencia y han asegurado que existen informes de auditoría elaborados por Ernst & Young que justifican las labores realizadas.
Sin embargo, los peritos judiciales de Godoy Asesores y Consultores manifestaron que no habían podido determinar cuál era la diferencia entre las prestaciones básicas y las especiales. Por otra parte, el abogado de la acusación que representa al Comité de Empresa de Emalsa alertó con sus preguntas de que esos informes justificativos de Ernst & Young fueron elaborados en 2018. Es decir, años después de su concesión.
José Luis Rubio Díaz de Tudanca
Tres de los siete acusados que declararon este miércoles, en la novena sesión del juicio, aludieron a esas prestaciones especiales. Uno de ellos fue el ya mencionado Rubio Díaz de Tudanca, un ingeniero industrial que fue consejero de Emalsa desde octubre de 2008 hasta noviembre de 2020 en representación del grupo Saur.
Este acusado explicó que el pacto de prestaciones especiales fue elaborado por fiscalistas y abogados y que era una “condición contractual” de la concesión del servicio. Rubio recordó que, al valorar las ofertas para hacerse con la gestión integral del agua en la capital, el Ayuntamiento puntuaba tanto el “saber hacer” de las empresas como la puesta a disposición de personal especializado. Y que esas prestaciones especiales retribuyen “la capacidad de gestión y de aportar mejoras”.
Durante su comparecencia, Rubio se desvinculó de otro de los asuntos que se enjuician, los contratos de Emalsa con Sercanarias, filial de los socios privados. Dijo que no participó en esas adjudicaciones, pero que esos contratos fueron “objeto de discusión, análisis y auditoría” y se concluyó que “no había perjuicio para Emalsa, que los precios eran de mercado”.
También estuvo en el Consejo de Gerencia que formaron los socios privados. El acusado manifestó que se creó porque las relaciones entre Saur y Valoriza atravesaban un momento complicado. Después de un cambio de directivos, “las relaciones se normalizaron y ese documento al final no se utilizó para nada, no fue aplicado”.
Rubio aseguró que no cobró nada de Emalsa, sólo “las dietas por asistencia” al Consejo de Administración, que cifró entre 300 y 400 euros, ni de Sercanarias, de la que también fue consejero.
Pablo Abril-Martorell
Pablo Abril-Martorell, otro de los acusados, fue consejero de Emalsa en representación de Valoriza entre 2006 y 2015. También perteneció al Consejo de Administración de Sercanarias y al Comité de Gerencia de los socios privados.
En su declaración, calificó de “bodrio” el documento que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria firmó el 6 de noviembre de 2008 con los socios privados y que llevaba por título “Pacto regulador de las prestaciones accesorias y de la contraprestación económica a recibir”.
Abril-Martorell explicó había habido un cambio legislativo en materia fiscal (vinculado con el impuesto de sociedades) y “se quiso documentar la exención fiscal” del saber hacer (know-how). Es decir, había que acreditar con “costes materiales y concisos” que esa transferencia de conocimiento “intangible” se estaba realizando para poder acogerse a una deducción.
El exconsejero de Emalsa ha relatado que las prestaciones se pagaban desde hace años, desde que la concesión estaba en manos de Unelco y Saur. “Cuando entró Valoriza, lo único que se hizo fue poner Valoriza donde antes ponía Unelco. Nada más”. Sobre la justificación de esos pagos, defendió que su empresa puso a disposición de Emalsa a cuatro directivos, “técnicos de primer nivel”. “No es solo para saber de qué se habla, sino para estar permanentemente en punta de lanza”, afirmó.
Al igual que Rubio Díaz de Tudanca, Abril-Martorell calificó de “muy malas” las relaciones entre socios antes de la firma del pacto por el que se creó el Comité de Gerencia. Responsabilizó de esos problemas a Gerard Thierry, quien fuera consejero delegado de Emalsa (por Saur), y contó que llegó a pedir su destitución al entonces alcalde Jerónimo Saavedra. Cuando se produjo el cambio de gestores en Saur, el vínculo cambió. “En diez minutos nos entendimos porque hablamos el mismo idioma”.
Abril-Martorell sostuvo que fue él quien propuso en el Consejo de Administración de Emalsa que se realizara una auditoría y planteó que fuera una de las “cuatro grandes”. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió contratar a Auren “a dedo”. “No la dejaron trabajar ni quince o veinte días y se puso la denuncia (en Fiscalía)”. A los meses, esa auditoría dictaminó que los contratos entre Emalsa y Sercanarias y sus precios eran “intachables”. “A Auren no se le dejó acabar. Igual si hubiera habido más tiempo, no estaríamos aquí”, concluyó.
Con respecto a las normas internas de Emalsa, manifestó que eran “las comunes”, “para no comprar una llave inglesa a un pescadero”.
Laura Rivero
La intervención más larga de cuantas tuvieron lugar en esta novena sesión la protagonizó Laura Rivero, que fue directora general de Emalsa (por Valoriza) de mayo de 2010 a noviembre de 2012.
Rivero también atribuyó la creación del Comité de Gerencia al “descontento entre socios”. “Era un foro de reunión imprescindible para la actuación coordinada, pero no se decidía sobre los contratos. El acuerdo no era para controlar, sino que había desconfianza mutua”, dijo.
Sobre las prestaciones de los socios privados, explicó que al principio cada uno de ellos ponía a disposición de Emalsa tres directivos y, con posterioridad, cuatro. Al igual que Abril-Martorell, consideró que la redacción de ese pacto regulador “fue desafortunada”, pero defendió que las prestaciones básicas retribuían el saber hacer y las especiales, la cesión de directivos. “Están claramente diferenciadas”, señaló ante las dudas de la fiscal.
Rivero se mostró especialmente molesta con la acusación de “descontrol interno” en Emalsa. Dijo que las normas de contratación en la compañía de aguas eran “de control presupuestario”, que “existían y se cumplían exhaustivamente”. “Se podía justificar cada una de las facturas”, ha defendido la exdirectora de Emalsa, que ha explicado que esas certificaciones no sólo eran una forma de autorizar el gesto, visada por los técnicos, sino que además eran “imprescindibles para pedir la revisión de las tarifas”.
La acusada apuntó que durante la instrucción se le facilitó “una ingente cantidad de documentación” a los peritos judiciales, que el departamento financiero trabajaba “hasta los fines de semana” y que se entregaron 16 cajas. Rivero ha reprochado a los peritos judiciales de Godoy no haber ido a Emalsa y “hablar directamente con los técnicos” y recordó que los auditores de Auren sí lo hicieron.
Rafael González Bravo de Laguna
Rafael González Bravo de Laguna, director general y luego presidente de Sercanarias, defendió que los contratos entre Emalsa y la filial de los socios privados estaban avalados por los informes encargados a catedráticos, por los asesores jurídicos y por el pleno municipal.
“Para Emalsa era mejor que esos servicios (mantenimiento o transporte de lodos) los prestara Sercanarias. Eran los mismos socios, había un entendimiento mejor, se ahorraban retrasos y eran obras prioritarias para la ciudad”, ha añadido.
Según González Bravo de Laguna, la compañía de aguas nunca se quejó de los servicios prestados por Sercanarias. “Hasta el día de hoy sigue trabajando con ella”, ha dicho.
Sobre el polémico contrato de saneamiento, el acusado considera que hubo un “error de cálculo” de las necesidades de limpieza de la red, pero niega que ello implicase un incumplimiento o irregularidad. “No hubo mala fe”, concluyó el empresario, que al final de su intervención se dirigió a la representante de la Fiscalía. “Me gustaría que el Ministerio Fiscal me dijera algún día por qué estoy acusado, porque todavía no lo sé”.
Juan Miguel Sanjuán
El último acusado en declarar fue Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan y consejero de Emalsa desde 2007 hasta 2014.
Sanjuán manifestó, a preguntas de su abogado (al único al que contestó), que no estuvo presente ni en la reunión en la que se nombró consejero delegado a Gerard Thierry, ni en las tres en que se discutió el contrato de saneamiento o mantenimiento de la red de alcantarillado y la posibilidad de adjudicárselo a Sercanarias, o en cualquiera que tuviera entre sus puntos del orden del día algún asunto vinculado con Satocan.
Con respecto al alquiler de la sede en el Centro Comercial de Las Ramblas, se limitó a confirmar que el acuerdo transaccional por el que se rebajó el precio de los 75.000 a los 60.000 euros mensuales fue homologado en un juzgado y que su constructora presentó un proyecto para adecuar esa sede, pero “no se le encomendó”. Las obras se adjudicaron a una empresa denominada 90 Grados por un millón de euros (500.000 euros por planta).
Sanjuán incidió en que no firmó “ninguno de los 19 contratos” que son objeto del procedimiento que se juzga en la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas.
Antes del empresario, también declararon otros dos acusados vinculados con Satocan, José Julio Artiles y Pedro José Higuera, que afirmaron no haber participado en la negociación del alquiler de la sede en el Centro Comercial Las Ramblas.