Siete testigos han comparecido este miércoles en la segunda sesión de la vista que juzga a los quince acusados del presunto quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria entre 2008 y 2012. Entre ellos, declararon cuatro empleados públicos que formaron parte del grupo técnico que se constituyó en el mandato 2011-2015 para revisar los contratos de la sociedad, participada entonces en un 66% por dos socios privados (Saur y Sacyr-Valoriza) y en un 34% por el Ayuntamiento capitalino.
José Jiménez, gerente de la Agencia Local de Energía en aquel mandato, explicó que en la ciudad se consumían entonces unos 70.000 metros cúbicos de agua al día. “La contamina y la devuelve contaminada”, precisó de inmediato. Sin embargo, Emalsa “sólo depuraba el 20%”. Del resto, “la mayoría se tiraba al mar junto a los lodos”, con el consecuente “perjuicio para la ciudadanía”, que es quien paga este servicio a través del abono de una tasa, “y para el medio ambiente”.
Las defensas han deslizado que eso se debía a una rotura en la estación que bombeaba el agua hasta la depuradora de Barranco Seco y a los impagos del Ayuntamiento a Emalsa, que impedían arreglarla. Además, sostienen que el agua no depurada se destinaba a la agricultura y al campo de golf de Bandama.
En respuesta a estas aseveraciones, Jiménez afirmó que es cierto que una parte del agua se distribuía entre los agricultores a través del Consejo Insular de Aguas después de pasar por la planta de ósmosis inversa y que también “unos 2.000 metros cúbicos” servían para regar el campo de golf. Sin embargo, “una gran parte” del agua contaminada, “casi el 60%”, se vertía al mar, dijo el testigo.
Jiménez explicó que el objetivo del llamado “grupo de reflexión” que encabezaba el ya fallecido Rafael Bolívar era tratar de determinar si el ciclo integral del agua se estaba gestionando “de acuerdo a lo razonable y al buen fin que se perseguía” cuando se semiprivatizó en 1992. Después, ese grupo se convirtió en el de “supervisión” para profundizar en las relaciones con Emalsa y el proceso concluyó con la intervención de la empresa mixta.
“El tiempo nos ha dado la razón”, ha dicho el exgerente de la Agencia Local de Energía respecto a las irregularidades advertidas en los cinco informes elaborados por ese grupo. Jiménez aludíó al contrato de saneamiento de la red de alcantarillado, adjudicado en 2008 a Sercanarias, filial de los socios privados. Ese contrato “fijaba un máximo anual”, la empresa concesionaria dividía esa cantidad entre 12 y facturaba mes a mes al Ayuntamiento. El testigo explicó que Bolívar pidió a Emalsa que justificara la realización de esos trabajos y que, al no hacerlo, el Ayuntamiento dejó de pagar entre 2011 y 2016. “No se estaba limpiando, era un peligro enorme”, ha aseverado.
También ha afirmado que otras instalaciones, como las galerías de servicio, estaban “impracticables” y que “nunca se llegó a poner en marcha” una planta de biometanización para transformar los lodos, por los que estos “también se vertían al mar”.
Los informes de KPMG
En las dos primeras sesiones del juicio se ha mencionado de forma reiterada los informes que elaboraron la auditora KPMG y la empresa Análisis Ingenieros en el marco de las actuaciones fiscalizadoras sobre la actividad de Emalsa durante el mandato 2011-2015. Jiménez señaló que el interventor Rafael Bolívar no quedó satisfecho con el informe de KPMG (que concluía que no había quebranto a Emalsa) porque “pasaba de puntillas sobre el objeto del informe”.
“Respondió a cosas muy distintas (a las que se había solicitado). No nos sirvió de nada, todo lo contratrio. Nos confundió. Los primeros días pensábamos que los equivocados éramos nosotros”, dijo. Sin embargo, después de analizar el escenario “con los datos en la mano”, comprobaron que los socios privados de Emalsa “no habían cumplido”. “Era constatable que no se depuraba el 100% del agua”, que “no se mantenía”, “no se reutilizaba” o que las desaladoras “estaban en mal estado”.
A través de sus preguntas, la fiscal Evangelina Ríos ha deslizado que esa consultora simultaneó ese trabajo para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (que le pagó 94.000 euros por ello) con otro para la elaboración de un dictamen para los socios privados de Emalsa por un importe de 240.000 euros.
Según Jiménez, el equipo técnico se topó con la resistencia de Emalsa a la hora de aportar la información solicitada y también con un marco contractual débil que les impedía, por ejemplo, sancionar a la empresa.
Quebranto de entre 8 y 10 millones
El exgerente de la Agencia de Energía también respondió a una de las preguntas que quedaron sin respuesta en la jornada inaugural del juicio, a la razon por la que el exalcalde Juan José Cardona cuantificó “entre ocho y diez millones de euros” el quebranto que los socios privados habrían ocasionado a la empresa mixta. “Estaría en la tabla Excel que hizo Rafael (Bolívar). Era un número fácil de detectar”. Se trataba de multiplicar el importe de las actuaciones que Sercanarias estaba obligada a hacer y no hizo por los años en que se prolongaron esos incumplimientos.
José Matías Ramos, otro de los funcionarios (ya jubilado) que conformaron ese grupo técnico previo a la intervención, ratificó “hoy más que nunca” todas las conclusiones de sus informes. ¿Por qué más que nunca?, le preguntaron las acusaciones. “Porque no se ha hecho nada para mejorarlo”, contestó este exempleado público.
Ramos también contó que durante el mandato de Jerónimo Saavedra (2007-2011) dejó sobre la mesa un expediente para actualizar la tarifa del agua en la ciudad porque “no vio claro” el informe de Emalsa respecto a cuestiones como las obras de mantenimiento o el estado de los depósitos. “No estaba dentro de los parámetros que manejaba. No me negaba a aprobar ese trámite, pero siempre que una persona competente me justificara que estaba dentro de los cánones”, ha añadido.
Fernando Hernández León, por su parte, colaboró con Bolívar “en un segundo plano”. En su intervención, destacó que el marco jurídico de los contratos de Emalsa era “muy débil” y que era “muy difícil obtener información fiable” de la empresa. “No había documentación ni conclusiones claras ni voluntad de Emalsa para crear un marco jurídico y un contrato-programa”, manifestó este trabajador. Por ello, entiende que era “muy difícil calcular el perjuicio”.
El último miembro del “grupo de reflexión” en declarar fue Antonio Ramón Balmaseda, actual jefe de servicios de tributos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y responsable de los servicios jurídicos municipales en el momento de los hechos.
Este testigo sostiene que los contratos que Emalsa adjudicó a Sercanarias, filial de sus socios privados, fueron “irregulares”. En primer lugar, porque no hubo proceso de licitación (ni se convocó concurso ni se pidió ofertas a otras empresas) y, por tanto, “no se respetó el principio de libre concurrencia”. Y, por otro, porque entiende, en contra de la opinión que manifestó un catedrático en un informe encargado por Emalsa, que tampoco se podía acoger a las excepciones previstas en la norma.
Según Balmaseda, Emalsa podía haber contratado a Sercanarias siempre que esta empresa estuviera participada por todos sus socios. Es decir, no sólo por Saur y Sacyr-Valoriza, sino también por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Con respecto a la razón de por qué el Ayuntamiento no incoó un expediente sancionador a la empresa por incumplimientos, Balmaseda se apartó de las manifestaciones realizadas por sus compañeros, que lo atribuyeron a la imposibilidad de hacerlo por ese “débil marco contractual” y la inexistencia de referencia alguna a este tipo de procedimientos en los pliegos, y dijo que “en el ánimo de la corporación no estaba hacer un daño reputacional” a Emalsa.
José Miguel Bravo de Laguna
En la parte final de la segunda sesión testificó también el expresidente del Cabildo de Gran Canaria José Miguel Bravo de Laguna, que entre los años 2008 y 2011 fue secretario de los consejos de administración tanto de Emalsa como de Sercanarias. En 2009 era, además, socio-director en Canarias de Gómez Acebo-Pombo, el despacho al que se le encargó el aludido informe sobre la legalidad de la contratación de Sercanarias por parte de Emalsa.
“Emalsa tenía un informe interno diciendo que sí podía, pero (Jerónimo Saavedra) prefería un informe externo. Lo hicieron dos catedráticos de Derecho Administrativo en Madrid, eso no pasó por Canarias. Y coindicieron con Emalsa”, afirmó. En concreto, sostenía que esa contratación era posible si el 80% del negocio de esa empresa (Sercanarias) procedía de la contratación por parte de la matriz (Emalsa).
Bravo de Laguna relató además que ninguna de las decisiones adoptadas durante esos años en el consejo de administración de Emalsa fueron impugnadas. Sí recordó que los cuatro representantes del Ayuntamiento votaron en contra del contrato de saneamiento con Sercanarias (firmado en 2008), pero dijo que no era porque cuestionaran su legalidad, sino por “una cuestión política”, porque preferían que fuera por concurso.
También testificó Elena Bravo de Laguna, hija de José Miguel, a quien sustituyó en la secretaría de esos consejos de administración. En su comparecencia explicó que Sercanarias ha cambiado de accionariado (ahora pertenece a Emalsa) y de nombre (Emalsa Operaciones).
El último testigo previsto para la sesión de este miércoles era un trabajador de Satocan que dijo no recordar un contrato de compraventa sobre las participaciones sociales de esa empresa en relación con el alquiler de la sede del Centro Comercial Las Ramblas.
El juicio continúa este jueves con la declaración de más testigos. En el banquillo se sientan quince acusados para quienes se piden penas de hasta seis años de cárcel por el delito de apropiación indebida o, de forma alternativa, de administración desleal.