Un acusado desvela una llamada del ex director de Emalsa para que contratara a dedo a la filial de sus socios privados

El ingeniero José Luis Pérez Talavera, uno de los quince acusados por el presunto quebranto a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, se ha salido este martes del guion que han mantenido hasta la fecha las defensas. El técnico, que fue director de producción de Emalsa (por parte del socio privado Valoriza) desde febrero de 2006 hasta agosto de 2008, ha contestado las preguntas de todas las partes. Hasta ese momento, el resto de los procesados sólo había respondido a las cuestiones planteadas por sus respectivos abogados, a excepción de uno de ellos, que también se ha expuesto al interrogatorio de la fiscal. “No tengo prisa , llevo quince años esperando”, dijo a un letrado.

Durante su declaración, Pérez Talavera contó cómo se gestó la adjudicación del contrato de transporte de lodos a Sercanarias, la filial de Saur y Valoriza, los socios privados de Emalsa. Según la Fiscalía, ese contrato ocasionó un perjuicio de medio millón a la empresa mixta.

El acusado explicó que en 2007 inició un procedimiento de contratación en el que se presentaron tres ofertas. “Abríamos los sobres, hacíamos los informes propuestas y la gerencia decidía”, explicó. La más económica era la de Urbaser, pero esta empresa desistió porque “se dio cuenta de que había metido la pata” en los cálculos. La segunda, OMS, asumió el servicio. Su precio “también era bajo”. Un año después, según Pérez Talavera, esta subcontrata atravesaba serios problemas económicos. “Estaba en la bancarrota. Emalsa le tenía que pagar hasta la gasolina de los camiones y los gastos del taller. No tenía dinero”, relató.

Cuando decidió “romper el contrato” con esta adjudicataria, Emalsa no recurrió a la tercera empresa que había presentado oferta en ese procedimiento, TML. Pérez Talavera ha desvelado en la sesión de este martes que en aquel momento recibió una llamada de otro de los acusados en esta causa, Gerard Thierry, a la sazón consejero delegado (o director general) de Emalsa, para que se adjudicase ese contrato de transporte de lodos a dedo a Sercanarias “al mismo precio” que facturaba OMS.

“Me presentaron ya el contrato. No vi la oferta”, señaló a preguntas de la fiscal el acusado. “Lógicamente, a mí me extrañó que se pudiera hacer por ese precio, pero ellos aceptaron”, añadió Pérez Talavera, que entendió que esa contratación podía ser beneficiosa para la entidad porque el precio unitario de la oferta de aquella tercera empresa (por viaje desde la depuradora hasta el vertedero) era “diez euros más caro”.

La fiscal Evangelina Ríos le preguntó si no le resultó extraño que se hubiera adjudicado a dedo a una empresa que no se había presentado al concurso. “No soy legalista, ni abogado. Yo venía de trabajar en otras empresas donde el método normal era que se hiciera un concurso público, se presentaran ofertas, se abrieran los sobres y se adjudicaran. Así hice con Emalsa en mi primer y único contrato. Después supe que, al parecer, Emalsa no tenía necesidad de hacer concurso público, que podía adjudicar a dedo”, respondió.

El Ministerio Público sostiene que en ese contrato de lodos, al igual que en otros, Emalsa prescindió de la normativa aplicable y no redactó el pliego de especificaciones técnicas, “por lo que resulta imposible determinar si Sercanarias llevó a cabo el servicio contratado conforme a las condiciones a que estaba sometido”. Otro de los puntos que se discute en este procedimiento es si Emalsa podía adjudicar de forma directa a Sercanarias por ser empresa asociada. Las defensas y las acusaciones discrepan en este punto.

Pérez Talavera explicó que ese contrato de lodos con Sercanarias se empezó a ejecutar el 1 de abril de 2008 y que su relación con Sercanarias duró desde ese día hasta el 9 de ese mismo mes, cuando fue despedido por razones que no ha explicado por ser ajenas al objeto de este procedimiento.

Gerard Thierry

Además de Pérez Talavera, en la sesión de este martes han declarado otros cuatro acusados. Uno de ellos ha sido el propio Gerard Thierry, asistido por un intérprete. El exdirector general de Emalsa contó que estuvo en la compañía desde 2002 y hasta el 20 de marzo de 2009 y que firmó tres de los contratos objetos del procedimiento: el ya mencionado de lodos, el de saneamiento (el que, según la fiscal, ocasionó el mayor perjuicio, 11,1 millones) y el arrendamiento de la sede de la compañía, en un edificio propiedad de Satocan en el centro comercial Las Ramblas.

Con respecto al alquiler de la sede, Thierry explicó que “cada concejal de Aguas” que pasaba por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le preguntaba cuándo iban a “liberar” las oficinas que ocupaban en la Plaza de la Constitución (Obelisco), puesto que se querían destinar a otros servicios municipales. El ex director general de Emalsa explicó que llegó a plantear “construir unas oficinas nuevas” dentro de las instalaciones que la compañía tiene en la zona de Las Brujas. “Había espacio”, justificó Thierry, que se topó con “la negativa” por respuesta.

El ex consejero delegado señaló que visitó “tres o cuatro lugares” en la ciudad para este traslado, pero eran “demasiado pequeños” y no respondían a los requerimientos de “una oficina moderna”. Además, justificó que se alquilaran tres plantas pese a que sólo se usaron dos porque había expectativas de crecimiento.

Guy Christian Fournier

Guy Christian Fournier, otro de los acusados, explicó que siempre trabajó en el grupo Saur como ingeniero hidráulico y que entre 2008 y 2010 fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria como uno de los directivos que este socio privado ponía a disposición de la empresa de aguas para transmitir su saber hacer (know -how). A su cargo estaban “entre 60 y 80 trabajadores”, ha calculado.

Fournier defendió que durante esa etapa se ejecutaron mejoras en la red para reducir fugas, por ejemplo, y que no tuvo nada que ver con la elaboración de los contratos. Su labor se limitaba a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, detectar necesidades del servicio, plantear mejoras, evaluarlas y transmitir esa información a la dirección general.

El control en la ejecución de los contratos correspondía “al personal inspector de Emalsa”, ha aseverado el acusado, que también ha asegurado que a Sercanarias se le trataba “exactamente igual” que al resto de subcontratas y que el servicio de saneamiento “mejoró” cuando lo asumió la filial de los socios privados.

Fournier ha dicho que firmó tres de los contratos controvertidos “de manera ocasional”, en sustitución del apoderado habitual

Alfonso Ignacio López

El ingeniero industrial Alfonso Ignacio López explicó que su labor como director técnico de Sercanarias durante esa época consistía en gestionar los contratos y coordinar los equipos. El también acusado señaló que todos los trabajos se realizaban a demanda de Emalsa y eran visados por técnicos de la empresa mixta. “No se podía facturar sin tener la validación de los técnicos de Emalsa”.

Desde su nombramiento para ese cargo, a mediados de 2008, hasta su salida en 2011 firmó una decena de contratos con poderes mancomunados. En su declaración, López puso de manifiesto que algunas de las personas que firmaron esos contratos no figuran como acusados en esta causa.

Con respecto al contrato de saneamiento, el ex director técnico de Sercanarias ha afirmado que Emalsa carecía de personal para poder asumirlo con medios propios, para lo que hubiera sido necesario subrogar “a 65 operarios”, y que el estado de la red en 2008 era “muy deficitario”. “No ha habido inversión pública en las áreas de saneamiento. Están bastante colmatadas”, ha agregado.

En la causa se dirime si Sercanarias incumplió la obligación de limpiar de manera preventiva 700 kilómetros de la red de alcantarillado. López afirmó que “el 95% de la actividad” correspondía a tareas correctivas, a solucionar averías, y que ello explica la sobrefacturación que la Fiscalía cuantifica como perjuicio.

El acusado recordó que el contrato preveía ampliaciones sobre el precio cerrado para atender esas “situaciones extraordinarias” y que “no era posible” documentarlo, justificarlo por escrito. “Si se está inundando un garaje con aguas fecales, no se puede parar, pedir presupuesto... Hay que actuar”, ha dicho.

Sobre el contrato de transporte de lodos, ha señalado que la modificación del contrato operada en 2011 para incrementar el precio de los viajes se debió al cierre del vertedero de Salto del Negro y el traslado de los fangos al complejo de Juan Grande, en el sur de la isla, mucho más lejos.

Jesús Ángel Blanco

Jesús Ángel Blanco trabajaba para Valoriza y fue director general de Emalsa desde finales de 2008 hasta mediados de 2012. Aunque no formaba parte del Comité de Gerencia que crearon los socios privados, asistía como invitado a sus reuniones, según contó. En aquel momento, las relaciones entre socios “no eran buenas”, pero “fueron mejorando” con el tiempo.

Blanco ha dicho no recordar la normativa interna de Emalsa sobre contratación, pero ha explicado que se realizaba una propuesta por parte de los departamentos correspondientes, se pedían ofertas, se revisaba la disponibilidad presupuestaria y “se negociaba” para intentar ajustar los precios.

Al igual que Fournier, ha dicho que eran los técnicos de Emalsa quienes supervisaban la ejecución de los contratos y que, en ocasiones, dada su naturaleza, “bastaba con el encargo y la facturación”.

También ha defendido que las especificaciones técnicas estaban estipuladas “en las solicitudes internas” y que se comunicaban por “correo electrónico o llamadas, de forma ágil”.

Según explicó, participó en la renegociación del precio del alquiler de la sede de Las Ramblas, que bajó de los 90.000 a los 75.000 euros. Dijo que lo hizo mandatado por el presidente del Consejo de Administración de Emalsa en aquella época, el alcalde de la ciudad, Jerónimo Saavedra, y que ello implicaba un ahorro de 6 millones de euros durante toda la vigencia del contrato (35 años).

También dijo que impulsó un proyecto de adecuación de las instalaciones, “más austero”, para reducir las necesidades iniciales, de tres a dos plantas.