El Ayuntamiento retira su acusación en el caso Emalsa por “no quedar acreditado” el perjuicio a las arcas públicas
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han retirado su acusación contra doce exdirectivos y técnicos de los socios privados de Emalsa durante el trámite de conclusiones del juicio.
“A la luz de la prueba practicada no se ha podido acreditar ni cuantificar el perjuicio” a las arcas públicas, “ni siquiera por los peritos judiciales” (de Godoy Auditores y Consultores), ha explicado a la salida de la vista la abogada que ha representado hoy a la corporación local .
Los servicios jurídicos municipales tienen la posibilidad de detallar las razones de esa modificación de sus conclusiones la próxima semana, en el informe final, si así lo estiman.
El Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria ha ejercido la acusación particular en esta causa. En su escrito de calificación, acusaba a doce de los quince procesados. Dejaba fuera a Juan Miguel Sanjuán, José Julio Artiles y Pedro José Higuera, todos ellos vinculados con Satocan, la constructora propietaria del edificio donde se ubica la sede de la compañía mixta de aguas.
En el año 2015, con Juan José Cardona (PP) como alcalde, el Ayuntamiento y Satocan firmaron un acuerdo transaccional (homologado judicialmente) por el que la constructora aceptaba una reducción del precio del alquiler que hasta ese momento pagaba por esa sede (de los 75.000 a los 60.000 euros al mes). A cambio, la administración se comprometía a no ejercer ninguna acción judicial contra la empresa.
Fue el propio Cardona quien presentó en 2012 ante la Fiscalía la denuncia original del caso Emalsa, confeccionada con recortes de prensa. Durante su declaración como testigo en el juicio, el entonces alcalde, ahora en Coalición Canaria (CC), dijo no recordar “de qué fuente bebió” para cuantificar el perjuicio a Emalsa entre ocho y diez millones de euros.
En su escrito de calificación, la acusación particular ejercida por los servicios jurídicos municipales cuantificaban en 11 millones de euros el perjuicio económico a Emalsa (sociedad mixta en la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene el 34% de las participaciones y los socios privados, el 66% restante). Y solicitaba una pena de cuatro años de cárcel para doce procesados: Pablo Abril-Martorell, Laura Rivero Padrón, Gerard Thierry, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, José Manuel Calderero, José Luis Pérez Talavera, Jesús Blanco García, Guy Christian Fournier, Pierre Jose Claude, Oliver Brousse, Rafael González Bravo de Laguna y Alfonso Ignacio López Díaz de Tudanca.
Sin embargo, este miércoles, en la novena sesión del juicio, ha decidido retirar las acusaciones contra todos ellos por considerar que, tras las declaraciones de acusados, testigos y peritos, no ha quedado acreditado que ocasionaran un quebranto a las arcas del Ayuntamiento. Los servicios jurídicos municipales han estado representados en el juicio por varios abogados que apenas han participado durante los interrogatorios.
Fiscal y acusación popular
Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación popular (ejercida por el Comité de Empresa de Emalsa y por la asociación El sol sale para todos) mantienen sus acusaciones, aunque con ligeras variaciones.
La fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, ha introducido dos modificaciones a su escrito. Uno de ellos es una corrección formal en la cuantificación del daño que no altera la suma total: 23,4 millones de euros.
La segunda tiene que ver con el contrato de alquiler de la sede de Emalsa. Así, en consonancia con lo expresado por la acusación popular, añade en sus conclusiones un párrafo que incide en que hasta su traslado a las oficinas situadas en el Centro Comercial Las Ramblas, propiedad de Satocan, Emalsa ocupaba unas oficinas municipales por las que no pagaba ninguna cantidad, ya que era una de los bienes que le cedió el Ayuntamiento como parte del acuerdo de concesión.
En relación con el perjuicio por ese cambio, lo cuantifica en algo más de dos millones de euros (270.000 euros en 2008 y 900.000 en 2009 y 2010), también de acuerdo con los límites marcados por la acusación popular.
La Fiscalía pide en su escrito de calificación dos penas alternativas. La principal, por un delito continuado de apropiación indebida. Para trece de ellos, los directivos de los socios privados de Emalsa y miembros del Consejo de Administración, solicita seis años de cárcel y una multa de 18.000 euros. Para los acusados vinculados con Satocan, por su parte, pide dos años y nueve meses de prisión y 15.000 euros de multa.
El Ministerio Público plantea en ese escrito una pena alternativa. En vez de apropiación indebida, administración desleal. Y ello acarrearía una pena de cuatro años de cárcel y 46 millones de euros para doce acusados (los socios privados y consejeros) y de dos años y nueve meses de cárcel y 46 millones para los vinculados con Satocan.
La fiscal fija en 23 millones de euros la indemnización en concepto de responsabilidad civil. Una cantidad que deberán abonar, en caso de condena, todos los acusados de manera conjunta y solidaria. En el caso de Satocan, sólo por los dos millones en que la Fiscalía fija el perjuicio del contrato de alquiler de la sede.
Por parte del Comité de Empresa, se rebajan las penas solicitadas para los acusados, de los seis a los cuatro años por delito societario. Además, vincula su petición de responsabilidad civil a la que fija la Fiscalía y reclama a los procesados el reintegro de 5,4 millones de euros a Emalsa. La asociación El Sol sale para todos ha elevado a definitivas sus conclusiones y se ha adherido al Comité de Empresa en relación con la responsabilidad civil.
El juicio continuará el martes de la próxima semana con la lectura de los informes finales.
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